Mendoza cerró el año 2024 de manera “tranquila” en términos judiciales. Con la renuncia del ministro de la Suprema Corte Pedro Llorente, el gobernador Alfredo Cornejo encontró rápidamente el nombre para cubrir la vacante, con el ingreso de la jueza laboralista Norma Llatser, que no tuvo problemas en el debate político y posterior votación y asumirá el puesto en el máximo tribunal el 1 de marzo.
Pero la tranquilidad también se evidencia en la casi nula actividad de la comisión del Jury de Enjuiciamiento, organismo especial, colectivo y plurisectorial orientado a investigar la conducta de los funcionarios judiciales y jueces de instancias inferiores.
Como prueba está el dato que solamente hubo cuatro convocatorias en 2024 para reuniones de comisión; mientras que en 2023 sólo se reunieron una vez en todo el año.
El caso más resonante del año en términos judiciales fue sin dudas la destitución de manera unánime de la jueza de Familia de Las Heras, María Elizabeth Lizán, el 29 de abril, por “inhabilidad psicofísica”, que había sido impulsada por el propio presidente de la Corte, Dalmiro Garay, en 2022.
Pero en términos políticos, causó revuelo un pedido de jury de parte de la diputada suspendida Janina Ortíz contra los fiscales Gonzalo Nazar (fallecido en diciembre) y Alejandro Iturbide por presuntas “actuaciones deficientes de los fiscales y apartadas de la objetividad” en su contra. Las dos denuncias fueron archivadas por unanimidad en marzo.
También se archivó en noviembre un pedido de destitución por parte del senador provincial del Partido Demócrata, Armando Magistretti, a la cúpula del Tribunal de Cuentas (presidente y los cuatro vocales), por supuesto mal desempeño en sus funciones al resolver una causa entre la comuna de San Rafael y una empresa constructora. No obstante, el pleno de la comisión decidió descartar la denuncia, con un solo voto a favor de seguir la investigación, que provino de La Unión Mendocina (LUM).
Debate abierto
Al margen de los datos duros, hay un debate abierto sobre si la cantidad de convocatorias de la comisión del Jury de Enjuiciamiento puede dar muestras cabales o no de una posible mejoría en la Justicia o al menos de un buen accionar de los magistrados.
Parte de la Justicia entiende que “no hay una relación directa” entre baja cantidad de denuncias a los magistrados y la buena administración de Justicia. Pero desde el Gobierno son más optimistas respecto de esta situación, más allá que también entienden que es difícil “forzar” o realizar un análisis lineal entre estos puntos.
En tanto, dirigentes de la oposición entienden no sólo que los magistrados no están realizando en general su trabajo tal cual “deberían”, sino que incluso consideran que muchos no hacen denuncias ya sea por desconocimiento, o por “apatía” respecto a lo que podría ocurrir a futuro.
Para el oficialismo, de igual forma hay dos cuestiones que se desprenden de la baja en análisis de denuncias a magistrados o pliegos votados a través del Senado (casos como el titular de Irrigación, el fiscal de Estado o el Tribunal de Cuentas, entre otros).
Por un lado, defienden todo el proceso de selección de magistrados, comandados en primera instancia por el Consejo de la Magistratura, aunque también en las elecciones que han habido en los últimos años. “La poca cantidad de denuncias por irregularidades o mal desempeño habla bien en parte del proceso de selección de magistrados. Da la pauta que están cumpliendo bien con su trabajo”, aseguraron.
De hecho, hacen referencia también a que los magistrados que han estado bajo la mira del Jury, provienen de hace varios años atrás, como ha sido la mencionada exjueza Lizán, o el exjuez laboral Antonio Sánchez Rey, destituido por mal desempeño de sus funciones y desorden de conducta en 2020.
En el oficialismo también suman a ese lote al juez Eduardo Martearena, cuyo pedido de jury de enjuiciamiento fue propuesto por el diputado Enrique Thomas, pero la denuncia fue archivada “gracias a los votos de la corporación judicial y el peronismo”.
