Tras casi 4 años de la sanción de la ley que prohíbe que determinados trabajadores del Poder Judicial cobren salarios como magistrados, la causa sigue completamente estancada en la Justicia por una medida cautelar vigente, lo que ha desembocado en que una veintena de “equiparados a magistrados” siga cobrando cuantiosos sueldos millonarios en Mendoza.
Todo se da en un contexto político/económico complejo y en el cual los salarios de la clase político-judicial se han visto cuestionados y en la mira por parte de un sector de la propia política, como es el caso del presidente Javier Milei.
Por indiferencia o por conveniencia de la Suprema Corte de Justicia, la ley aprobada en junio del 2020, que no sólo limitaba las equiparaciones salariales de agentes del Poder Judicial -salvo excepciones, como son los casos de los relatores-, sino que también retrotraía los sueldos “asimétricos” que perciben algunos de ellos, no está en plena vigencia en Mendoza.
Esta ley fue cuestionada por un pedido de inconstitucionalidad más una cautelar que presentó la defensa de 21 equiparados -en ese entonces-que luego fue aceptada por lo que era la Sala II de la Corte, con votos a favor de parte de Omar Palermo y Mario Adaro, más la disidencia de José Valerio.
Eso permitió que estos equiparados a magistrados siguieran cobrando sin descuentos esos sueldos hasta resolver la cuestión de fondo, que todavía no se resuelve, pero que tampoco hay indicios que indiquen que esto pueda ocurrir en el corto plazo.
Con sueldos de magistrados, pero no lo son
De esta forma, al mes de marzo, hay trabajadores beneficiados que no son magistrados pero cobran como tales, con sueldos que van desde los $2,5 millones a los $5,5 millones. Incluso, varios de ellos tienen sueldos superiores a algunos de los ministros de la Suprema Corte de Justicia; y que además doblan en salario a un juez de primera instancia, según pudo comprobar Los Andes.
Un caso de ello es el de Elizabeth Carbajal, la exsecretaria de Jorge Nanclares (exministro de la Suprema Corte) y de la cual se inició todo el conflicto en 2020, que percibió un sueldo de bolsillo de $5,5 millones.
Otro caso es el de Carlos Quiroga Nanclares, secretario de Gestión y sobrino de Nanclares, que cobró $4,6 millones, también en marzo. En tanto, el subdirector de Niñez, Adolescencia y Familia, Javier López Maida, tuvo un sueldo de $3,2 millones de bolsillo, también en marzo.
Pero no son los únicos. Entre los que tienen sueldos equiparados a magistrados se encuentran, en total, 20 personas, de los cuales 11 pertenecen a la Suprema Corte de Justicia; 9 al Ministerio Público Fiscal; y 1 al Ministerio Público de la Defensa.
Además de los casos nombrados, son equiparados a magistrados la subdirectora de Contabilidad, Silvina Cataldo; el director de Contabilidad, Gustavo Abaca; el director de Informática, Mariano Cano: y el jefe de Recursos Humanos, Hugo Correas.
También hay varios que trabajan en la dirección de Derechos Humanos y Acceso a la Justicia, creada por el ministro Palermo, como la directora del área, Milagros Noli; la subdirectora de Derechos Humanos, Eleonora Lamm (de licencia sin goce de haberes desde septiembre del 2021); y la subdirectora de Ejecución Penal, Romina Cucchi.
En tanto, del Ministerio Público Fiscal se puede nombrar a inspectores como Beatriz Chaves, Sandra Canese, Alfredo Clavel y Jorge Rubio; el director del Centro de Capacitación, Gerardo González (hijo del exprocurador Rodolfo González); el contador Jorge Frigerio; y los delegados del MPF en San Rafael (Mario Gabriele) y San Martín (Alberto Tonelli).
Mejor no avanzar
Tras la cautelar a favor de los equiparados el 20 de octubre del 2020, y advirtiendo la sensibilidad del caso, Valerio solicitó que la cuestión de fondo se resolviera a través de un plenario y no con los tres miembros de la Sala II.
Eso fue aceptado, por lo que tarde o temprano debería resolverse con el voto de los siete ministros de la Suprema Corte.
Sin embargo, se excusó Pedro Llorente, uno de los ministros que ha firmado equiparaciones (como también Palermo; el Procurador de la Corte, Alejandro Gullé; el exprocurador, Rodolfo González; y el exministro Nanclares, entre otros), quien argumentó que tenía algún tipo de relación con aquellas personas sobre los que debe resolver. De esta forma, debe ser reemplazado por algún camarista, pero aún no se designa.
Al margen de esto, la causa se ha quedado frenada y paralizada desde hace más de 15 meses, ya que el último movimiento se dio el 15 de diciembre del 2022.
Como dato de color, fuentes judiciales dijeron a Los Andes en mayo del 2023, que luego de la constitucionalidad de la ley de tope de sueldos, era un “deber” de la Suprema Corte acelerar la decisión para determinar si aquellos trabajadores de la Justicia que no son jueces, fiscales o defensores oficiales, deberían tener un sueldo de magistrado o cobrar con un sueldo con tope.
Pero no se aceleró, y nada ocurrió en todo el 2023. Sobre esta paralización, algunos entienden que el presidente de la Suprema Corte, Dalmiro Garay, no ha accionado para acelerar la causa.
No obstante, diversas fuentes aseguraron, por otro lado, que ninguna de las partes tampoco ha hecho algo para presionar por el avance de este tema, ya sea desde el equipo de abogados de la defensa; como así tampoco desde Asesoría de Gobierno, que es una de las partes que se pronunció en contra de las equiparaciones salariales de estos trabajadores con los de los magistrados.
Problemáticas
A raíz de que fue un proyecto presentado por el Gobierno en la gestión de Rodolfo Suárez, la posición del Poder Ejecutivo ha sido siempre a favor de la ley que salió votada en la Legislatura, y en contra por ende de estas “asimetrías” de agentes que no son magistrados y que tienen estos beneficios salariales.
“Es una vergüenza que no muevan este tema en la Justicia. Los equiparados no son magistrados, no pasan por ningún proceso de selección ni concurso ante el Consejo de la Magistratura, no tienen las responsabilidades de los magistrados, no firman sentencias, no han sido elegidos por el gobernador, no expusieron ante el Senado en audiencias públicas, no pasaron ese filtro de la Cámara Alta y no están sujetos ni a juicios políticos o Jury de Enjuiciamiento. Por ende, no es lógico que cobren igual o más que magistrados en primera instancia”, acotaron a este medio.
No obstante, entre las complejidades de la causa, se encuentra que dentro de los propios equiparados hay diferencias, ya que, por ejemplo, varios de los nombrados rindieron concursos para acceder a sus puestos (sobre todo los de cargos en la dirección de Derechos Humanos) “a sabiendas que las condiciones salariales eran precisamente las de un equiparado a magistrado”.
Mientras tanto, otro conocedor del tema en la Justicia, incluso sostuvo que el caso de los equiparados a magistrados, es “un problema que no parece interesarle a nadie en Tribunales”, y aseguró que sin lugar a dudas, si al menos alguien se hubiese interesado, al menos habría intentado “mover” el expediente.
“Faltan producir pruebas y un montón de cosas más. Lo que está claro es que está trabado y nadie hace nada”, añadieron.
En este sentido, otro punto importante es que todavía no se realiza el “llamamiento de autos para resolver” ya que de allí comienzan a correr 60 días hábiles para que los ministros resuelvan y voten a favor o en contra del pedido de inconstitucionalidad de la ley.
