El conflicto por el retiro de los celulares de los internos de las cárceles tuvo un leve avance en el reinicio de la actividad en Tribunales. Es que se sortearon los tres jueces que deberán resolver entre las posturas del juez Sebastián Sarmiento y el Ministerio Público Fiscal, enfrentados por los mecanismos para realizar dicho procedimiento.
Según confirmaron fuentes judiciales a Los Andes, los tres magistrados sorteados en segunda instancia son los doctores Rafael Escot y Mauro Perassi, miembros del Tribunal Penal Colegiado N° 1, y Luis Correa Llano, integrante del TPC N° 2. Aún no fijan la fecha de audiencia para que las partes comparezcan, pero los involucrados creen que se dará durante este mes.
Mientras tanto, en las cárceles continúa todo igual, en un estado de prórroga obligada de la “emergencia sanitaria” que les permitió a los reclusos tener acceso a los celulares desde el año 2020. Es que, a través de la recusación del MPF contra la resolución del juez Sarmiento, no se avanzó en el retiro de los teléfonos bajo ninguna modalidad.
En su fallo del pasado 10 de enero, el magistrado determinó una serie de pautas para realizar el procedimiento y el Fiscal Adjunto en lo Penal, Fernando Guzzo, respondió con una apelación. El contrapunto tuvo que ver con las formas y los tiempos para llevarlo adelante.
El principal reclamo del fiscal Guzzo consistía en el periodo para el retiro de los teléfonos. En la vista que le presentó al juez Sarmiento para su resolución solicitó, junto al Servicio Penitenciario, que dentro de los treinta (30) días y progresivamente se arbitren los medios para retirar los teléfonos celulares de los complejos penitenciarios de la Provincia.
En el informe presentado ante Sarmiento, el MPF hizo referencia a tres tipos de modalidades delictivas que transcurren con el poder de los celulares en manos de los internos y el riesgo que representa demorar el procedimiento: publicaciones en redes sociales para compra y venta de artículos; compra de teléfonos con comprobantes apócrifos y denuncias online con fines extorsivos.
Vale decir que el Código de ejecución de la pena privativa de la libertad, en su artículo 98, establece las infracciones disciplinarias en las cárceles. Entre las enumeraciones de las faltas medias se encuentra la de “utilizar y/o poseer teléfonos celulares y/o terminales móviles de comunicación”. Actualmente 7 de cada 10 internos tiene un teléfono a su disposición, es decir que, de la población carcelaria de 6 mil personas, unos 4 mil cuentan con ese beneficio.
Por su parte, Sarmiento decidió que el proceso de entrega de parte de los detenidos, su depósito y su correspondiente entrega a los referentes familiares o titulares de dichos equipos, “va insumir un tiempo muy considerable, y se deben organizar un mecanismo adecuado y que cumpla parámetros de seguimiento y trazabilidad, teniendo en cuenta el valor que tienen dichos equipos”.
Entonces resolvió que el retiro de los equipos telefónicos móviles deberá ser realizado de manera gradual en un plazo no inferior a los seis meses, estableciendo un mecanismo de “trazabilidad y seguimiento adecuado”, para permitir a los familiares de las personas privadas de la libertad, retirar dichos equipos del ámbito penitenciario.
Además, sumó como condición que “sólo se podrá disponer el retiro de los equipos telefónicos celulares, en los sectores de alojamiento, donde se encuentre instalado y en condiciones operativas un sistema de Telefonía pública en los términos del art. 2° de la resolución 1122/98 (Reglamento de Telefonía Pública), debiendo garantizar al menos un equipo por cada pabellón, ala, o sector de cada establecimiento carcelario”.
Por último, solicitó que se debe instalar en cada establecimiento carcelario, de manera complementaria a los sistemas de telefonía pública, equipos para videollamadas, videoconferencia y/o plataformas de comunicación, destinadas para el contacto en situaciones de emergencia familiar y el contacto de los detenidos con sus defensores y asesores jurídicos, en una proporción mínima de un equipo cada doscientas personas detenidas.
Quiénes son los jueces sorteados
Entre los casos resonantes que ha tenido a cargo el juez Luis Correa Llano en el último tiempo, se destaca el juicio al exintendente de Guaymallén, Luis Lobos, condenado por enriquecimiento ilícito y administración fraudulenta en 2022. Además, el año pasado juzgó por abuso sexual al exsubsecretario de Trabajo del primer gobierno de Alfredo Cornejo, Alejandro Jofré.
Por el lado del juez Escot, tomó relevancia pública por dos situaciones polémicas. En agosto de 2022 fue apartado del megajuicio por abusos sexuales en el Instituto Próvolo por “pérdida de imparcialidad” al referirse como un “diálogo de sordos” a la exposición dificultosa que tenía una de las víctimas mediante videoconferencia, en una de las audiencias.
Luego, en 2023 decidió suspender un juicio contra dos rugbiers de 22 años que le propinaron una brutal golpiza a un chico de 16 años a la salida de una fiesta en Luján (2021), por lo que sufrió fracturas faciales que le demandaron tres cirugías.
En tanto que el juez Perassi tomó notoriedad en septiembre pasado por presidir la audiencia en el Polo Judicial que terminó en un escándalo, por un recluso que quiso escaparse con chuza en mano del lugar. En un primer momento se lo imputó al sujeto por tentativa de homicidio, por un presunto ataque a la fiscal Claudia Ríos, pero después un video descartó la caratula. Finalmente el magistrado condenó a Hugo Eduardo Arredondo (37), por intentar asesinar a otro interno en el año 2019, mientras cursaba una sentencia por un crimen.
