El gobernador Rodolfo Suarez envió a la Legislatura un proyecto de ley para reformar el funcionamiento de la Suprema Corte de Justicia de Mendoza y, de esta manera, otorgarle instrumentos al alto tribunal para que “pueda desempeñar con mayor celeridad, transparencia y eficacia el servicio de justicia que los ciudadanos merecen y reclaman”.
El mandatario intentará avanzar con las modificaciones del sistema judicial comenzados por su antecesor Alfredo Cornejo, para “adaptar su funcionamiento a la realidad que se vive en la provincia”, tal como señalaron desde Casa de Gobierno.
Desde 2016 el Poder Judicial viene desarrollando una serie de reformas en su funcionamiento. El Gobernador defendió esta iniciativa, al indicar que “resulta conveniente avanzar en la reforma del último estrato en la organización del poder judicial, es decir en la organización, gestión y el funcionamiento de la Suprema Corte de Justicia”.
Esto se logrará si hay acuerdo legislativo, mediante la modificación de la Ley 4.969, la cual rige desde el año 1984.
“De esta forma, todos los miembros del alto tribunal, incluido el Presidente que hoy no cumple función jurisdiccional, entiendan en las causas de todos los fueros, sumando a la equitativa distribución del trabajo, mayor celeridad en las resoluciones y un juez siempre presente para intervenir en la resolución de las causas y dándole a todo el procedimiento mayor transparencia”, sostiene el Ejecutivo en los argumentos del proyecto.
Cambios principales a la Suprema Corte
Para esto, Suárez propone que el alto organismo de justicia “se organice y funcione como un tribunal colegiado o colegio de jueces en relación a todos los casos que ingresan a la Suprema Corte de Justicia”.
Esto es pasar de lo que hoy está vigente: la Sala I (Civil y Comercial) y Sala II (Penal y Laboral) a flexibilizar esta “estructura burocrática y rígida” y que las causas sean asignadas por sorteo a distintos miembros de la Corte; así como así también las causas de competencia originadas de la Suprema Corte de Justicia.
A esto se le suma que si uno de los ministros no puede participar en un determinado proceso, la iniciativa contempla que se realice inmediatamente un nuevo sorteo, a fin de no suspender el acto jurisdiccional.
De esta manera, más allá de sus responsabilidades administrativas, se busca que los magistrados tengan similar función y carga de trabajo. Esto responde, según defendieron desde el Poder Ejecutivo, a las estadísticas que se desprenden del relevamiento realizado sobre las causas ingresadas desde 2018 a junio del 2022.
Allí se observa que el 75% de las causas que ingresan anualmente al tribunal están destinados a la Sala II, es decir, a sólo 3 de sus integrantes, lo que implica un “gran desequilibrio en el funcionamiento y el trabajo”.
“En la actualidad, cada una de las salas jurisdiccionales la integran tres jueces y el Presidente de la Corte permanece eximido de funciones en ellas, salvo los casos excepcionales de subrogancia y plenos y que hoy propongo revisar, toda vez que la asignación de materias por sala ha generado una desproporción de trabajo que ha afectado el correcto y esperado funcionamiento del cuerpo e incluso ha llevado a un uso cuestionado del sistema de asignación de causas originarias”, sostiene Suárez en el escrito enviado a la Legislatura.
Con respecto de las causas donde esté interesado un derecho colectivo o se plantee la inconstitucionalidad de la ley, el proyecto contempla para estos casos a todos los miembros del tribunal para que sea la Corte en pleno la que decida por la referencia de estos casos
