En Casa Rosada hoy al mediodía habrá cónclave de gobernadores y el presidente Alberto Fernández, aunque algunos mandatarios provinciales participarán virtualmente. El motivo es de vital importancia para el Gobierno Nacional, porque pretende abrochar un pacto fiscal que finaliza con aquel que se firmó durante la gestión de Mauricio Macri y que contemplaba bajas progresivas en impuestos a los Sellos e Ingresos Brutos.
El único que no participará es Horacio Rodríguez Larreta, el Jefe de Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA), por la quita de un porcentaje de la coparticipación de su distrito.
En Mendoza el clima es distinto: no ven con malos ojos la propuesta porque se tuvieron en cuenta algunas ideas locales.
Rodolfo Suárez viajará hoy a Buenos Aires para asistir a la firma del Consenso Fiscal 2021. El acuerdo se viene negociando con las provincias desde hace varias semanas, con el ministro del Interior, Eduardo De Pedro y la secretaria de Provincias, Silvina Batakis. El acto oficial será en el Museo del Bicentenario y lo encabezará el Jefe de Estado.
Entre los puntos centrales, está el tope a una rebaja progresiva de impuestos que se había pactado en 2017. Los más críticos a ese texto, aseguraban que la intención de Macri era unificar las alícuotas máximas de Ingresos Brutos y reducirlas gradualmente para que, al cabo de unos años, las actividades exportadoras quedaran exentas.
“El año pasado se firmó una corrección con Alberto Fernández. El consenso del 2017 tenía el espíritu que era que se bajara presión impositiva en impuestos distorsivos y era gradual a 5 años, con la esperanza de que la baja se compensara con el crecimeinto de la economía. En el 2020 se suspendió la baja de impuestos, y este año también. Eso lo esperábamos, en la Ley Impositiva aprobada lo teníamos previsto”, indicó Lisandro Nieri, ministro de Hacienda y Finanzas a Los Andes.
El funcionario destacó también la recepción de Nación a las propuestas hechas por Mendoza: “tuvimos muy buen eco a una serie de puntos, que eran mejorables en lo impositivo, y en el tema de los juicios, que era una tregua en un año complicado”.
Circulaban algunos borradores en las últimas horas, y de acuerdo a lo que se desprende de allí, a cambio de no bajar impuestos, la Nación les exigirá a los gobernadores que por un año no avancen en demandas contra el Estado Nacional en materia de impuestos coparticipables. Esta especie de pipa de la paz, no implica que tengan que renunciar a las demandas ya iniciadas, sólo limita las que iban a ingresar.
Otro de los pedidos a los que adherirán los gobernadores es que restrinjan el endeudamiento en divisas estadounidenses o al menos no aumenten el “stock de deuda” en esta moneda.
Sin embargo, habrían algunas excepciones, por ejemplo las líneas de crédito con organismos multilaterales de crédito o con acreedores institucionales siempre que otorguen financiamiento de largo plazo.
También quedarían afuera del pacto, los desembolsos pendientes originados en convenios firmados con anterioridad al 31 de diciembre de este año. Y por último, tampoco abarcaría a los incrementos de stock generados por las operaciones que directa o indirectamente impliquen administración de pasivos o canjes o reestructuraciones de los vencimientos de intereses o amortizaciones de capital de títulos públicos emitidos con anterioridad al 31 de diciembre de 2020.
Eso sí, las evaluaciones del cumplimiento de lo acordado serán realizadas al 30 de junio y al 31 de diciembre de cada año y se considerarán a efectos de autorizar las operaciones de endeudamiento de las Provincias y CABA.
La demanda por el Fondo Soja no se cae
En el caso de Mendoza, está activo el litigio por la eliminación del Fondo Federal Solidario, más conocido como Fondo Soja. La Provincia reclama U$S 75 millones (hasta abril, era algo más de $5.400 millones).
Además, se estaban ultimando detalles para avanzar con el reclamo por las regalías de la represa Los Nihuiles, hoy compartidas con La Pampa. Esta demanda tiene una denegatoria tácita de la Nación, porque no ha respondido a los reclamos administrativos de Mendoza. De acuerdo a lo que señaló el ministro Nieri a Los Andes, se podría iniciar este juicio en caso de que hubiera riesgo de prescripción. Fue un pedido explícito de la provincia justamente por esta causa en particular.
Volviendo al Fondo Soja, el reclamo se suscitó luego de que Mauricio Macri, eliminara este instrumento. El reparto a las provincias provenía de las retenciones del 30% de las exportaciones de granos de soja y del 27% de harinas y aceites.
Mendoza recibió $764.034.587 en 2017, mientras que en 2018 debía recibir $944 millones, pero sólo llegaron $659 millones, perdiendo $285 millones. Con Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) firmado por Macri en 2018, para 2019 se contaba con $708 millones que no llegaron. El número bajaba porque, progresivamente, la Nación reducía el porcentaje de retenciones a la soja.
