La amplia comitiva de autoridades mendocinas que desde este lunes participará de la feria minera más importante del mundo (Prospectors and Developers Association of Canada, o PDAC) experimenta por estas horas sensaciones encontradas. Ansiedad, por un lado, ante la posibilidad cierta de iniciar el camino hacia una inversión millonaria. Dudas y algo de incertidumbre, por el otro, al no tener la seguridad de que conseguirá al fin que avance un emprendimiento de este tipo en una provincia marcada a nivel internacional por el rechazo a la actividad minera.
Entusiasmo no falta. El gobernador Rodolfo Suárez se encargó de demostrarlo hace poco, cuando le dijo a la prensa que tenía el teléfono “explotado” por las consultas de los interesados en invertir en Potasio Río Colorado, la mina de sales de potasio de Malargüe que escapaba a las restricciones de la ley 7722, pero que por cuestiones económicas fue abandonada por la empresa brasilera Vale en 2012, derrumbando una promesa de inversión de 6.500 millones de dólares y dejando cientos de trabajadores en la calle.
Pero la expectativa que ha sembrado el gobernador contrasta con la cautela y el realismo de los encargados directos de que el proyecto reviva, aunque en un formato tal vez menos ambicioso que el original. Ellos se encargan de recalcar que hace falta mucho más que una serie de reuniones en tres días para cerrar un negocio minero y el Gobierno provincial sabe que no se traerá un contrato firmado de Canadá, ni mucho menos.
En el mejor de los casos, la feria canadiense dará la oportunidad de darle “visibilidad” a PRC y encontrarse con todos los interesados a la vez, en un mismo lugar, en vez de recorrer el mundo para vender el proyecto. Pero a partir de allí, si todo marcha bien, la posibilidad cierta de firmar un contrato llegará recién entre 8 y 9 meses después de estos encuentros.
VARIOS INTERESADOS
“El proceso de buscar un inversor para PRC no es compatible con algunas ansiedades y hay que irlo gestionando”, señala con cierta dureza el ex subsecretario de Energía y actual gerente de la empresa, Emilio Guiñazú.
Acto seguido, baja la persiana a la difusión de quiénes tienen interés en invertir en la mina mendocina. “No voy a dar los nombres, tengo un contrato de confidencialidad y no se puede ir chacoteando con el tema. Hay que respetar las reglas”, afirma.
De todos modos, Guiñazú reconoció ante la consulta de Los Andes que han preguntado por PRC más de diez empresas, aunque por ahora en Canadá hay solamente siete reuniones individuales confirmadas.
Pero se hace evidente que la expectativa mendocina es todavía mayor. El gobernador y los ministros Víctor Ibáñez y Enrique Vaquié estarán tres días en Canadá, pero Guiñazú y otras autoridades de PRC se quedarán dos jornadas más, hasta el viernes.
Los mendocinos tratarán de seducir con un modelo de acuerdo en el que Mendoza pondrá “los fierros” (la infraestructura ya existentes) y el que venga a explotar, la plata. Sobre la envergadura del proyecto, eso dependerá de las negociaciones. “El yacimiento es muy grande y se puede vender el edificio entero o un departamento. Tomaremos la decisión que más convenga”, aclara Guiñazú.
Para avanzar habrá que cumplir con distintos pasos. A la vuelta de Canadá, y en un plazo no menor de 60 días, la Provincia aspira (si hay varios oferentes) a hacer una rueda de “precalificación” no vinculante. Posteriormente vendría una etapa denominada en el mundo de los negocios “due diligence”, que es una profunda auditoría mutua entre los oferentes y la Provincia.
Básicamente quienes oferten verificarán la situación legal y de infraestructura de PRC y la Provincia revisará antecedentes y situación financiera del oferente. Esta etapa podría demorar entre tres y cuatro meses.
