Aborto legal, ordenamiento de los tribunales federales, nueva fórmula de actualización jubilatoria, quita de coparticipación a la Capital Federal, nuevo pacto fiscal con los gobernadores, etiquetado de alimentos e impuesto a la riqueza.
El gobierno de Alberto Fernández metió toda la carne al asador en un anexo de 25 asuntos a tratar en el decreto que dispone la prórroga de las sesiones ordinarias (para continuar discutiendo los asuntos que ya estaban en trámite) y la convocatoria a sesiones extraordinarias (con un temario definido por el Poder Ejecutivo).
Las sesiones ordinarias se inauguran el 1º de marzo y finalizan el 30 de noviembre de cada año. La prórroga de ordinarias decretada por Fernández es hasta el 3 de enero de 2021, inclusive, y las sesiones extraordinarias se desarrollarán entre el 4 de enero y el domingo 28 de febrero.
Esto significa que el Gobierno le está pidiendo a los diputados y a los senadores que no se tomen vacaciones y que debatan el temario del anexo hasta que empiece el próximo período ordinario de sesiones, el 1º de marzo de 2021.
Por una desprolijidad de índole reglamentaria, el Gobierno iba a mandar un nuevo decreto corrigiendo fechas de la prórroga de extraordinarias, para no afectar el cronograma de debate del aborto legal, que empezó ayer y finalizará el viernes, en un plenario de cuatro comisiones, con fecha posible de tratamiento en sesión el jueves 10.
Justamente, el primer punto de la convocatoria a extraordinarias es el proyecto de Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE), que podría tener dictamen del plenario de las comisiones de Legislación General, Salud, Legislación Penal y Mujeres el viernes.
El segundo asunto del anexo es el proyecto del Poder Ejecutivo que complementa la legalización del aborto: el que crea el “Programa de los 1.000 días”, orientado a asistir a las personas gestantes y a sus hijos durante la primera infancia.
Esta propuesta también obtendría dictamen en los próximos días, tras comenzar el tratamiento este lunes en un plenario de comisiones de Salud y de Presupuesto y Hacienda, también de la Cámara de Diputados.
Riqueza, la semana que viene
Otro de los proyectos importantes a tratar es el Aporte Solidario y Extraordinario de las grandes fortunas, más conocido como impuesto a la riqueza, que fue aprobado en la Cámara Baja el 18 de noviembre pasado y en el Senado ya tiene el dictamen favorable de la comisión de Presupuesto y Hacienda, que preside el peronista cordobés Carlos Caserio, por lo que en la cámara que dirige Cristina Kirchner el oficialismo aspira sancionarlo la semana próxima.
También figura la reforma de la ley orgánica del Ministerio Público Fiscal, que apunta a que la designación del procurador general sea con mayoría absoluta del Senado y no dos tercios, mayoría que el oficialismo no tiene en el Senado, además de acotar su mandato a cinco años, entre otros cambios.
El Senado ya aprobó la reforma y la giró a Diputados, donde todavía no están los votos y podría quedar estancada, al igual que la ley de ordenamiento de los tribunales federales, que integra el paquete de reforma judicial: también obtuvo la media sanción en la Cámara Alta y en quedó en el freezer de la Baja porque no reúne apoyos en la oposición dialoguista y Juntos por el Cambio (JPC) la rechaza de cuajo.
En este contexto, también es una incógnita saber qué hará Daniel Rafecas, el candidato a procurador general de la Nación que el presidente Fernández propuso hace 11 meses: el actual juez federal ya avisó que no aceptaría el cargo si se reduce la mayoría que establece la ley vigente, por entender que le quitaría legitimidad a su nombramiento.
En el temario también figuran dos proyectos del Ejecutivo sobre promoción de la construcción privada y de créditos hipotecarios; la propuesta de Máximo Kirchner para prohibir el cambio de uso de las tierras afectadas por incendios; el otorgamiento, por única vez, de un beneficio extraordinario a familiares de los tripulantes del ARA San Juan, y el nuevo Consenso Fiscal, que el Gobierno nacional negocia desde hace tiempo con los gobernadores, con el fin de darle más libertad a las provincias para incrementar impuestos a cambio de ciertas condiciones, como la renuncia a iniciar demandas judiciales por coparticipación y el retiro de las ya formuladas.
