Algo que se ha vuelto casi habitual en estos últimos seis años radicales es el dictado de pautas concretas sobre el control de gastos. En 2022 se ajustará aun más la rienda a las erogaciones, porque la Ley de Responsabilidad Fiscal de la Nación tendrá peso sobre el decreto 35 que se publica hoy y suma restricciones a las arcas provinciales. “No se podrá aumentar el gasto por encima de la inflación”, explicó Víctor Fayad, ministro de Hacienda y Finanzas a Los Andes.
Si bien los ejes son los mismos que en los años anteriores, desde la gestión de Alfredo Cornejo hasta lo que va de la era Rodolfo Suárez, hay cosas que queda más claras. El congelamiento de la planta de personal, las mayores dedicaciones horarias, apurar el proceso de jubilaciones de los estatales, e incluso la baja de teléfonos celulares pagados por el Estado, son algunos tópicos contemplados por la restricción de gastos públicos. El personal de la Dirección General de Escuelas tendrá más ojos encima, al igual que los organismos descentralizados como la Obra Social de los Empleados Públicos (OSEP).
“Frente a un año de mucha incertidumbre, no sabemos si se va a cerrar o no el acuerdo con el FMI, si vamos a poder refinanciar o no nuestra deuda, cómo vamos a cerrar la paritaria y cómo va a reaccionar la actividad. Frente a eso necesitamos ponernos más encima de todas las decisiones que afecten al gasto”, se sincera Fayad mientras abre el paraguas.
Las restricciones en personal y gastos
Es cierto que la letra chica no difiere mucho de los textos que en temporadas estivales suele llamar la atención en el Boletín Oficial, como también es cierto que algunos ajustes en las palabras no dejan posibilidad de dobles interpretaciones.
“Es una forma para que el Ministerio de Hacienda tenga bajo su órbita el mayor control sobre el gasto posible. De alguna manera, queremos intervenir en las decisiones importantes del resto de los organismos”, explicó Fayad.
Uno de los alcances involucra al sector educativo y a la planta de personal en general en cuanto a altas. El resto de las áreas del Poder Ejecutivo no podrán incrementar la nómina excepto los incrementos que provengan de cumplimiento de acuerdos paritarios, adscripciones, transferencias de personal que no impliquen mayor costo y los cargos ganados por concurso.
Las restricciones en el aumento del recurso humano abarcan a todo el personal docente. “Queremos tener un poco más de control sobre eso”, expresa el funcionario provincial. Por otra parte se renovarán contratos siempre que se trate del mismo empleado, objeto e importe.
Otro cambio apunta a los organismos descentralizados, como el Instituto Provincial de la Vivienda y OSEP, entre otros. Se les pedirá que dicten normas en donde se establezca la necesidad de contar con el aval del Ejecutivo para modificar la situación del personal.
“Al final de cuentas, reciben fondos de la Administración Central y necesitamos tener un control de en qué se gasta. Las decisiones las toman ellos y los problemas llegan a Hacienda”, justificó Fayad.
No habrá impedimentos para quienes estén en condiciones de jubilarse. Las autoridades de cada área deberán realizar todos “los actos útiles necesarios, antes del 30 de marzo de 2022″, a fin de que los trámites de inicio de jubilaciones se inicien con “la debida anticipación” y que quienes cumplan los requisitos para acceder al beneficio, lo hagan efectivo “a la mayor brevedad posible”.
Otro de los puntos que se ven afectados por el decreto es el otorgamiento de nuevos adicionales por mayor dedicación, dedicación de tiempo completo, mayor horario y adicionales similares, salvo que tengan autorización y crédito presupuestario correspondiente.
Hasta los celulares siguen quedando bajo la órbita de Hacienda. Sólo podrán tener celulares oficiales: Suárez, los ministros, secretarios del Poder Ejecutivo, los subsecretarios y directores.
Las excepciones deberán contar con autorización y deberán exponer razones justificadas. De hecho, quienes tengan en su poder celulares oficiales y no cuenten con la autorización para su tenencia, deberán reintegrarlos en la Dirección General de Administración de su jurisdicción.
Control de gastos versus emergencia financiera
El desembarco de la pandemia aceleró el tratamiento de la Ley de Emergencia Sanitaria, Social, Administrativa y Financiera de Mendoza. Uno de los beneficios en cuanto a tiempos es la celeridad en los procesos administrativos, como es compras o contrataciones.
Ante un mayor control de gastos puede abrirse alguna duda sobre la convivencia con la legislación vigente. “Todo lo que es emergencia busca celeridad. La ley está por encima del decreto, pero no todo el mundo puede agarrarse de la emergencia para relajar los controles”, avisó el ministro de Hacienda y Finanzas.
“Las licitaciones están reguladas por la ley de compras y los ministerios van teniendo algunas restricciones de partidas. No pueden licitar sino tienen la partida”, indicó. Mensualmente, las erogaciones que hagan las distintas jurisdicciones del Poder Ejecutivo, los organismos descentralizados y las Cuentas Especiales, no podrán superar el 8,33% del crédito vigente (mensual y acumulativo) de enero a octubre y del 8,35% para noviembre y diciembre. Básicamente es distribuir la partida durante todo el año para no comprometer gastos sin efectiva recaudación.
Con dos años de rodaje de pandemia, el funcionario provincial separó del resto las demandas que hay en áreas de salud y afines que siguen abocadas al combate del virus. “Hay excepciones más que nada con salud y alguna situación de ese tipo, pero no se relajan los controles. Si mañana hay que salir a comprar test, se acelera y se le da la vía rápida. No se discute”, aseguró.
Por otra parte, también resaltó que hay un aprendizaje obtenido de convivir con la pandemia, por lo que no se puede decir que la pandemia los agarró por sorpresa. “Lo ideal es prever y anticiparse”, cerró Victor Fayad.
