El gobierno de Rodolfo Suárez ha comenzado a pensar en el 2023 y en la necesidad y posibilidad de “rollear” la deuda en dólares que se reestructuró en el 2020, que tendrá en marzo sus primeros vencimientos fuertes de capital. La idea en mente es tomar otro crédito en pesos, adquirir con esos fondos dólares del Banco Central a valor oficial y saldar las cuotas del año que viene, para que se mejoren sensiblemente las condiciones de las acreencias.
No obstante, a sabiendas de que es prácticamente un hecho que el Frente de Todos no aceptará dar la autorización del roll over -pagar vencimientos de una deuda tomando otra en mejores condiciones y plazos- cuando se presente el proyecto del Presupuesto del año que viene (sobre todo porque el 2023 será un año electoral), en Casa de Gobierno se está pensando una estrategia que ya ha levantado polémica y seguramente generará controversias: avanzar en la refinanciación de la deuda, que en 2023 será de U$S 120 millones, sin necesidad de tener la autorización de los dos tercios de la Legislatura.
Incluso, se evalúa pedir una Acción Declarativa de Certeza a la Suprema Corte de Justicia para que dictamine sobre la forma de interpretar las leyes que regulan la toma de préstamos y refinanciamientos de la provincia. Esto agitaría nuevamente las aguas de un máximo tribunal que está sumido en la grieta de los “filoperonistas y filoradicales”, además de voces del PJ que ya tildan de “inconstitucional” la jugada en mente que tiene el radicalismo.
En términos legales, por un lado, es el artículo 41 de la Constitución Provincial el que regula la toma de los créditos. En su primer párrafo, establece que “no podrá autorizarse empréstito alguno sobre el crédito general de la Provincia, ni emisión de fondos públicos, sino por ley sancionada por dos tercios de votos de los miembros presentes de cada Cámara”.
Además, marca que “toda ley que sancione empréstito deberá especificar los recursos especiales con que deba hacerse el servicio de la deuda y su amortización”.
No obstante, hay un artículo de la ley 8706 de Administración Financiera que permite, en algunas circunstancias, la reestructuración de una deuda sin necesidad de pasar por la Legislatura, que es donde apunta Suárez.
Ese es el 68, que marca que el Poder Ejecutivo “puede realizar operaciones de crédito público para reestructurar la deuda pública mediante su consolidación, conversión, reprogramación, refinanciación o renegociación, en la medida que ello implique un mejoramiento de los montos o plazos o intereses de las operaciones originales o permita liberar o cambiar garantías o bien modificar el perfil o costo de los servicios de la deuda o cualquier otro objeto en la medida que resulte conveniente para la Provincia (…)”.
Estrategia local
Aquí es donde está el quid de la cuestión. Desde la Gobernación sostienen que se puede hacer una interpretación un poco más “liviana” del artículo 68, y que bajo ese paraguas se podría avanzar con la herramienta del roll over de la deuda en dólares para el año que viene.
Este artículo 68, ha servido históricamente de herramienta para reestructurar deudas, es decir, cuando se ha negociado directamente con el acreedor, y en el que se “cambian” las condiciones de una deuda por otras en mejores condiciones.
En Mendoza, los últimos dos casos fueron en el 2020 con el bono en dólares por U$S 500 millones (PMY24), que ahora se pagará con mejoría de tasas y plazos hasta el 2029 (y en la que se quiere aplicar el roll over para 2023); y el préstamo con el Banco Nación, que se reestructuró en marzo de este año.
Sin embargo, en los últimos años en Mendoza, tanto radicales como peronistas, la herramienta del roll over ha sido interpretada como la generación de una “nueva deuda”, más allá de que ese crédito, en los números, no incremente las obligaciones. Por eso se ha solicitado autorización legislativa.
Hasta el día de hoy, los últimos gobiernos, como el de Francisco Pérez, Alfredo Cornejo e incluso Rodolfo Suárez, en algún momento de su gestión tuvieron problemas cuando pensaron en rollear una deuda, ya que en oportunidades no consiguieron los dos tercios de la Legislatura.
No obstante, ahora se abre una ventana para Suárez, y es el de la interpretación del artículo 68. Según argumentan, “no tiene suficiente precisión” la norma como para establecer si se puede o no refinanciar. Y se preguntan: “¿Qué sentido tiene que se puedan refinanciar unas deudas y otras no?”.
