El gobierno provincial finalmente se expidió sobre la entrega de tierras a comunidades mapuches en el Sur provincial y decidió avanzar por la inconstitucionalidad de las dos resoluciones del gobierno nacional que las avalaron. Se trata de más de 21 mil hectáreas en el distrito sanrafaelino de El Sosneado y otras 3 mil en Los Molles, Malargüe, otorgadas por el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI).
El gobernador Rodolfo Suárez anunció a través de su cuenta de Twitter: “Solicité a la Asesoría de Gobierno y a la Fiscalía de Estado, que se realicen los procedimientos necesarios ante los organismos competentes para declarar la insconstitucionalidad de las resoluciones nacionales que han determinado la entrega de tierras en el Sur de la provincia”.
“Por años el gobierno nacional ha permitido la desidia que hemos visto en la Patagonia en materia de seguridad, protegiendo a grupos que dicen ser descendientes de pueblos originarios y que someten los principios de libertad y propiedad privada. En Mendoza no lo permitiremos”, afirmó el mandatario.
Y sentenció: “Lo dije hace un año de manera exagerada, si no le damos la seriedad y la institucionalidad que el tema merece, alejándonos de los discursos fanáticos, vamos a tener estos grupos exigiendo la entrega de propiedades en toda Mendoza”.
De esta manera el gobernador apoyó los reclamos del sector privado de San Rafael que denunció que las tierras otorgadas de El Sosneado son propiedad de la empresa Sominar Sociedad Minera S.A. y que iban a iniciar acciones judiciales contra la medida
La firma es propietaria de la “Estancia El Sosneado”, que actualmente cuanta con unas 328.400 hectáreas aproximadamente. En la zona se encuentra una amplia variedad de gama de minerales, que no son explotados por tratarse de un área protegida.
Por esto desarrollan el arrendamiento ganadero en pastos naturales dividida entre puestos de invernada (zonas más bajas en el Este) y los de veranada (en el sector Oeste) para el pastoreo caprino, ovino y vacuno. Áreas enriquecidas por una veintena de ríos y arroyos tributarios de los ríos Atuel y Diamante, que incrementan la pastura para la cría animal.
En la estancia se realizan excursiones de turismo ecológico (trekking, cabalgatas, ciclismo, rafting y montañismo). Según las especificaciones de la compañía, es vecina en el Sudeste de la Estancia de yacimientos petrolíferos en explotación, con más de 120 pozos activos en la actualidad según lo publicado por Sominar en su página web.
Las polémicas resoluciones
A través de las resoluciones 36 y 43 publicadas por el INAI en el Boletín Oficial el pasado viernes, se reconoció la ocupación ancestral de terrenos por parte de dos comunidades mapuches del Sur de Mendoza. Estas son la Lof El Sosneado (San Rafael) y la Lof Suyai Levfu (Malargüe).
Para implementar esta medida, el gobierno de Alberto Fernández se apoyó en un informe histórico-antropológico elaborado por el INAI. En este estudio se contempló el vínculo que las familias tenían con las áreas en cuestión.
A través de este informe y amparado en artículos de la Constitución Nacional y del Código Civil y Comercial, el Ejecutivo confirmó el derecho a la posesión y propiedad comunitaria de más de 21.000 hectáreas, que con esta decisión se consolidaron como no enajenables, ni transmisibles, ni susceptibles de gravámenes o embargos.
El análisis de los terrenos se llevó a cabo en el marco del Programa Nacional Relevamiento Territorial de Comunidades Indígenas, que depende del Ministerio de Desarrollo Social y tiene por fin “demarcar y relevar el territorio que ocupan las Comunidades Indígenas en forma tradicional, actual y pública”, detalla La Nación.
Lo cierto es que entre los considerandos de ambas resoluciones, se cita a Ley Nacional Nº 26.160 que “declara la emergencia en materia de posesión y propiedad de las Tierras que tradicionalmente ocupan las Comunidades Indígenas cuya personería jurídica haya sido inscripta en el Registro Nacional de Comunidades Indígenas - Re.Na.C.I. - u organismo provincial competente o aquellas preexistentes por el término de cuatro años”.
Ambas comunidades todavía no consiguen la personería jurídica y se encuentran “en trámite”, lo cual contradice a la norma que menciona que deben estar inscriptos.
Las críticas del radicalismo
El senador nacional Alfredo Cornejo fue uno de los primeros en manifestarse en contra y hoy vinculó la detención del activista mapuche Jones Huala con lo sucedido en Mendoza: “El gobierno nacional hizo la vista gorda durante casi tres años mientras en el sur sufrían la violencia de personajes que simulan representar pueblos originarios. Renunciaron ministros para no intervenir. El presidente @alferdez incluso recibió a la madre de Jones Huala”.
“Una lógica peligrosísima. La misma que utilizan para regalarle tierras en Mendoza a mapuches que no son mapuches. Preocupa que se alimente a supuestos líderes que siembran violencia y no reconocen al Estado argentino”, arremetió.
La presidenta provisional del Senado, Natacha Eisenchlas, también utilizó su cuenta de Twitter para manifestarse en contra de la cesión de tierras, poniendo el foco sobre la personería jurídica de las dos comunidades.
“Un club de barrio, una unión vecinal, una asociación de protección de derechos, necesita personería jurídica para acceder al más mínimo subsidio. Pero el kirchnerismo le entrega 21.000 has a la comunidad mapuche en Mendoza, cuyo referente admite que no cumple con ese requisito”, lanzó la legisladora.
Y agregó: “¿Cómo se puede avanzar tanto hacia la falta total de seguridad jurídica, de previsibilidad, de igualdad ante la ley? Mientras, los productores siguen esperando la ayuda nacional, el dólar se descontrola, los jóvenes huyen de nuestro país y el destrato hacia Mendoza es cada vez peor”.
