El gobernador Rodolfo Suárez viajará a Buenos Aires el lunes y firmará un nuevo consenso fiscal en conjunto con el resto de los mandatarios -no todos asistirán- y el presidente Alberto Fernández, luego de experiencias complicadas con los anteriores procesos de acuerdos tributarios que comenzaron en el 2017. No obstante, el objetivo principal de la participación del mandatario tiene otro fin, que es mantener una buena relación con la Nación, ya que tiene la mira puesta en intentar renegociar unos $20.000 millones de deuda que tiene Mendoza con organismos nacionales y que vencen en 2022.
Esta nueva propuesta de consenso abre la vía a las provincias a aumentar impuestos (tales como Ingresos Brutos, Inmobiliario y Sellos) por encima de lo acordado en el consenso fiscal 2017, así como también implementar un nuevo “impuesto a la Herencia”, pero en Casa de Gobierno anunciaron que Mendoza “no se crearán ni aumentarán impuestos”, y se ratificará la ley Impositiva votada a comienzos de noviembre por la Legislatura para el 2022.
Según informó la secretaria de Provincias del Ministerio del Interior, Silvina Batakis, este consenso “ratifica las alícuotas máximas que estaban vigentes en 2019, 2020 y en 2021″, y las provincias mantendrán su potestad tributaria, por lo que será decisión de cada jurisdicción aumentarlas o no. En el caso de Mendoza, está por debajo del límite máximo en todas las alícuotas, pero las mismas “no se subirán”, aseguraron.
Se espera que la firma se realice con todas las provincias, aunque no lo hará el jefe de Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Horacio Rodríguez Larreta, quien manifestó desde hace tiempo su inconformidad con la Nación cuando el Presidente decidió quitarles un punto de coparticipación y redestinarla al gobierno de Buenos Aires, conducido por Axel Kicillof.
Por qué firmará Mendoza
En Casa de Gobierno sostienen que en Mendoza no tendrá prácticamente impacto este nuevo consenso fiscal, pero se intentará dar un mensaje de acercamiento con el Gobierno Nacional, en vísperas de un 2022 que se prevé complejo en términos económicos y en el cual el Poder Ejecutivo intentará renegociar deudas por alrededor de $20.000 millones con organismos que dependen de la gestión que conduce el Presidente.
En diálogo con Los Andes, el ministro de Hacienda Víctor Fayad sostuvo que, de no firmar, podría alejar la relación con Nación, y por ende, poner trabas en la renegociación de las deudas que se mantienen con la Anses, el Banco Nación y el Fondo Fiduciario Federal de Infraestructura Regional (Fffir).
Si bien es cierto que no hay nada estipulado en la letra del consenso fiscal sobre reestructuración de deudas provincias-nación, Suárez no pretende tensar aún más la cuerda que hay con el kirchnerismo nacional, sobre todo por el pasado reciente que atraviesa la provincia, que ha quedado última en el reparto de recursos discrecionales en los dos años de mandato de Fernández.
Por otro lado, la firma del consenso “facilitará y agilizará” según Fayad el pago de una compensación que les debe abonar Nación a las provincias producto del consenso 2017, que ronda los $1.000 millones.
Esta compensación hace referencia a una baja que hubo desde aquel año en impuestos coparticipables como impuesto a las Ganancias y al Cheque. “Como les llegaba menos dinero a las provincias, Nación se comprometió a la compensación de esa diferencia y se actualizaría año a año por la inflación. El tema es que se realizó por la inflación proyectada en los presupuestos y no las reales”, expresó Fayad.
De esta manera, se ajustará dicha compensación en 12 cuotas, por lo que el dinero llegará de igual manera “licuado”, según sostuvieron fuentes cercanas a Casa de Gobierno. No obstante, Fayad consideró que esa medida es el “mal menor” que si no se tuviese ese dinero, ya que si Mendoza no firmara, debería judicializar ese monto diferencial, lo que representaría meses o incluso años de litigio.
Puntos en contra
Recordemos que el consenso fiscal nació en 2017, momento en el cual el ex presidente Mauricio Macri firmó con la mayoría de gobernadores un programa plurianual que contemplaba la baja progresiva de impuestos distorsivos (entre otras cuestiones importantes), tales como Ingresos Brutos (IIBB) y Sellos.
No obstante, el crecimiento que se estipulaba para los años subsiguientes -que compensarían la baja en la recaudación de las provincias – no se dio, por lo que luego se fue suspendiendo ese programa. En el caso provincial, si bien no se cumplió a rajatabla la baja de impuestos tal como se establecía en el consenso, siguió con la baja progresiva la disminución de los impuestos distorsivos. De hecho, Mendoza ha sido una de las pocas provincias del país que no aumentaron impuestos luego de la suspensión del consenso fiscal.
Otro de los puntos importantes en los que la gestión de Suárez ha manifestado su inconformidad, es que la Nación “no ha cumplido los compromisos asumido como el de la eliminación de subsidios diferenciales, como los que tiene la zona del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) en materia de Transporte y Energía.
En tanto, tampoco se ha avanzado en trabajar un nuevo régimen de coparticipación, y más teniendo en cuenta que ha sido uno de los principales objetivos tomados por Nación y las provincias en dicho consenso. Tanto Mendoza como Buenos Aires son las provincias más perjudicadas por la distribución de recursos coparticipables per cápita.
Acuerdo con oficialistas
Según información de Télam, el nuevo consenso fiscal fue analizado por el jefe de Estado y 13 mandatarios provinciales peronistas que se reunieron la semana pasada en la residencia de Olivos, en un encuentro en el que se trataron las partidas presupuestarias de cada distrito para el año próximo y se registraron las expresiones de preocupación de los mandatarios por el rechazo opositor al Presupuesto 2022.
Ese mismo día, Suárez y el resto de gobernadores opositores, como Rodríguez Larreta; el de Jujuy, Gerardo Morales; y el de Corrientes, Gustavo Valdés; se reunieron aparte y criticaron el fallido Presupuesto 2022 que había presentado la Nación.
Pese a la firma del consenso fiscal, Mendoza no renuncia a la demanda contra Nación
Por otro lado, es importante marcar que el acuerdo imposibilita en su último artículo a la presentación de demandas judiciales desde las provincias contra la Nación relacionadas con la coparticipación de impuestos por el año que dura el acuerdo.
En este sentido, si bien la provincia no podrá demandar por este plazo a Nación por unos $16.000 millones en base a la discriminación en la entrega de recursos discrecionales durante los dos años de mandato del presidente Fernández, sigue en su curso con los estudios de viabilidad de la posible demanda a futuro.
Cercanos al Gobernador manifestaron que la firma “no implica una renuncia” a la posible demanda y agregaron incluso que la misma “está en estudio de viabilidad”, en manos de Ricardo Canet, asesor de Gobierno de Suárez.
Fayad informó además que el consenso habla de la “obligación de sancionar un nuevo régimen de coparticipación, como deber común de las partes que lo firman, por lo que el consenso nos habilitaría con más formalidad a reclamar ese compromiso”.
Sin embargo, aclaró que la restricción es “solo por un año por lo que no nos complicará si queremos preparar y presentar un reclamo a Nación”.
