El Gobierno provincial afina los detalles para reglamentar y dar comienzo al Consejo Económico, Ambiental y Social, una apuesta del gobernador, Rodolfo Suárez, con la que se convocará a las fuerzas vivas de la provincia para discutir los temas más importantes de Mendoza de cara a un mediano y largo plazos que aparecen cargados de complicaciones. Aunque aseguran que participará, el peronismo sigue con sus críticas a un proyecto que alguna vez exigió y duda de que pueda tener el éxito esperado.
Se espera que la primera reunión sea antes del fin de año, teniendo en cuenta que primero debe estar el decreto reglamentario en el Boletín Oficial, y luego tardarán al menos 30 días para elegir las autoridades y representantes. Por este motivo, recién en noviembre podría darse formalmente la primera reunión del Consejo con todos sus miembros.
Según informó el ministro de Gobierno, Víctor Ibáñez, la iniciativa -que se convirtió en ley el 28 de julio- ya tiene un borrador de la reglamentación finalizado. En estos días, este borrador estará en la oficina del Ministerio de Economía y, tras su visto bueno, quedará en manos del Gobernador, para el análisis y la firma.
“El decreto reglamentario no cambia ni la conformación ni forma de trabajo, sino que aclara aspectos”, destacó Ibáñez, con cuestiones técnicas como por ejemplo que serán las cámaras de segundo orden de los sectores empresarios los que comunicarán sus representantes; o cómo será la representación sindical.
Ibáñez confirmó que se notificará a los organismos que nuclean a los sindicatos, como la Confederación General del Trabajo (CGT) a nivel privado; o la Central de Trabajadores de la Argentina (CTA), para que informen quiénes serán sus representantes, previo acuerdo con las bases.
La ley marca que habrá un representante por los sindicatos estatales, y cuatro por los privados, por lo que será importante conocer si hay acuerdos o no entre los gremios, teniendo en cuenta que no todos pertenecen a los mismos sectores, y que también juegan cartas fuertes los propios partidos políticos.
Respecto de las críticas de la oposición, que no acompañó la ley en la Legislatura pese a haber exigido desde el 2018 la conformación de un consejo social anticrisis, Ibáñez sostuvo que esta propuesta pretende abrir de manera formal “un órgano de diálogo, con la participación de todos los sectores de la provincia”.
En este sentido, planteó sus expectativas positivas de acuerdo a los objetivos del consejo para plantear la Mendoza de los próximos años. Pero también valoró el trabajo de su Gobierno de establecer trabajos respecto al funcionamiento del Estado “más allá de la pandemia”, tales como los programas económicos como Mendoza Activa o el de empleabilidad (Enlace), o la reforma de la Constitución.
Mientras, en la Legislatura siguen haciendo cambios. Por caso, el senador Juan Carlos Jaliff propuso agregar al Consejo a un representante del sector Ganadero, que no estaba previsto en la ley. La incorporación ya tiene media sanción del Senado y espera su aprobación en Diputados.
El peronismo, sin expectativas
Por parte de la oposición, el Consejo Económico y Social no ha recibido más que críticas. Si bien desde 2018 piden una especie de “mesa anticrisis”, no estuvieron de acuerdo con los lineamientos de esta ley y, de hecho, también votaron en contra. Pero además, critican al oficialismo con respecto a los tiempos, ya que aseguran que “se podría haber vinculado a la situación de emergencia económica que se vive con el coronavirus”.
Germán Gómez, jefe de bloque del PJ en la Cámara Alta, menciona que la provincia sufre “una fuerte crisis económica y aún no hay una mesa de trabajo en la cual se puedan aportar alternativas o para que impacte lo menos posible en la provincia”.
El diputado sanrafaelino consideró que hay “demasiada formalidad para un proceso de emergencia que requiere acciones y decisiones rápidas, diálogo permanente. A la larga los hechos nos darán la razón, creo que el Consejo caerá en un formalismo que entorpecerá la comunicación”.
“Me parece que hay poca voluntad política para realizar las cosas de manera ágil y rápida. Los problemas los tenemos ahora, y todo lo que no se haga en este tiempo tendrá consecuencias más difíciles de revertir”, consideró el legislador peronista.
Por su parte, Guillermo Carmona, presidente del PJ, destacó a Los Andes que el partido “entiende que lo mejor era un comité de emergencia vinculado con la pandemia, sobre todo para que se abordaran los temas durante la cuarentena”, y respecto al Consejo Económico y Social, “existe la conformación de uno en la ley 8.051 de Ordenamiento Territorial, para pensar la Mendoza del futuro, pero nunca se puso en funcionamiento”.
Finalmente, en relación al diálogo con el oficialismo, Carmona indicó que “nunca” fueron consultados por temas importantes como los de la crisis y, de paso, apuntó a la reforma Constitucional. “Las urgencias y necesidades pasan por otro lado y pareciera que el Consejo está en un plano paralelo a la realidad. Porque si se trata de pensar la Mendoza de los próximos años, ¿acaso no se debiera haber discutido los alcances de la Reforma Constitucional en este Consejo?”, se preguntó.
Más de 40 integrantes
El organismo tendrá más de 40 miembros. Además del presidente, vicepresidente y un secretario técnico elegidos por el Gobierno, lo integrarán dos representantes del Ejecutivo, la Legislatura y la Justicia, respectivamente; los ex gobernadores e intendentes (o quiénes ellos designen) que quieran voluntariamente participar; y una variada representación.
Habrá sindicalistas (5), empresarios (9, uno por cada sector), Irrigación (2), organizaciones de la cultura (3), de los credos religiosos (3), de defensa del consumidor (1), de la economía social (1), ambientalistas (3), de universidades públicas (2) y privadas (2), del Conicet (1), de una agencia de ciencia y tecnología por crearse (1) de los colegios profesionales reconocidos por la Provincia (1 por cada uno) y de los partidos políticos con representación parlamentaria (1 por cada uno).
