El gobierno provincial tuvo un avance importante en la situación judicial que se encuentra enmarcado el proyecto hidroeléctrico Portezuelo del Viento. Es que la Procuración General de la Nación aceptó el recurso de amparo presentado por el gobernador Rodolfo Suárez y de esta manera la Corte Suprema de Justicia deberá dictaminar sí existe “mora” en el laudo del presidente Alberto Fernández.
La presidenta provisional del Senado, Natacha Eisenchlas, fue la encargada del oficialismo en dar la noticia. A través de su cuenta de Twitter informó: “Un paso más hacia la definición sobre Portezuelo. Ante la indiferencia del gobierno nacional por los mendocinos y nuestro futuro, traducida en la demora en laudar, el Gobernador interpuso un recurso de amparo que fue aceptado por la Procuración General de la Nación”.
“Esto significa que la CSJ tiene la competencia para dictaminar sobre otro ejemplo de destrato hacia nosotros. Es lamentable que tenga que llegarse a esta situación en la que Mendoza, una vez más, debe recurrir a la Justicia para lograr lo que le por derecho le corresponde”, completó la legisladora.
Luego el gobernador comentó, tras hacer entrega de diplomas del programa Mendoza Futura en un acto en el Arena Aconcagua: “Es un amparo por mora para que el presidente se expida porque ante esa indiferencia de no decir nada en el laudo, que es la obligación que tiene, hemos tenido que recurrir a la Justicia para que ellos lo obliguen a hacerlo. No es menor que ya se determine que la Corte es competencia, así que ahora esperamos los pasos procesales que siguen”.
LA ÚLTIMA INSTANCIA LEGAL
El pasado 25 de octubre el gobernador presentó un amparo por mora ante la decisión del presidente de no expresarse ante las diferentes posturas de Mendoza y La Pampa por el estudio de impacto ambiental.
“Viajé a Bs As para presentar ante la CSJ un amparo por mora que emplaza al Presidente a laudar por Portezuelo. Elevamos este recurso con el fin de agotar todas las instancias legales”, expresó el mandatario en su cuenta de Twitter en ese momento.
El máximo tribunal no tiene plazos para resolver y en el Gobierno esperan, que haya una pronta respuesta por parte del Jefe de Estado.
“Se hace imprescindible que la Administración dicte, de manera expedita, el acto administrativo solicitado ya que es un derecho que le compete a mi mandante establecido por ley”, dice el texto firmado por Suárez junto a Juan María Díaz Madero, abogado del Gobierno provincial en Buenos Aires.
En el texto del amparo presentado, se cita el artículo 28 de la Ley Nº 19.549 que indica los pasos a seguir. Una vez presentado el petitorio, si la justicia lo considera pertinente, le requerirá en este caso a Alberto Fernández (en un plazo fijado) que “informe sobre las causas de la demora aducida”. Una vez contestado este requerimiento o vencido el plazo sin que se lo hubiere evacuado, “(…) se resolverá lo pertinente acerca de la mora (…)”.
LAS ACCIONES PRESENTADAS
El amparo por mora presentado es por no haber tenido respuesta alguna en el laudo presidencial solicitado aquel 26 de junio del 2020 y que consta en el acta 73 del Consejo de Gobierno del Coirco. Fue recordada la votación 4 a 1 en favor de La Pampa que solicitaba la realización de una Evaluación de Impacto Ambiental Regional en toda la cuenca del Río Colorado en base a la Ley de Obras Hidráulicas Ley 23.879. Y que para realizarlo, tomara como antecedente el ya hecho por dos universidades nacionales como son la de La Plata y la del Litoral, además de los estudios anteriores llevados a cabo por la UNCuyo, la UTN Mendoza y el de la UN de La Pampa.
También Mendoza se había opuesto al desarchivo del expediente realizado por Eduardo De Pedro, ministro del Interior y presidente del Comité Interjurisdiccional del Río Colorado, dándole a La Pampa la posibilidad de reclamar por la obra.
De ahí en más, fueron todas acciones administrativas las realizadas por Mendoza pidiendo por una definición del presidente Alberto Fernández, de acuerdo al reglamento del Coirco.
El mecanismo se activó el 15 de marzo, y desde allí no hubo respuesta, pese a que la normativa del Coirco es clara en los tiempos. Desde el 8 de abril, de acuerdo al amparo presentado, “comenzaron a correr los diversos plazos que contempla el artículo 29 del Estatuto para la emisión del laudo arbitral”.
La norma prevé treinta días para recabar “informaciones y antecedentes” que, de acuerdo al texto vencieron el 24 de julio. Luego debían correr los primeros 30 días hábiles para Fernández, pudiendo pedir 30 días más de prórroga mediante resolución fundada, vencidos el 22 de agosto.
Por ese motivo, el Gobierno presentó un pronto despacho el día 29 de agosto de este año y pasados esos 30 días hábiles, no hubo decisión por parte del Jefe de Estado al 12 de octubre. Así, se llegó hasta la instancia del máximo tribunal.