Recién entonces llegaría el momento de la o las ofertas vinculantes por PRC. Para guiar este proceso la Provincia cuenta con la ayuda del banco suizo UBS, que actuará de nexo.
Que tarde 8 o 9 meses en cerrarse un contrato por PRC depende de diversas variables que van desde el contexto internacional hasta las políticas del Gobierno nacional. Se habla con insistencia del buen contexto internacional para las sales de potasio, que se usan de fertilizantes de la tierra para la producción de alimentos. El precio viene subiendo y la guerra entre Rusia y Ucrania juegan a favor, pero en la Provincia señalan que esto no es determinante. “Un proyecto minero es por 20 o 50 años y nadie se mete por una guerra”, aclara Guiñazú.
MOTIVADOS
El ánimo de la delegación mendocina está alto. De repente, el horizonte no parece tan negro para la minería en Mendoza: “Tenemos el proyecto minero más grande de la Argentina, factibilizado y preparado para la inversión. Lo que darían otras provincias por tener PRC”, dice Guiñazú.
El gobernador fue con el objetivo de ser la garantía de PRC. “Mendoza no es el destino más receptivo para la minería y por eso es fundamental que esté Suárez”, explica el gerente de PRC.
El último desembarco importante en la feria canadiense fue la antesala de la sanción de la ley 7722. Pero desde entonces Mendoza se empezó a ganar una fama que trasciende la ley. “Los mineros no vienen a Mendoza por la irracionalidad que llevó a la 7722, no por la ley en sí. El problema no es esto, sino lo que generó esto. Ellos se preguntan: ‘¿Quién me garantiza que no salga una ley 7723?’”, razonan en la delegación local.
EL CHANCHITO DE PRC
Potasio Río Colorado SA vive de un “chanchito” de 30 millones de dólares que depositó la minera brasilera Vale cuando se desvinculó del proyecto y traspasó su infraestructura al Gobierno provincial.
Los fondos, aseguran en la empresa que se creó en esta transformación, alcanzan para cubrir los gastos que tiene durante los próximos tres años. “Acá el Estado no pone un centavo para los sueldos y los gastos”, aclaran.
¿Cuánto gasta por mes PRC? Eso es un misterio que en la compañía se niegan a revelar sencillamente porque, al ser una sociedad anónima, no tiene la obligación de hacerlo.
Sí hay flexibilidad en PRC para contar algunas medidas de ahorro que se tomaron para estirar el dinero que quedó en la alcancía. La estructura de personal bajó drásticamente: de cientos de personas que tenía la minera, hoy apenas trabajan nueve en total.
Emilio Guiñazú, quien antes era subsecretario de Energía e intervino de ese modo en las negociaciones del traspaso, así como los otros ocho integrantes de la compañía, se ubicaron en un piso que se encuentra en la esquina de calles Sarmiento y 25 de mayo, en la Capital. Esto significa que no ocuparon el moderno edificio de Vale de calle Montevideo, lugar donde trabajaban nada menos que 300 personas.
Aquel edificio fue alquilado para sacarle dinero. “Con la diferencia pago acá los gastos”, asegura Guiñazú.
Por supuesto que la plata que depositó PRC incluía el pago de labores de mantenimiento y de seguridad, entre otras, en la mina de Malargüe, las cuales se tienen que seguir desarrollando. Las autoridades explican que se tercerizan estos servicios.
A pesar de todo, en PRC aseguran que ejecutaron un ahorro del 30 por ciento o inclusive más, gracias a que se redujeron los gastos que hacía Vale en la época en la que aspiraba a hacer un gran negocio con las sales de potasio en el sur mendocino.
No deja de generar adentro, de todos modos, cierta inquietud el hecho de que PRC no tenga ingresos y viva de su chanchito, que todos los meses tiene un poco menos de plata.
Pero hay alternativas en análisis: “Estamos estudiando qué inversiones en proyectos mineros se pueden hacer”, reveló Guiñazú.
