Hay movimientos en el Partido Verde porque tiene varios frentes abiertos. A la inhibición de las cuentas por parte de la Justicia Federal, se suma la Convención partidaria que resolverá la expulsión o no, de dirigentes y ahora un diputado quedó en el ojo de la tormenta por una causa que tiene algunos años y en la que está imputado.
Emanuel Fugazzotto está en un expediente que tiene varios cuerpos en el que la Fiscalía de Delitos Económicos investiga estafa genérica, según el artículo 172 del Código Penal. Para evitar que se lo compare con la diputada suspendida Janina Ortiz (La Unión Mendocina), el legislador quiere dar un gesto que roza el desconocimiento: pide que se trate su desafuero, aunque nadie lo ha pedido y él no puedo impulsarlo por voluntad propia.
Distintos hechos tienen al Partido Verde en las noticias. Los malpensados aseguran que se agitan fantasmas del pasado para ensuciar la previa de la Convención de la agrupación en la que definirá la suerte del senador Dugar Chappel y los concejales Ricardo García (Capital) y Francisco Cordón (Godoy Cruz).
Los tres arriesgan expulsión por no aportar, pero todo terminaría en la Justicia Federal. A esto se suma que tanto Fugazzotto como Mauro Giambastiani piden al Senado de la Nación que informe la situación laboral de Marcelo Romano, asesor que ostenta la clase más alta. El ex candidato pegó el portazo hace tiempo y las relaciones no quedaron en buenos términos.
La causa
En medio de estos hechos, circuló en algunos medios el estado de una causa en la que está involucrado Fugazzotto y que tiene algunos años, cuando no ocupaba banca ni era candidato (juró como diputado en abril de 2022). Según fuentes judiciales, es uno de los 257 “mutuos” que pasaron a ser investigados por el Ministerio Público Fiscal en una movida que tiene como sospechosos a Ricardo Villarreal (Asociación Mutual de Suboficiales y Agentes Policiales de Mendoza) y Alejandro Gil (ex funcionario de Francisco Pérez) como coautores.
Según se investiga, el ilícito habría consistido en que Villarreal, como empleado de la Asociación Mutual de Suboficiales y Agentes Policiales de Mendoza se encargaba de gestionar mutuos de supuestos asociados de AMSA frente a la Cooperativa MANNA de Vivienda, Crédito y Consumo, con quien existía un convenio de prestación de servicios crediticios y de ayuda financiera.
De esta manera, según surge del relato de la denuncia, Villarreal remitía e-mails a MANNA con los datos de los solicitantes, nombre, número de cuenta y un número falso de asociado, sin realizar los legajos correspondientes, ni suscribir los documentos, ni remitir a Tesorería Provincial los ítems que deberían ser descontados de los bonos de sueldo.
Así, la Cooperativa MANNA “sin constatar que existieran los legajos físicos, y la documentación firmada por los supuestos asociados de AMSA, solicitantes de los préstamos, transfería los fondos a las cuentas de los supuestos asociados”, precisaron las fuentes.
“En virtud de dichas maniobras, se transfirieron según la denuncia, 257 mutuos por un valor aproximado de $20.000 cada uno, sin que se efectuaran los descuentos correspondientes en los bonos de sueldo, ni la consiguiente transferencia a la cuenta de Manna”, completaron desde la Justicia.
Por esa causa, Fugazzotto fue imputado el 5 de marzo del 2020 por los delitos de administración fraudulenta en calidad de partícipe necesario, según confirmaron desde el Ministerio Público Fiscal. Las novedades de estos últimos días, indican el diputado presentó una solución de conflicto porque, tanto por su declaración, como por otras que constan, se lo desliga de toda actitud delictiva.
Se espera una audiencia por parte de la Fiscalía de Delitos Económicos en la que comparecerá la querella, es decir la asociación MANNA, que firmó el escrito con la solución de conflicto. Es decir, que en la audiencia no debería haber sorpresas y se confirmaría que el legislador del Partido Verde devolvió el dinero, como declara, dado que todo se habría tratado de hacerle un favor a un amigo prestándole el CBU para la transferencia. Así, el sobreseimiento para Fugazzotto será un hecho.
