El programa Potenciar Trabajo, que financia el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, otorga una suma mensual a quienes acceden a él a cambio de una contraprestación laboral. El año pasado, Mendoza tenía 17.501 personas alcanzadas por este plan. Pero en 12 meses, esta cifra se elevó a 27.000, con lo cual, como reflejo de la crisis, hubo un incremento en Mendoza de los planes sociales nacionales del 58%.
Las contraprestaciones se realizan a través de unidades productivas articuladas con organismos no gubernamentales (80% de los beneficiarios) o en gubernamentales (el restante 20%). Según un informe entregado a Los Andes, la inversión nacional en lo que va del año, hasta julio, ha sido de $4.220 millones. Es casi un tercio de los fondos enviados en este periodo en concepto de asistencia social, los cuales superan los $13.000 millones.
Pero la asunción de Sergio Massa en el ministerio de Economía traería algunos cambios en la ayuda social. Uno de ellos apunta al Potenciar Trabajo, la principal herramienta para la inclusión laboral que ejecuta el Gobierno nacional. El ministro de Desarrollo Social, Juan Zabaleta, empezó a mantener reuniones con intendentes del conurbano bonaerense. Se viene también una auditoría de los planes sociales para saber qué hace el beneficiario del programa y cuál es la actividad socio comunitaria de la que toma parte. Se hará en las universidades nacionales, aunque desde la Universidad Nacional de Cuyo no tienen información aun sobre cómo será el procedimiento, de acuerdo lo indicado a este medio.
De acuerdo a las cifras que aportó el funcionario nacional, hay 1.300.000 personas dentro del Potenciar Trabajo y varias de ellas podrían perderlo de acuerdo a lo que surja de las auditorías. En Mendoza, de acuerdo a los datos proporcionados por la cartera que conduce Zabaleta, hay 27.000 personas dentro del programa por el que realizan contraprestaciones de 20 horas semanales.
En el 80% de los casos, se realizan en unidades productivas que articulan movimientos sociales y son ellos quienes certifican la asistencia. El requisito es clave para cobrar los $22.700 mensuales que recibe cada uno, además del bono de $11.000 que percibirán en agosto.
Según fuentes nacionales consultadas por Clarín, Massa apura un decreto que le permitirá incorporar unas 150.000 personas al mercado laboral (un poco más del 10% del total de Potenciar Trabajo). La intención es acordar con pymes y empresas proveedoras de servicios y contratistas del Estado a fin de comenzar a incorporar personal.
El programa se llamará “Puente al Empleo” y busca convertir los planes sociales y prestaciones de la seguridad social en “trabajo formal de calidad”. Por lo que se supo, los beneficiarios podrán seguir cobrando la asignación como otras prestaciones que otorgan los distintos programas por el período de doce meses y el empleador completará el resto para llegar al salario de convenio. Es decir, el Gobierno nacional financiará, a través de los montos destinados a planes, parte del salario.
Casi 10.000 planes más en un año
El reporte de Monitoreo del segundo semestre del 2021 del programa Potenciar Trabajo arrojó 1.044.354 titulares. De ese total, la provincia de Buenos Aires (sin la Ciudad Autónoma de Buenos Aires) se llevaba el 53,2% (534.895) de los /as titulares activos de Potenciar Trabajo. Los montos acumulados al segundo trimestre ascendían a $ 63.763 millones.
El segundo lugar del ranking lo tenía Tucumán, agrupando el 5,6% de los beneficiarios y beneficiarias. El resto de las provincias tenía menos del 5%. Así, por la situación provincial, Mendoza se ubicaba en el escalón número 13.
Casi 12 meses después (el recorte informado es a julio de este año), a nivel nacional el universo de Potenciar Trabajo abarca a 1.300.000 personas. El aumento de casi 9.950 planes en Mendoza implica concretamente un 58,3% más que el año pasado. Los factores, son conocidos: Mendoza no es ajena a la crisis económica que azota en todo el país.
Tal como contó Los Andes en su edición del pasado 26 de junio, la gran mayoría de los Potenciar Trabajo se articulan con los movimientos sociales y funcionan con un sistema de cupos, por lo que no todos acceden. “Hay más gente con necesidades y el cupo no alcanza, porque la sábana es corta”, reconoció un dirigente social.
Cada organización tiene una cantidad determinada de cupos a nivel nacional, y puertas para adentro se distribuyen las cantidades a las provincias. Sólo por citar un ejemplo, el Movimiento Evita que es uno de los más grandes del país, tiene unos 100.000 cupos en total y 1.500 de ellos están en Mendoza.