“Nuestro argumento es que la Constitución pide dos tercios para generar la deuda, pero no para administrarla. Estamos usando una para pagar la otra. ¿Por qué una norma nos impediría hacer un manejo eficiente de los pasivos?”, acotaron.
En este sentido, aseguran que la interpretación “restrictiva” de la ley marca que “no se puede hacer nada que no implique que en la misma operación cambies una cosa por la otra”.
No obstante, el Gobierno asegura que tomando deuda en pesos para pagar la que es en dólares “mejora el perfil de vencimiento”.
“Si salimos a colocar un bono ahora, en algún momento vamos a tener las dos deudas. Pero ésta nueva tiene destino específico, y es pagar la deuda en dólares. Para nosotros, la norma no nos lo impide”, marcaron, y agregaron que hasta el momento “no se ha testeado formalmente a los organismos de control”.
Paso a paso
De esta manera, en el ministerio de Hacienda, que conduce Víctor Fayad, se están realizando los informes técnicos y legales, en los que se hará enfoque en la conveniencia de tomar un crédito en pesos para saldar los dos vencimientos en dólares del año que viene.
El año que viene vencen U$S 120 millones, de los cuales U$S 60 millones se deben saldar en marzo; y los otros U$S 60 millones serán en septiembre. Teniendo en cuenta la curva Rofex del dólar futuro, se espera un dólar a $220 en marzo del 2023, por lo que Mendoza debería tener un crédito por $13.200 millones para saldar esa primera cuota de deuda.
“¿Qué norma nos impide tomar un crédito con tasa real negativa, como es Badlar +4%, para pagar una en dólares con tasa de 5,75%?”, insistieron.
Cuando se terminen los informes del crédito en Hacienda, se pedirán dictámenes a Asesoría de Gobierno y Fiscalía de Estado, como se realiza cuando se quiere tomar cualquier tipo de deuda. El paso siguiente será la Nación, donde se necesita la autorización tanto del ministerio de Hacienda, como también el de Economía.
“Estamos empezando a hacer este caminito para ver si la normativa vigente permite o no refinanciar este tipo de deuda”, expresaron.
La Justicia en la mira y los ojos en alerta del PJ
Si el Gobierno no tiene reparos en estas instancias, avanzará. No obstante, si hay algún tipo de dudas por parte de estos organismos, es un hecho que Suárez enviará una Acción Declarativa de Certeza a la Suprema Corte de Justicia.
“La acción judicial quedará en función de cómo evolucionen los dictámenes administrativos. Y depende de la justificación veremos cómo hacemos con la Justicia”, indicaron.
En términos políticos, dirigentes del peronismo ya advierten que este tema se judicializará si Suárez sigue adelante, y aumentará más el enfrentamiento entre los espacios políticos. De hecho, algunos auguran desde ya un posible 4 a 3 de los miembros de la Suprema Corte, en favor del Gobierno.
“Hace por lo menos 10 años que se da por hecho que el roll over necesita los dos tercios legislativos. Después de eso, ¿qué se va a decir? ¿me equivoqué, nunca hizo falta? Sería una contradicción”, afirmaron fuentes ligadas al justicialismo.
También recordaron que el radicalismo en varias oportunidades intentó modificar el nombrado artículo 68 de la ley de Administración Financiera, para que se autorizara a hacer uso del crédito para pagar las amortizaciones de la deuda. “Por algo se pidió esta modificación, básicamente porque actualmente la ley no lo permite”, aseguraron.
Al margen de todo, si Mendoza finalmente no puede acceder a roll over, desde el Gobierno adelantaron que de igual manera saldarán la deuda. “Deberemos ajustarnos los cinturones, que es a lo que juega la oposición en un año de elecciones. No obstante, nos darán una llave para decir que volvimos a bajar la deuda. Creemos que es una picardía no poder agarrar pesos y pagar dólares. Y es absurdo que una norma te impida hacer eso”, finalizaron desde Casa de Gobierno.
El año que viene, Mendoza, además de los U$S 120 millones, deberá afrontar el pago de $17.000 millones más, en lo que corresponde a los vencimientos de deudas en pesos.
