El gobernador Rodolfo Suárez envió antes de fin de año a la Legislatura la ratificación del Consenso Fiscal, documento firmado por la mayoría de mandatarios junto al presidente Alberto Fernández, y que busca establecer parámetros fiscales y tributarios. Si bien se descarta la aprobación general tanto en Diputados y Senadores, recién la discusión se dará durante el mes de febrero, ya que los legisladores votaron un receso hasta el 28 de enero.
Para darle validez al Nuevo Consenso Fiscal, no solo se necesitaba el aval del Poder Ejecutivo, sino también la ratificación de la Legislatura de todas las provincias. Por ejemplo, ya ocurrió en Entre Ríos, aunque no en Santa Fe, donde quedó postergado también en febrero (así como también el Presupuesto).
No obstante, si bien Suárez firmó el lunes en Casa Rosada, envió el proyecto a la Legislatura el jueves sin ningún tipo de anuncio. Ese mismo día también firmó el decreto 2250, que salió hoy publicado en el Boletín Oficial.
La norma ratifica en su artículo 1 el convenio denominado “Consenso Fiscal 2021″ firmado entre los gobernadores y el Presidente, mientras que el artículo 2 eleva el proyecto de ley aprobatorio, que ingresó por Diputados.
En los considerandos del decreto, el Gobierno hace referencia a los compromisos en materia tributaria, endeudamiento responsable, compromisos en materia de responsabilidad fiscal, de procesos judiciales, del gobierno nacional y también compromisos comunes.
Una vez más, hay que dejar en claro que con esta herramienta se da la posibilidad de aumentar impuestos provinciales, ya sea Sellos, Ingresos Brutos, Inmobiliario o Automotor, pero en varias oportunidades el Gobernador ratificó que no se aumentarán impuestos en Mendoza y que se seguirá con la ley Impositiva votada para este 2022.
Además, se especifica como compromiso de la Nación la actualización de saldos pendientes de cancelación por parte de la Nación, que se van a pagar en 12 cuotas. Desde la provincia explicaron que proviene de la firma del Consenso Fiscal en 2017, en el cual las jurisdicciones cobrarían un porcentaje menor en Ganancias e Impuesto al Cheque.
Si bien se fue saldando la diferencia estos años, no se hizo teniendo en cuenta la actualización real, sino la proyectada. De esta manera, cerca de $1.000 millones debería recibir la provincia –según cálculos del ministerio de Hacienda-, y se pagará en los 12 meses de este 2022.
También expresa el decreto que se dejan sin efecto las obligaciones tomadas por las provincias durante los consensos fiscales firmados desde el 2017 hasta el 2020.
En este sentido, se aguardaba un plan plurianual que quitara presión fiscal a los contribuyentes, sobre todo en Ingresos Brutos. No obstante, ese dinero que iban a perder las provincias, sería recuperado con crecimiento del país.
Al no ocurrir eso, se suspendieron las bajas progresivas de impuestos. En Mendoza siguió la baja de las alícuotas, aunque de manera más lenta, y el gobernador Suárez expuso los datos en redes sociales en base a los estudios de la consultora Aerarium.
A modo de ejemplo, el promedio de la presión fiscal a nivel nacional es de 5%, y Mendoza se encuentra en el puesto 11, con el 4,6% (Misiones está primera con el 9%). En tanto, en el ranking del promedio de alícuotas de Ingresos Brutos, la provincia se encuentra en el puesto número 17, con el 3,04% de media (Santa Cruz lidera con el 4,09%).
“Quiero dejar en claro, categóricamente, que en Mendoza no se van a aumentar impuestos y tampoco se crearán nuevos”, aclaró el Gobernador.
El otro punto a tener en cuenta es que se habilita la creación de un nuevo impuesto, a la herencia. Sobre este punto, el Gobierno ratificó también que no lo aplicará.