En efecto, los siete ministros de la Corte se abroquelaron a favor del magistrado, quien también recibió el apoyo de los legisladores del peronismo y uno de LUM; en desmedro del radicalismo, que votó a favor del inicio de la investigación de la comisión del jury a Martearena.
En tanto, en términos políticos, en el radicalismo expresan que lo que también marcan estos datos de las pocas reuniones es que “no es cierto lo que se dice que se manejan los organismos de control desde el cornejismo, porque hay fallos que no han sido favorables a lo que pregonamos desde el Gobierno y eso no implica que se haya desembocado en una solicitud de jury”, indicaron.
De hecho, manifestaron como ejemplo el caso del juez Sebastián Sarmiento, a quien “posiblemente podría habérsele iniciado un proceso de Jury tras haber liberado a un preso que terminó asesinando a una persona, pero no ocurrió. Si bien es debatible, da la pauta de que este instituto se utiliza para los casos que verdaderamente tengan que pasar por el proceso tras un posible desorden de conducta o delitos en el cumplimiento de las funciones como magistrado”, argumentaron.
“Esta es la tendencia. Apelamos a que haya cada vez mejores magistrados y no utilizar la comisión políticamente”, agregaron.
Uno de los miembros de la Corte, señaló a Los Andes que el análisis del Jury “es complejo” y aseguró que en muchos casos hubo -o hay- “denuncias por cuestiones políticas o para disciplinar”, y expresó que esto ocurría en mayor cantidad de casos antes de la reforma de 2016. “Cuando un abogado se quería sacar a un juez de encima en una causa hacía un jury”, lo que provocaba que, en ciertos casos, el juez “se apartara”.
“Ya denuncias para recusar a un juez es raro encontrarlas, pero no hay una relación directa entre la cantidad de denuncias y aceptaciones de los mismos”, indicó
Desde el PJ, Germán Gómez, diputado miembro de la comisión del Jury, opinó que no se puede comparar la cantidad de encuentros del jury con una mejor “calidad” en la Justicia. “Problemas en la Justicia hay en cuanto a la funcionalidad y requerimientos de cualquier ciudadano, mientras que las causas que llegan al Jury tienen que reunir ciertas características”.
Además, sostuvo que no cree que haya bajado la cantidad de hechos a denunciar. “Lo que ha bajado es la voluntad de la gente de hacer las denuncias, esa es la realidad. Esto no implica que la Justicia esté funcionando mejor, todo lo contrario, si hablás con la gente que concurre a diario a Tribunales, en los distintos juzgados y las distintas instituciones, hay una queja permanente”, especificó.
Desde LUM, Jorge Difonso indicó que para él no hay relación entre la actividad del jury y una mejoría judicial. “Creo que hay algo de apatía a la hora de denunciar y también de desconocimiento de la ciudadanía de que existe esta posibilidad”, opinó.
Comisión del Jury
La comisión está conformada por 21 miembros, de los cuales están los siete ministros de la Suprema Corte, siete senadores provinciales y otros siete diputados provinciales (con sus respectivos legisladores suplentes).
En la última conformación, lógicamente hubo mayoría oficialista, ya que los puestos se reparten proporcionalmente en función de la representación en la Cámara Baja y Alta de la Legislatura Provincial. De hecho, hay cinco diputados y cuatro senadores oficialistas. El resto lo completa la oposición: de los diputados, uno es de LUM y el otro es del PJ; mientras que en el Senado hay dos del PJ y uno de LUM.
En 2024, hubo cuatro convocatorias a la comisión del Jury:
- 14 de marzo: se trataron 4 denuncias (entre ellas las de Martearena, Nazar e Iturbide) y fueron desestimadas
- 29 de abril: destituyeron a María Elizabeth Lizán.
- 23 de mayo: argumentos de la destitución de Lizán y una denuncia desestimada
- 14 de noviembre: tres denuncias desestimadas (a una jueza de Familia del Valle de Uco, a un juez de San Martín y al presidente y vocales del Tribunal de Cuentas)
