Este lunes la Cámara Federal porteña confirmó el sobreseimiento del exministro de Justicia de Cambiemos, Germán Garavano en la causa que investiga supuestos delitos durante la inclusión de Alejandro Vandenbroele en el “Programa Nacional de Protección de Testigos e Imputados”, tras declarar contra el ex vicepresidente Amado Boudou en la causa Ciccone.
“El tenor de gastos incurridos y el destino que estos tuvieron quedan amparados bajo el espíritu de la norma en tanto hayan servido al fin último de brindar protección y ayuda económica a quien lo necesitara, luego de la ineludible alteración que sufre la vida de quien colabora con la Justicia en el descubrimiento de hechos delictivos de gravedad”, concluyó el Tribunal de Apelaciones según la resolución a la que tuvo acceso Télam.
Los camaristas Mariano Llorens, Pablo Bertuzzi y Leopoldo Bruglia confirmaron así una decisión del juez federal de primera instancia Julián Ercolini, quien el año pasado sobreseyó a Garavano, Vandenbroele y al ex titular del Programa al momento de los hechos investigados, Alejandro Lagos.
Los camaristas evaluaron que el mismo criterio se aplica a “las estimaciones necesarias para cubrir los requerimientos para que la asistencia sea genuina y no transforme la protección en una meta meramente ilusoria”.
“Este es el marco al que obedeció el accionar” del programa y “el contexto en el que se desempeñó conforme a las facultades conferidas por la ley”, indicó el texto de la resolución.
La decisión de autorizar distintos gastos en relación a Vandenbroele mientras permaneció en el programa, como un traslado a Mendoza de ida y vuelta para pasar las Fiestas con su familia, o para un emprendimiento comercial, “no superaron las atribuciones inherentes a su función de director”.
En cuanto a Garavano, se coincidió con Ercolini en que no tenía obligación de control del programa ya que “era en el director sobre quien pesaba esa obligación, la que incluso, como vimos, fue además debidamente honrada”.
“El ministro no sólo tenía asignado un rol diferente dentro de la tramitación de las ayudas del programa, sino que las dos intervenciones que registró fueron precedidas por la opinión favorable de distintas áreas administrativas, las que intervinieron según sus órbitas de competencia”, analizaron los jueces.
El hecho “de no ser él quien administraba el patrimonio del programa ya lo exime de ser autor del delito cuyo reproche se pretende -defraudación a la administración pública- por no tener las características específicas que el tipo requiere”, agregó la sentencia.
Ante la no comprobación de la autoría del delito para los ex funcionarios, “la situación” de Vandenbroele “deberá seguir la suerte de los otros imputados”, en relación a confirmar su sobreseimiento sobre su supuesta condición de partícipe del delito, finalizó la resolución
Los sobreseimientos habían sido apelados por la fiscal de la causa, Paloma Ochoa, quien reclamó que se los cite a declaración indagatoria, algo que nunca sucedió.
Entre los hechos denunciados figura la asistencia económica “por un período mayor a los seis meses previstos en la normativa”.
También el acceso de Vandenbroele en “forma injustificada” a diferentes pagos, como los 840.000 pesos para un proyecto hotelero, “Posada La Masía”, en Mendoza.
