El diputado nacional Julio Cobos había salido al cruce de la Nación, a una año de la gestión de Javier Milei, al sostener que si bien “se debe reconocer” al Gobierno su “gran logro” con la desaceleración de la inflación, “en materia de Infraestructura el resultado es negativo: nada que reconocer y todo por reclamar”.
Acto seguido, presentó un proyecto para que se declare la emergencia de la Ruta Nacional 7 por el plazo de un año “con el fin de atender en forma inmediata los graves problemas provocados por el mal estado de la misma”. En las firmas hay presencia mendocina, excepto de los libertarios, por supuesto.
Acompañaron Lisandro Nieri y Pamela Verasay, diputados que responden políticamente al gobernador Alfredo Cornejo. También los peronistas Martín Aveiro, Adolfo Bermejo y Liliana Paponet, además de la ex libertaria Lourdes Arrieta. Se plegaron diputados de otras provincias al pedido como Martín Tetaz y Margarita Stolbizer.
Cobos explicó que “decidimos solicitar en forma urgente al gobierno nacional, la declaración de la emergencia de la infraestructura vial, concretamente en el tramo de Alta Montaña, desde Potrerillos hasta el límite con la República de Chile”.
“En diferentes sectores de este tramo se presentan graves problemas de infraestructura vial, debido fundamentalmente a la falta de mantenimiento y a la gran densidad de tránsito en ambas direcciones. La decisión del gobierno nacional de no realizar obra pública y retener fondos, ha impactado negativamente en las rutas nacionales de todo el país y especialmente en las de Alta Montaña, que requieren un mantenimiento e intervención casi permanente”, indicó el ex gobernador.
Con la declaración de emergencia, que puede aprobarla el Congreso con una ley (debería convocarse a sesión extraordinaria) o bien, el presidente Javier Milei a través de un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) se facultamos al Ejecutivo Nacional, a través de Vialidad Nacional, a realizar procesos abreviados, tales como licitaciones privadas, concursos de precios y contrataciones directas.
Para Cobos, cualquiera de esta modalidades puede darse con pagos directos del Estado Nacional o con pago diferido a partir del sistema de peaje o en una combinación de ambos sistemas, para poner a la ruta en condiciones óptimas. “Incluimos la facultad de convenir acuerdos con la provincia de Mendoza, si así fuera necesario, para que la misma de haga cargo del proceso de licitación y ejecución de obras”, expresó.
Si bien no esconde su molestia por la política de obras públicas que ejecuta Javier Milei, el ex mandatario provincial deja en claro que “nadie quita la responsabilidad en los accidentes a los imprudentes al volante, pero el costo de las vidas que se pueden perder por accidentes relacionados con la ruta en mal estado es simplemente incalculable, más aún, es inadmisible”.
El legislador mendocino explicó que “La ruta Nacional N°7 Libertador General San Martín es una de las rutas más importantes del país por su densidad de tránsito atravesando las provincias de Buenos Aires, Santa Fe, Córdoba, San Luis y Mendoza; y además es el acceso al Paso Internacional más importante con la República de Chile. Esto última hace que gran parte del tráfico de cargas de exportación e importación pase por dicha ruta, especialmente en el tramo más cercano a la frontera”.
“Además de afectar seriamente la seguridad vial, la desinversión en mantenimiento de las rutas nacionales impacta directamente en el aumento de los costos logísticos de las mercaderías que se transportan: aumento en las primas de seguros, demoras por diferentes causas, rotura de vehículos, entre otros. Es decir que tanto desde el punto de vista de la seguridad vial como el de la economía, la falta de infraestructura adecuada es claramente negativo”.
Por ese motivo ve con buenos ojos la declaración de emergencia porque “un proceso de licitación que abra a la participación de capitales privados y que contemple mecanismos de peaje, puede ser un medio para encarar las obras a mediano y largo plazo”.
No obstante, para Cobos y los legisladores que adhieren como Marcela Antola, Mario Barletta, Gerardo Cipolini, Gabriela Brouwer de Koning y Melina Giorgi, además de los ya mencionados, “se necesitan acciones urgentes e inmediatas de emergencia para reducir el riesgo de muerte, tanto del tipo estructurales como no estructurales; por eso solicitamos esta declaración de emergencia y pedimos al Ejecutivo que realice en forma perentoria obras en ese tramo de corta longitud, pero de gran riesgo”.