El ruidoso pedido
En medio de la viralización de la causa Emanuel Fugazzotto no sólo aceleró en el expediente para proponer una solución al conflicto y ser sobreseído sino que jugó rápido en la Legislatura para evitar sorpresas.
El diputado fue el principal vocero de los opositores a la asunción de la ex secretaria de Gobierno de Las Heras. Presidió la Comisión Especial de Poderes en la Cámara de Diputados que analizó si Ortiz era digna moralmente para llegar al cargo. Finalmente entraron los pedidos de desafuero por la oleada de causas judiciales en la comuna lasherina y está suspendida en su banca.
Los rumores hablaban de una avanzada de la oposición pidiendo la suspensión en su banca, una estrategia con impronta revanchista luego de lo ocurrido con Janina Ortiz, el año pasado.
Sin embargo, una simple consulta con algún abogado amigo que pudiera empaparse sobre el expediente, bajó rápidamente cualquier intento: “Es sarasa”, le dijeron a un legislador en relación a que la situación de su colega está en las antípodas del caso Ortiz.
La nota dirigida a la presidencia de la Cámara de Diputados llegó el 15 de agosto, el mismo jueves que la noticia sacudió al Partido Verde. No hubo difusión en redes ni nada. Absoluta discreción. Por qué no pensar que el escrito iba a flamear inmediatamente ante el primer pedido de suspensión que llegara. A los que les gusta la sangre enemiga, esperaban que fuera de La Unión Mendocina la que ‘pisara el palito’.
De alguna manera, el legislador quiso dejar una señal política mostrándose predispuesto y no amparándose en los fueros. En el texto dirigido a Andrés Lombardi, le solicita que “ponga en tratamiento de la sesión sobre tablas mi desafuero a partir de la toma de estado público del Expediente 747071/19″.
Explica que se presentó de manera voluntaria, sin citación judicial previa, en el año 2020 para declarar sobre lo que ocurrió. “Desde ese día nunca más fui convocado por el Ministerio Público Fiscal, ni ejercí ningún tipo de acción que pudiera considerarse obstructiva de investigación penal que se llevaba adelante por el Fiscal”, dice en uno de los párrafos.
“No tengo nada que esconder. Es evidente que tampoco necesito que los Fiscales hagan la solicitud de desafuero a este cuerpo como sí tuvieron que hacer ante otra situación, ya que durante todos estos años siempre estuve a disposición de la Justicia Provincial”, expresa el legislador.
En ese sentido, indicó que no permitirá que “esta situación sea utilizada para atacar mi honorabilidad, por estos motivos es que le solicito que considere la elevación de mi desafuero en lo relacionado a la causa mencionada”.
Las explicaciones
Si cualquier persona lee la nota, hay algunas situaciones que le hacen ruido. Por empezar, los desafueros sólo los puede pedir la justicia penal, como pasó con Ortiz y con Marcelo Romano de acuerdo a lo que dice la Constitución Provincial en su artículo 167.
Además, se pide tratar un desafuero que no tiene número de expediente, porque en la realidad no existe. No hay pedido de desafuero que ingrese a la Casa de las Leyes y conforme un expediente como ocurre en estos casos. Podría haber quizás, alguna moción de cuestiones de privilegio pero difícilmente ocurra. “Lo que digo es que, atento a que existe una causa judicial, aunque no lo hayan pedido los fiscales, estoy pidiendo que sea tratado. Si me tienen que desaforar, háganlo, no me voy a oponer”, aclara necesariamente el diputado en diálogo con Los Andes.
La explicación resulta necesaria porque, a priori, pareciera que el legislador no leyó la Constitución Provincial. Sin embargo, están los que siempre sospechan que se piden cosas que constitucionalmente son improbables, como impulsar un desafuero propio, en una cuestión de acting o el mal llamado ‘humo’ para generar impacto mediático.
Hay que saber una cosa: si un legislador quiere prescindir de sus fueros por voluntad propia, puede hacerlo renunciando a su banca. De lo contrario, debe esperar un desafuero pedido por a justicia, o bien caer en las mociones por cuestiones de privilegio (sanciones de la Cámara), poco comunes en la Legislatura de Mendoza. Si los compañeros del cuerpo decidieran expulsarlo, quedaría sin fueros, pero para eso deberían tener los votos.