El fin de este Consenso Fiscal que no tendrá impacto ni cambios en Mendoza, es dar una señal de acercamiento desde el Poder Ejecutivo con la gestión de Alberto Fernández. De hecho, en la mira está la renegociación de unos $20.000 millones con organismos que dependen de Nación y la estrategia local es poder encontrar acuerdos y volcar ese dinero en obras públicas.
Aprobación, pero con críticas
Se cree que UCR y PJ aprobarán el proyecto en febrero, ya que responden o al Gobierno Provincial, o al Gobierno Nacional, impulsores del consenso, aunque habrá que ver lo que defina el bloque Frente de Todos-PJ, que endureció sus posiciones con Suárez.
Habrá votos en contra, incluso desde el mismo frente oficialista, teniendo en cuenta que Cambia Ya lanzó un comunicado con críticas a la firma del Consenso Fiscal, al igual que el Pro.
“Gobernador nos comprometimos a otra cosa, no es momento de firmar este consenso que tiene olor a extorsión. El camino es el que viene haciendo la provincia bajando impuestos y no consintiendo que se aumenten”, dijo el presidente del Pro, Álvaro Martínez, en Twitter. No obstante, indicó a Los Andes que verán el texto “a ver qué es lo que plantea. Lo vamos a leer”, manifestó.
En tanto, desde Cambia Ya, espacio liberal de Cambia Mendoza, pidieron que se “suspenda” la firma del mismo “hasta tanto las graves consecuencias de hacerlo sean discutidas y analizadas en la Legislatura de Mendoza en consulta con las fuerzas empresariales y productivas de toda la provincia”.
En diálogo con Los Andes, la diputada Josefina Canale no dijo igualmente que vayan a votar en contra. “Tendríamos que ver de qué se trata el proyecto, lo que proponíamos era que pasara antes por la Legislatura para dar una señal de apoyo al Gobernador porque después se agarran de estas cosas desde Nación para extorsionar”, comentó.
Del lado de Ciudadanos por Mendoza, hoy Partido Verde, el senador Marcelo Romano criticó con dureza el acuerdo, al indicar que el consenso fiscal “ha sido una muestra más de la decadencia política de nuestro sistema. Y más en Mendoza”.
“Nuestro Gobernador manso y tranquilo firmando la creación de impuestos y aumento solapado de los existentes. ¿Cuánta carga impositiva se aguanta el manso pueblo hincha fanático de alguno de los extremos de la mentirosa grieta?”, lanzó.
De igual manera se mostró Lautaro Jiménez, senador del Frente de Izquierda y de los Trabajadores (FIT): “Desde el FIT lo vamos a rechazar en el mismo sentido que el Presupuesto, profundiza el ajuste que deriva en desfinanciamiento de la salud y la educación”.
Desde el PD, Mercedes Llano también se mostró crítica respecto a la firma del Consenso Fiscal. “Lamentablemente esta edición -extorsiva para Mendoza- del Consenso Fiscal 2022 contribuirá a asfixiar aún más al sector privado con una agobiante y paralizante presión tributaria. El camino es el de la racionalización del gasto, no el del despilfarro a costa de castigar a los contribuyentes”.
Demandas, a esperar
En el punto número 13 del Consenso Fiscal, se establece que las provincias “se comprometen a abstenerse por un período de un año de iniciar procesos judiciales, y suspender por igual término los ya iniciados, relativos al Régimen de Coparticipación Federal de impuestos, a afectaciones específicas de recursos y transferencias de competencias, servicios o funciones, por hechos anteriores a la entrada en vigencia de este Acuerdo, con excepción de aquellos que cuenten con sentencia firme y aquellas acciones que se inicien al solo efecto de interrumpir la prescripción, cuando ésta se produzca durante el lapso antes referido”.
Más allá de la firma, desde el Gobierno volvieron a aclarar que no se ha renunciado a ninguna demanda, y que se seguirá recopilando información en lo que respecta al envío de fondos discrecionales. Según la visión del Ejecutivo en base a datos de Nación, Mendoza fue perjudicada al no recibir por lo menos unos $16.000 millones en los últimos dos años en este concepto, si se compara con la media nacional.
