El exconcejal a cargo de la intendencia de Guaymallén, Luis Lobos, fue condenado en un juicio abreviado en la causa por enriquecimiento ilícito y administración fraudulenta durante su paso en cargos ejecutivos, como también cuando fue empleado estatal en la comuna. El exdirigente peronista se declaró culpable y recibió 8 años de prisión en total, más inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos y una multa económica.
El veredicto es el resultado de un acuerdo de la defensa del ex dirigente peronista con la Fiscalía. La condena es de 6 años por los delitos de enriquecimiento ilícito y administración fraudulenta. Al estar cumpliendo una pena de 4 años y medio, quedará en 8 años e e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos.
“Lo que tienen que agradecerle a Luis Lobos todos, todo el sistema, son los códigos de Luis Lobos. Nada más”, fueron las únicas palabras del ex intendente.
Javier Pascua, a cargo de la Fiscalía de Delitos Económicos e Informáticos, destacó que el caso del ex jefe comunal peronista “forma parte de la historia de la justicia, no sólo por la pena sino por la resolución y la posibilidad de tratar de recuperar los bienes, que son necesarios”.
“La condena son seis años de prisión, en total son 8 años de prisión, independientemente de las libertades condicionales a futuro. Se establece la confiscación de bienes para que se ejecuten y luego puedan ser cobrados parte o el total de lo que ha sustraído, porque ya es un criminal confeso”, agregó el funcionario judicial.
Armando Chalabe, apoderado de la Municipalidad de Guaymallén y abogado de Lorena Meschini, actual directora de Economía Social y Asociatividad que se sumó como querellante en 2015expresó que “no vamos a arribar a un desacuerdo, pero si unas puntualizaciones. El escenario ideal hubiera sido un debate oral y público”.
“Es muy positivo que Lobos reconozca que fue participe de gravísimos hechos de corrupción y que en su corolario de enriquecimiento, hubo empobrecimiento. Estos actos no pueden quedar impunes y socavan la democracia. Lobos se hace cargo y dice ‘yo soy corrupto’”, agregó el letrado. Aunque consideró que “la prisión es escueta y se podría haber llegado a una condena superior, pero es una de las condiciones del juicio abreviado”.
Meschini, por su parte, recordó que ha esperado “durante 8 años, desde que se inició la denuncia” y consideró que “en Mendoza la justicia existe y el señor Lobos irá preso por corrupción. Es un día histórico para nuestra provincia y nuestro país”.
Segunda condena
Esta es la segunda condena contra Lobos. A la investigación que realizó la fiscal Susana Muscianisi por irregularidades en el alquiler de una planta de asfalto (Wanka SA), más el enriquecimiento ilícito (que son las causas que se juzgan actualmente); se suma pena que tuvo el guaymallino en mayo del 2019 por 4 años y medio de prisión, también por administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública. Es por la contratación, también irregular, de dos personas en la comuna de Guaymallén, Laura Fara y su hijo Pablo Müller, quienes nunca cumplieron tareas en la municipalidad, sino que se desempeñaron en la casa de la madre de Sgró con tareas domésticas, en momentos en los que Lobos estaba a cargo de la intendencia. En esa causa también fue condenada también Sgró, a 3 años y 4 meses de cárcel.
Los bienes por los que pagará multa
Según la acusación de la fiscal Muscianisi, Lobos no pudo demostrar un aumento en su patrimonio de $3.923.099 (valores de ese momento) entre bienes muebles e inmuebles entre el 2003 y el 2015.
Entre los bienes de Luis Lobos, se detallan: 50% de una Pickup Amarok por un valor de $3.349.330; 50% de un Peugoet 208: $2.759.871 y el 50% de un cuatriciclo marca Can-Am por $2.129.722 entre los rodados. También cuenta con el 100% de un terreno, por $1.075.617 y el mismo porcentaje de una construcción por $147.500.700 le dan a Lobos, bienes por $156.320.242.
El acuerdo al que llegó obliga a que se haga cargo de una multa por el 50% de esos bienes. Ofrece dos vehículos: una camioneta VW Amarok y un Peugeot 308. Asimismo queda puesta su participación accionaria en una empresa que no tiene actividad vigente desde hace años, pero por la cual se había adquirido un lote en el barrio Sol Andino.
En lo que refiere a la pena de decomiso de los efectos del delito, consiste en la suma actualizada al 30/11/22 de acuerdo a los informes de los peritos que asciende a la suma de más de $147 millones, solicitando que ese valor tiene que ser ajustado cuando la sentencia adquiera la firmeza y deberá ser abonada a los 10 días hábiles de la misma.
También renuncia a los recursos de queja ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación y la Suprema Corte de Mendoza sobre la extinción de dominio. Va a solicitar al Tribunal una compulsa por el origen de los vehículos ofrecidos. También se va a requerir información sobre el lote y la empresa de la cual era accionista
