El gobernador Rodolfo Suárez habló por primera vez luego que se conociera el fallo de la Corte Suprema de Justicia, que declaró parcialmente inconstitucional una frase del artículo 1 de la ley 7722 (que restringe la actividad minera en Mendoza), y reafirmó que la minería metalífera no se va a impulsar durante lo que resta de su gobierno al asegurar que “no hay licencia social” en la provincia.
El mandatario volvió este miércoles a sus funciones al frente de la administración del Poder Ejecutivo luego de haber sido intervenido el viernes pasado por una arritmia cardíaca en el Instituto Cardiológico de Buenos Aires (ICBA). En una conferencia de prensa en la que el frente Cambia Mendoza acordó con el Partido de los Jubilados llevar sus principales proyectos al Congreso de la Nación (y a cambio recibió el apoyo para los candidatos nacionales), también habló sobre la controvertida ley 7722.
“No hay licencia social para llevar a la minería adelante”, dijo Suárez, y zanjó de esta manera algún tipo de especulaciones que se abrieron durante este fin de semana respecto a la posibilidad de que la minera San Jorge pudiera dar un paso hacia adelante (con apoyo político) en su proyecto de explotar recursos de cobre y oro en la zona de Uspallata.
El Gobernador sostuvo que en primer lugar “no debería existir polémica” de acuerdo a este tema que está al menos finalizado en su gestión (luego de la fallida reforma de la ley para habilitar la minería metalífera y posterior derogación de esos cambios en diciembre del 2019 tras amplias protestas sociales) pero también consideró que “nadie debería hacer campaña con esto”. El mensaje fue enviado como un tiro por elevación para el Partido Verde y el Frente de Izquierda y de los Trabajadores (FIT), quienes han declarado en estos días que la ley 7722 y el agua de Mendoza “están en peligro”.
“Les puedo decir a los que manifiestan y hacen campaña, que no lo hagan porque es absurdo, nosotros mas allá de cualquier ley y cualquier fallo escuchamos a la gente”, sostuvo Suárez y reiteró que este gobierno “ha dado muestras de eso; somos empleados de la gente, que son nuestros mandantes a quienes representamos”, marcó el Gobernador.
Tras estas declaraciones fue que pidió “tranquilidad” a la sociedad, teniendo en cuenta que hoy se realizará una manifestación en contra del fallo de la Corte en el kilómetro Cero (Garibaldi y San Martín) y en la que se dirigirán hacia la Legislatura.
“Ya lo he reiterado en varias oportunidades y a quienes hacen campaña con este tema nosotros estamos cuidando el agua. Más allá de cualquier ley o cualquier fallo, escuchamos a la gente”, agregó.
Finalmente, el mandatario, que también es candidato a senador nacional suplente, sostuvo que “la historia dirá a futuro qué pasará con la minería. El gobernante en su momento escuchará al pueblo, pero no la hará si no hay consenso social”, culminó.
Recordemos que en la sentencia que salió la semana pasada, la Corte nacional definió que la ley es constitucional, salvo una frase que está en el artículo 1, que hace referencia a la prohibición de sustancias tóxicas. Si bien se nombra al mercurio, cianuro y ácido sulfúrico como prohibidas, la frase inconstitucional es posterior, cuando marca también la prohibición del uso de “otras sustancias tóxicas similares”.
En términos generales, se declaró inconstitucional la frase ya que “adolece de una gran indeterminación”, por lo que destacaron que se necesita un “mayor grado de previsión y previsibilidad a fin de que cumplan con el estándar de claridad”. No obstante, más allá de esta frase inconstitucional, la Corte nacional declaró constitucional el resto del texto de la ley, tanto de la prohibición del uso de sustancias como mercurio, cianuro y ácido sulfúrico para la actividad minera, así como también la obligatoriedad de que la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) deba ser ratificada y aprobada por la Legislatura.
Mientras tanto, por la tarde cientos de militantes se manifestaron por las calles del microcentro mendocino en el kilómetro cero (San Martín y Garibaldi) en una acción organizada por las Asambleas Mendocinas por el Agua Pura (Ampap), y marcharon hasta la Legislatura. Entre los motivos de la marcha, se pidió por el “No a la minera San Jorge” se exigió el tratamiento de la declaración de área natural protegida a la zona de Uspallata-Polvaredas.
Si bien señalaron que fue una “jugada política” que haya salido el fallo en momentos “donde hay un gobierno nacional y provincial a favor de la megaminería metalífera”, también valoraron el hecho que todo el resto del texto haya sido resuelto constitucional. “La ley fue declarada constitucional. Esa es la parte positiva”, marcaron.
