Esta tarde el Gobierno remitió electrónicamente el nuevo pedido de laudo arbitral para resolver el rechazo de Mendoza a una nueva evaluación de impacto ambiental de la obra Portezuelo del Viento. Así, lo que se resolvió en la reunión que el gobernador Rodolfo Suárez mantuvo el viernes con los representantes del Frente de Todos-Partido Justicialista, empieza a concretarse.
El viernes pasado, tras el encuentro, el Gobierno provincial confirmaba que haría un nuevo pedido de arbitraje presidencial para que Alberto Fernández se exprese en 30 días hábiles. Si pasado ese tiempo, el Jefe de Estado no se pronuncia, o lo hace a favor del estudio de impacto ambiental pedido por La Pampa, Mendoza rediscutirá el destino de los U$S 1.023 millones destinados a Portezuelo.
El viernes Suárez obtuvo una foto potente, cuando la senadora nacional Anabel Fernández Sagasti, llegó a Casa de Gobierno acompañada por los diputados nacionales Adolfo Bermejo, Marisa Uceda, Liliana Paponet y Eber Pérez Plaza. También dijeron presente los jefes comunales Martín Aveiro (Tunuyán), Matías Stevanato (Maipú), Flor Destéfanis (Santa Rosa), Roberto Righi (Lavalle) y Fernando Ubieta (La Paz). La oposición fue recibida por Suárez, junto al vicegobernador Mario Abed y el ministro de Gobierno, Víctor Ibáñez.
La demora podría diluir el envión político obtenido de esa cumbre. Así que a tres días del encuentro, Suárez concreta la gestión, mientras espera que el presidente Alberto Fernández otorga la audiencia que el Gobernador pidió hace casi un mes, para hablar cara a cara del tema.
Este lunes por la tarde, Suárez comunicó a través de Twitter esta gestión. “Convencidos de que estamos dispuestos a realizar todo lo necesario para la concreción de Portezuelo del Viento, hoy reiteré el pedido de laudo al ministro del Interior de la Nación, Eduardo de Pedro, para la concreción de la obra”, expresó.
Agregó que “solo la decisión del Presidente puede clarificar el curso a seguir, siendo la única forma de resolución del conflicto” y remarcó que “más allá de cualquier cuestión procedimental, destaco que urge resolver este conflicto atento a la necesidad de comenzar con las obras que traen empleo, energía y desarrollo, sumado a la importancia de no tener esos fondos inmovilizados”.
El antecedente más cercano de esta historia es el 21 de diciembre pasado, cuando Suárez presentó un pedido de pronto despacho para apurar el laudo arbitral que Mendoza había pedido el 26 de junio de 2020. En esa reunión de gobernadores de la cuenca del río Colorado, La Pampa obtuvo el aval para exigir un nuevo impacto ambiental con el apoyo de las otras tres provincias que conforman el Comité Interjurisdiccional del Río Colorado (Coirco): Neuquén, Río Negro y Buenos Aires.
Casi un mes después, el 20 de enero, la respuesta de Nación fue un comunicado: “a la fecha, no consta en el ámbito de este Ministerio del Interior o del Consejo de Gobierno del COIRCO, presentación alguna por parte de vuestra provincia que dé formal inicio a la instancia de laudo arbitral del Presidente de la Nación”, se lee en la nota firmada por el ministro del Interior Eduardo De Pedro.
Esa respuesta activó la idea de volver a pedir el laudo. Ya en aquel momento, el ministro de Gobierno Víctor Ibáñez decía: “vamos a insistir en que (Alberto) Fernández tiene que laudar”, sostuvo.
