Una nueva reunión del Jury de Enjuiciamiento tenía dos temas a tratar. El que había despertado suspicacias en la previa, era la designación del Secretario a cargo del órgano, vacante desde la jubilación de Alejandra Carné hace varios meses. Francisco Fernández será quien asuma, luego de haber sido votado por los miembros presentes. Por otra parte, avanza el jury a María Elizabeth Lizán, la jueza de familia suspendida.
El resultado sorprendió, porque había sospechas sobre esta designación y un perfil radical en el funcionario. Según trascendió y pudo reconstruir Los Andes, hubo acuerdo entre ala peronista y radical dentro de la Suprema Corte de Justicia. Así, el nombre propuesto que era el de Fernández, terminó contando con avales de ambos sectores. Algunos estuvieron ausentes al momento de la votación, por lo que hay menos apoyos que los 21 que se habrían obtenido originalmente.
La grieta judicial parecía instalarse en la reunión que mantuvo el Jury de Enjuiciamiento ayer. Desde el sector peronista de la Corte y la Legislatura, habían deslizado la molestia por la designación al frente de la Secretaría del Tribunal que sanciona a funcionarios con rango constitucional, como jueces, fiscales, etc. Si bien ninguno dijo oficialmente el nombre, se sabía que Francisco Fernández era el apuntado.
Esto terminó de confirmarse ayer por la mañana, luego de terminada la reunión de la que participan los siete ministros de la Corte e igual cantidad de diputados y diputadas, y representantes del Senado. “Duró pocos minutos, no hubo ni discusión al respecto”, confió alguien en estricto off.
Se registraron algunas ausencias según se supo, pero el dato más relevante fue que el nombre del funcionario que actualmente trabaja en la Asesoría de Gobierno de la provincia, tuvo votos del sector peronista. Los detalles del acuerdo, son un misterio, pero hubo reuniones previas al cónclave del que participan representantes de la Corte y la Legislatura.
Quién es el funcionario que agitó las diferencias
Francisco Fernández tiene 49 años y cumple con el requisito clave para acceder al cargo, que es ser abogado. Egresado de la Universidad Nacional de Cuyo, obtuvo una Diplomatura en Derecho Penal en la Universidad del Aconcagua. Esa es su especialidad, que ejerce en su estudio particular desde el 2002 hasta la actualidad.
En el 2005 ingresó a la Dirección General de Escuelas para desempeñarse como Asesor Letrado, cargo que ocupó hasta el 2015. Ese año, en la gestión de Alfredo Cornejo, llegó a la Director de Asuntos Jurídicos de la cartera, hasta el 2019. Luego desembarcaría en la Asesoría de Gobierno, a cargo de Ricardo Canet para ejercer como Asesor Letrado hasta la actualidad.
Ahora, luego de la votación que aprobó su designación, llegará a la Secretaría del Tribunal, aunque no hay detalles sobre cómo será su nombramiento. Una opción podría ser una designación como personal de gabinete, según está previsto en la Ley de Equiparados. Los planteos judiciales por los salarios sólo contemplan algunos artículos, quedando afuera el quinto.
A la jueza suspendida le aceptaron todas las pruebas
El caso de María Elizabeth Lizán era otro de los temas que motivaron la convocatoria a los miembros que conforman el Jury de Enjuiciamiento por una “posible comisión de hechos encuadrables en la causal de mal desempeño y desorden de conducta”. La denuncia ingresó en mayo de este año y luego de algunos meses de formalidades, los 7 ministros de la Suprema Corte de Justicia, 7 diputados y/o diputadas además de 7 senadores y/o senadoras decidieron admitir pruebas informativas, documentales, instrumentales, testimoniales ofrecidas. Por lo tanto, luego de las notificaciones y si no hay objeciones, restará conocerse cuándo será la Audiencia de debate, pero es un hecho que arrancará después de la Feria Judicial del 2023.
