El Gobierno provincial se prepara para proyectar el 2022 en términos económicos. Con los proyectos del Presupuesto, Avalúo e Impositiva presentados a la Legislatura, que tuvieron media sanción en la Cámara de Diputados, un punto importante será para la gestión de Rodolfo Suárez qué hacer con la deuda que vencerá el año que viene.
Si bien la oposición no le aceptó tener acceso al roll over, es decir la posibilidad de tomar deuda nueva para pagar los vencimientos del 2022, el Ejecutivo ya practica otras estrategias para administrar la mayor parte de sus acreencias.
En este sentido, aún sin roll over, el Gobierno estará en condiciones de poder reestructurar el 95% de las amortizaciones de la deuda que vencerán el año que viene. Esto ocurre ya que si bien no se podrá tomar deuda nueva en una entidad financiera o económica para saldar otra deuda con vencimientos inminentes, sí puede negociar con los propios acreedores, y donde apunta es al Gobierno Nacional y también al Banco Nación.
Mendoza el año que viene deberá desembolsar $28.888 millones en concepto de amortización e intereses con diferentes organismos.
Si hablamos sólo de amortizaciones de la deuda (capital), en total son $16.361 millones. De ese número, $11.344 millones son los deberá abonar al Gobierno Nacional; $4.258 millones son con el Banco Nación; $2.088 millones con organismos multilaterales (Banco Interamericano de Desarrollo y Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento) y $759 millones con tenedores de bonos.
Otro punto son los intereses, que reúnen $12.527 millones. Allí se reparten en $6.933 millones con bonistas, $2.983 millones con el Gobierno Nacional, $1.179 millones en concepto de Letras del Tesoro, $937 millones con el Banco Nación y $495 millones con organismos multilaterales. Estos necesariamente se deben abonar y técnicamente no se reestructuran.
No obstante, la ley de Administración Financiera permite que el Estado provincial pueda renegociar las deudas de capital que se tengan con el propio acreedor, siempre y cuando se cumplan algunos requisitos, tales como conseguir mejores tasas, plazos y quitas de capital.
Negociación con los mismos acreedores
Este 95% de lo que vence el año que viene en este concepto de deudas de capital tiene como acreedores al Gobierno Federal y el Banco Nación, dos organismos con los cuales Mendoza puede negociar directamente, y que de hecho el ministro de Hacienda, Lisandro Nieri, ya está conversando, al menos con la entidad crediticia.
Esta semana el Ministro participó de una reunión con autoridades del Banco Nación en Buenos Aires, en las cuales se espera llegar a mejores acuerdos, inclusive con mejores condiciones en el pago de las acreencias.
Pero además está la negociación del Banco como entidad financiera de la provincia, teniendo en cuenta que el contrato está vencido y se prorrogó solamente por un año. De esta manera, la gestión de Suárez busca acceder a mejores condiciones, que contemple no sólo una mejor relación por la administración de las cuentas de casi 100.000 empleados públicos, sino también una mejor perspectiva en el pago de la deuda.
Con respecto al Banco, el ministro Nieri pidió activar una cláusula que tiene la provincia, que es de jurisdicción más favorecida, al notar que hay municipios que accedieron a mejores condiciones en la toma de créditos que la provincia.
En esa lógica, el Gobierno ha recibido propuestas para tener más plazos y períodos de gracia para el pago de la deuda, aunque con tasas que no serían tan beneficiosas, pero que de igual manera en términos generales llegarían a un mejor acuerdo que el actual.
En Casa de Gobierno esperan acelerar las reuniones y seguir luego con los pedidos de autorizaciones de lo que serían las nuevas condiciones.
Compensar deudas con Nación
En tanto, otra es la situación con el Gobierno Federal, en el cual Mendoza ha accedido a una serie de créditos como los que se acordaron por la devolución de los fondos de la Anses, y otros para obras públicas bajo el sistema del Fondo Fiduciario Federal de Infraestructura Regional (Fffir), y los otorgados como asistencia durante la pandemia, entre otros.
En el caso de las obligaciones con el Banco Nación, más de la mitad de ellas nacieron en el último año de gestión de Francisco Pérez: $2.200 millones de descubierto bancario y un crédito por otros $2.200 millones. A eso hay que agregarle un préstamo de Alfredo Cornejo de 2017. En 2018 se tomaron $1.200 millones de pesos para obra pública. El global llegó a $6.800 millones y se ha ido achicando por sucesivos pagos.
“Como no tenemos roll over tenemos que trabajar alguna refinanciación con el mismo organismo”, acotaron desde el Ejecutivo, por lo que la estrategia será compensar deudas que también mantiene la Nación con Mendoza.
Según explicaron, “se apostará a compensaciones, ya sea tachar deudas de un lado y del otro, o que los pagos próximos se hagan hasta donde haya deuda, concurriendo con la que tiene la Nación con la provincia”.
No obstante, aún no hay un número claro sobre cuánto es el dinero que debería recibir Mendoza, aunque sí marcaron que es menor al que debe la jurisdicción. Aquí aparecen deudas en concepto de compensaciones por el Consenso Fiscal, el costo de los presos federales, montos de la Superintendencia de Salud, y también saldos de los Adelantos del Tesoro Nacional (ATN), entre otros. “Vamos a hacer un relevamiento y sentarnos a negociar con la Nación”, adelantaron.
Donde no habrá posibilidad de renegociar la deuda será con el monto de capital que se tiene con los bonistas, así como tampoco con los organismos multilaterales, ya que en estos casos sí se suele activar el roll over tomando deuda con otras entidades. Esto no implica incrementar las obligaciones, sino refinanciarlas para mejorar condiciones (plazos o tasas de interés).
Finalmente, en Hacienda aseguran que se seguirá el camino “de desendeudamiento”, y remarcaron que del 2015 al 2021 “ha habido una baja de un 21% en la deuda, de U$S1487 a U$S1.163 millones”.
