Una vez más la Corte será la que decida sobre las aguas del Atuel en el conflicto entre Mendoza y La Pampa. En julio, la justicia determinó que el río tiene que llevar un caudal mínimo permanente de 3,2 m3/s y dio un plazo de 90 días para que las dos provincias y la Nación acordaran un plan de acciones y obras.
El 10 de diciembre se cumplió el plazo, pero fue prorrogado al 14 por la Justicia teniendo en cuenta los días feriados y la pandemia. Después las tres jurisdicciones pidieron un nuevo aplazamiento hasta el 18 de diciembre.
A lo largo de los tres meses hubo reuniones y mucho trabajo técnico en los tres sectores pero no pudieron arribar a un acuerdo. Es más, el viernes pasado cada jurisdicción ingresó sus propuestas con los estudios y análisis pertinentes para fundamentar su postura y no lograron llegar a un plan de trabajo común. Por lo tanto, ahora será la Corte la que decidirá cómo será el proceso para que Mendoza entregue un caudal permanente de agua a La Pampa. Aunque no se sabe con exactitud la fecha del fallo esperan que sea en los próximos meses porque el resto de los plazos se ha ido cumpliendo con cierta regularidad.
En síntesis, Mendoza ofrece hacer obras (pozos e impermeabilizar parte del cauce) y La Pampa constituir un organismo que maneje la cuenca, propone hacer un monitoreo ambiental y dictar nuevas normas de manejo de los embalses.
Por su parte, la Nación también se inclina por armar el organismo y se compromete a poner 700 millones de pesos para hacer obras.
“Por el cambio climático no se puede predecir el caudal del Atuel”
Mientras el gobernador Rodolfo Suárez financia estudios para el trasvase de aguas al Atuel, el ministro de Infraestructura Mario Isgró fue el encargado de defender el plan mendocino para garantizar un caudal permanente a los pampeanos.
“Presentamos una carpeta de 600 páginas. Fueron tres meses de mucho trabajo. Hicimos un estudio de hidráulica donde mencionamos las obras necesarias para que llegue a La Pampa el caudal que la Corte sugirió”, dijo Isgró.
“También explicamos que más allá de las obras hay una situación de cambio climático donde no se puede predecir el caudal a entregar. Marcamos los meses donde les entregamos agua. Ahora será la Corte la que se expida sobre las obras y acciones”, agregó.
Mendoza llevó un plan similar al que se conocía basado principalmente en obras: 28 pozos en la cuenca del río para bombear agua al cauce y tareas de impermeabilización en los 160 kilómetros de río que van desde Carmensa (General Alvear) -hasta donde llega el canal marginal del Atuel- hasta el límite con La Pampa utilizando membranas o rectificando curvas.
Hay un solo punto que el Gobierno de Mendoza no está dispuesto a negociar por orden de Suárez: el agua para los regantes. “Hay que equilibrar la necesidad de regar las zonas agrícolas y la recuperación ambiental que exige La Pampa, porque ellos no quieren el agua para cultivar”, remarcó Isgró.
Además, el funcionario de Suárez mantiene la esperanza de llegar a un acuerdo siempre y cuando “nos apoyemos en estudios científicos y en obras”.
“Proponemos un organismo que maneje la cuenca del Atuel”
Desde La Pampa continúan firmes en su postura exigir acciones que permitan en el corto plazo mejorar el caudal del río Atuel. “Pedimos que la Corte ejecute lo que estableció el fallo de 16 de julio: 3,2 m3/s de agua con una calidad apta para restituir el ambiente en el noroeste de la provincia”, dijo el secretario de recursos hídricos pampeano, Néstor Lastiri.
“Se puede llegar a ese caudal a través de un manejo sustentable de los embalses y con acciones concretas en las zonas de riego. Esto lo tiene que decidir un cuerpo de cuenca que dicte las normas de manejo pero Mendoza se niega”, agregó.
Este punto en el que Mendoza tampoco quiere ceder porque desde el Gobierno aseguraron que solo se que trata de dos provincias, “no es el caso del Coirco que pasa por cinco jurisdicciones” y “no se justifica el gasto de la creación de un organismo de este tipo”.
Esta idea de crear la Comisión Interjurisdiccional del Río Atuel (CIRA) la aportó la Nación y, fue una sugerencia en el fallo de julio de la Corte. La semana pasada el gobernador pampeano Sergio Ziliotto le pidió a la Justicia que “defina la creación del organismo de cuenca con facultades plenas y la incorporación efectiva del Estado Nacional para la gestión conjunta de los recursos hídricos de la cuenca del río Atuel”.
La Pampa también pidió un monitoreo ambiental de toda la cuenca para medir los daños, pero también fue una propuesta rechazada por Mendoza.
En cuanto a las obras, los pampeanos no se mostraron parcialmente de acuerdo porque esperan que acciones inmediatas que mejoren el caudal y no tareas costosas y a largo plazo. “Apoyamos las obras pero no queremos esperar a que se haga una obra para mejorar la oferta de agua. En La Pampa vamos a rectificar el cauce, vamos a hacer tareas en las zonas de humedales”, dijo Lastiri.
“Mendoza no avanza en planes de manejo del agua, ni de eficiencia de riego. Ofrecen obras que si hubiera un caudal permanente, el cauce se sellaría solo porque las napas estarían llenas”, cerró.
Noventa días para un acuerdo que no llegó
El 16 de julio, la Corte fijó el caudal mínimo del río Atuel en 3,2 m3/s y ordenó a Mendoza, La Pampa y Nación, acordar cómo lograr que pase ese caudal.
El 10 de diciembre vencía el plazo de 90 días hábiles para llegar a ese acuerdo.
La Corte estableció una prórroga al 14 de diciembre.
Las partes pidieron cuatro días más, que vencieron el 18 de diciembre.