En el detalle de inversiones que realiza la cartera que conduce Juan Zabaleta en el concepto de “Políticas de Inclusión Laboral y Desarrollo Local” se indicó que se inyectaron $4.220 millones entre enero y julio de este año a través de los programas Potenciar Trabajo, Bancos de Maquinarias, Herramientas y Materiales y Monotributo Social. Además, se llevó adelante el Registro Nacional de Trabajadores de la Economía Popular (RENATEP) y diferentes proyectos estratégicos.
La asistencia social equivale al presupuesto anual de viviendas
El Ministerio de Desarrollo Social de la Nación no sólo tiene bajo su órbita a los Potenciar Trabajo, sino que hay otros programas que llegan a Mendoza. De acuerdo al informe proporcionado a Los Andes, la inversión en asistencia social supera este año los $13.000 millones divididos en 6 políticas distintas.
A los $4.220 millones mencionados, hay que agregar un monto más abultado en lo que respecta a “Políticas de Seguridad Alimentaria”, que tiene en el programa Alimentar a muchísimos beneficiarios. El objetivo es asegurar la higiene y seguridad alimentaria.
La inversión de acuerdo a los datos de la repartición nacional supera los $7.473 millones. Es casi el doble que en inclusión laboral y a su vez casi la mitad de lo enviado en asistencia social. Estos recursos se distribuyen entre comedores escolares, prestación Alimentar, comedores comunitarios, merenderos y entrega de alimentos.
Las “Políticas de Integración Socio Urbana” llevan insumidos más de $848 millones en lo que va del año hasta fines de julio. Estos fondos se destinan a la realización de obras para brindar servicios básicos, mejorar y ampliar el equipamiento social, y también la infraestructura en las zonas que se encuentran en situación de emergencia habitacional. Se destinaron recursos al programa Mi Pieza, la línea de crédito destinada a mujeres mayores de 18 años que quieran mejorar sus hogares y sean residentes de Barrios vulnerables.
Por otra parte están las “Políticas de Desarrollo Comunitario y Acompañamiento en Emergencia” para las cuales se destinaron $469 millones en el mismo período. En este menú están los planes de Protección Social y Potenciar Joven, la asistencia directa en situaciones especiales, ayudas urgentes, subsidios para temas de salud y proyectos comunitarios.
Finalmente, las “Políticas de Cuidado” demandaron fondos por $46 millones, que fueron destinados a los Centros de Desarrollo Infantil, al Programa de Acompañamiento para el Egreso de Jóvenes sin cuidados parentales y el Régimen de Reparación Económica para las niñas, niños y adolescentes.
El total de las inversiones de enero a julio en estos ejes es de $13.056 millones. Y este número llamativamente es similar a lo que destina el Ministerio de Planificación e Infraestructura Pública de la provincia a la construcción de viviendas.
En efecto, el presupuesto 2022 del Instituto Provincial de la Vivienda preveía una inversión de alrededor de $12.800 millones. A datos de febrero, según constan en la página oficial del IPV, se han entregado 63 viviendas, hay en ejecución casi 900 y por iniciarse se registran 1.254 viviendas y 829 mejoramientos.
Con Enlazados, se bajaron 2.000 planes sociales
“El gran cambio cultural que tiene que hacer la Argentina es salir de los planes sociales”, dijo días atrás el gobernador Rodolfo Suárez. Su crítica se dio en medio de una actividad que contrastó con la realidad laboral que encuentra en los Potenciar Trabajo un ingreso para paliar, un poco, la situación económica.
El programa Enlazados, que depende del Ministerio de Economía que conduce Enrique Vaquié, establece un puente entre quienes buscan trabajo y quienes necesitan nuevos trabajadores. Así, por cada trabajadora o trabajador que se incorporó desde julio de 2021, el Estado provincial abona un monto mensual equivalente al 100% del Salario Mínimo Vital y Móvil para una jornada laboral de tiempo completo. Ese monto será de $45.540 para los haberes de agosto y de $47.850 para septiembre.
Las definiciones del Gobernador se dieron en medio de un reconocimiento a siete empresas que contrataron personal a través del programa Enlazados y Enlace. Entre todas las firmas que estuvieron presentes en la Casa de Gobierno el pasado 4 de agosto, en total emplearon a 292 personas. De ellas, 33 dieron de baja los planes sociales.
En 12 meses, de acuerdo a los datos del Gobierno provincial, se ha conseguido que unas 7.400 personas tengan trabajo genuino. El dato adicional de este programa viene por la reconversión de planes sociales en empleo registrado y equivale al 30%, es decir cerca de 2.000.
“Teníamos el objetivo de, cuando cumpliéramos un año, haber generado 3.500 puestos de trabajo privado en blanco y llegaron a los 7.408. En el corto plazo, el objetivo es alcanzar los 10.000 en noviembre y a los 12.000 a fin de año”, remarcó Enrique Vaquié.
