El gobernador Rodolfo Suárez elevó al Senado provincial el pliego de Gabriel Balsells Miró como candidato a auditor general de la Oficina de investigaciones administrativas y ética pública.
Balsells Miró, ex legislador y ex funcionario radical, cumplió cinco años al frente del organismo creado a partir de la sanción de la ley de Acceso a la Información Pública y el Poder Ejecutivo pretende que continúe un periodo más.
El pliego ingresó hoy a la Legislatura y deberá ser ratificado por el Senado provincial, donde el oficialismo cuenta con mayoría.
La función del auditor es controlar a los funcionarios públicos, requerir y acopiar la presentación de sus declaraciones juradas de bienes y asegurar que se cumpla el derecho de acceso a la información pública.
Balsells Miró fue diputado entre 2015 y 2018. Antes había sido asesor y subsecretario de Trabajo. Sobre el final de su mandato como tal, el entonces gobernador, Alfredo Cornejo, lo postuló para la conducción de la oficina que se acababa de crear.
Durante su gestión, el funcionario entró en conflicto con el propio Suárez por un dictamen que ordenó que un concejal oficialista dejara uno de los dos sueldos que percibe. Se trata de Luis Manuel López, médico de centros de salud y edil de Tunuyán.
La Oficina de Ética Pública lo emplazó para dejar uno de los puestos, pero López se resistía y el gobernador lo apoyó. “Mi opinión es lo que dice la ley, realmente es una aberración el dictamen que hubo”, expresó el gobernador. A pesar de esta dura opinión, el dictamen fue ratificado por la Oficina de Ética y al final López dejó el cargo de médico. En las elecciones del domingo 30 de abril, fue proclamado como candidato a intendente del departamento.
Otro conflicto se suscitó con la Municipalidad de Maipú, cuyo intendente, el peronista Matías Stevanato, acusó a la Oficina de Ética de “frenar la gestión” con numerosos pedidos de acceso a la información pública.
Maipú recibió la sorprendente suma de 36 planteos en un solo mes: enero. “No son pedidos realizados desde la Auditoría de Ética Pública, los hace la ciudadanía”, aclaró el organismo.
