El gobernador Rodolfo Suárez está cada vez más cerca de cerrar el traspaso de Potasio Río Colorado. Ayer, sumó dos avales clave al expediente que terminará en proyecto de ley para que la Provincia pueda disponer de esos activos valuados en 30 millones de dólares y busque inversiones para la explotación de potasio en Malargüe.
Los dictámenes de Asesoría de Gobierno y Fiscalía de Estado son favorables al contrato celebrado el jueves pasado en Buenos Aires entre la empresa brasileña Vale y el Gobierno de Mendoza. Ahora, el Ejecutivo debe girarlo para que la Legislatura lo ratifique y la intención es que la iniciativa ingrese esta misma semana.
Suárez quería acelerar una de las operaciones más importantes de su gestión. Tras largas negociaciones con la empresa brasileña Vale hubo acuerdo y se rubricó el contrato la semana pasada. Pero esa pieza administrativa necesitaba otros pasos para formalizar que la administración de esos activos pase a manos mendocinas.
La opinión de la Fiscalía de Estado era una de las más esperadas teniendo en cuenta que quien la comanda, Fernando Simón, es de extracción peronista y con el ex gobernador Alfredo Cornejo tuvo algunos chispazos mediáticos.
Sin embargo, en lo que concierne a Potasio Río Colorado se trabajó en conjunto durante meses y no encontró objeciones legales. Aunque si observó aspectos que conciernen a la confidencialidad solicitada por la empresa.
En el convenio ha quedado claro que el contrato y todos los actos administrativos serán publicados, mientras que la información que podría considerarse “reservada”, estará sujeta a una autoridad competente (como puede ser la Justicia) en caso de ser necesario. Insistió también en que sea la Legislatura provincial la que abroche el acuerdo rubricado en Buenos Aires la semana pasada.
Ricardo Canet, a cargo de la Asesoría de Gobierno también avaló el contrato y todo quedó listo para que Suárez y el oficialismo en la Legislatura terminen de darle el último empujón.
El traspaso implica que la Provincia se haga de los activos tangibles e intangibles que tuvo Vale, cuya cotización es de 30 millones de dólares. Este monto le permite administrar la mina sin tener que erogar fondos propios por al menos 5 años y tener tiempo para buscar inversores que reactiven el proyecto en Malargüe.
La empresa, por su parte, recibe inmunidad por parte del Gobierno algo que se detalló en el contrato firmado como pueden ser la existencia de procesos y reclamos que no hayan sido ocultados ni sea información falsa. Igualmente, el blindaje es muy amplio y los dictámenes de ambos organismos respaldan la legalidad del acto del Gobierno provincial.
Acelerar el trámite
“La intención es mandar el proyecto a la Legislatura esta semana” dijeron en la Casa de Gobierno a Los Andes. Por lo tanto, se espera que el decreto que debe firmar Suárez aprobando el contrato, se publique a la brevedad en el Boletín Oficial.
Una vez producido ese acto administrativo, un proyecto de ley ratificando ese decreto deberá obtener sanción definitiva por parte de ambas cámaras legislativa. Aun no hay detalles por dónde ingresará, pero sí está claro que tendrá prioridad.
Con la promulgación de la ley que surja, el contrato quedará firme y el paquete accionario de Potasio Río Colorado S.A. pasará a la administración provincial (ver aparte).
Desde esa figura legal se empezará el sondeo de inversores y la posibilidad de avanzar en la reactivación de la mina.
“Hay muchos bienes, inmuebles, pistas de aterrizaje, tierras y los derechos de explotación de la mina que se transfieren al Estado provincial. Ya tenemos varias ofertas desde China, Suecia y otros países para llevar adelante la explotación de la mina”, había indicado Suarez en los festejos por los 70 años de vida de Malargüe.
El proyecto diseñado aspira a la generación de 200.000 toneladas de potasio por año, algo que implicará una inversión de 200 millones de dólares. Se espera que durante la etapa de construcción o readecuación de la mina, se generen cerca de 1.000 empleos. Una vez operativo el yacimiento, operarán entre 200 y 300 trabajadores.
Seguirá siendo una sociedad anónima
Una de las alternativas que se barajó en un principio, cuando las charlas con Vale iban a buen puerto, era la de la crear una empresa provincial minera, con un formato similar al de la Empresa Mendocina de Energía S.A. (Emesa). Sin embargo, hubo cambio de planes y se mantendrá Potasio Río Colorado S.A. que ya tiene rodaje.
El 100% de las acciones de esta sociedad anónima era propiedad de, a su vez, dos S.A. ( Vale Fertilizer Netherlands B.V y Vale S.A.). De la operación resulta la transferencia de ese paquete accionario a nombre de la Provincia de Mendoza.
Así, será Potasio Río Colorado S.A. el “envase” que contenga los activos recibidos por parte de Vale y desde donde se realicen las acciones necesarias para concretar la llegada de inversiones.
Lo que viene
Decreto de Suárez. Los dictámenes de Asesoría de Gobierno y de Fiscalía de Estado habilitan al Poder Ejecutivo para que apruebe el contrato rubricado a través de un decreto.
Ratificación legislativa. Ambas cámaras legislativas deberán ratificar el decreto provincial para que el contrato firmado con Vale tenga validez.
Promulgación. Con el proyecto de ley aprobado, el Poder Ejecutivo deberá promulgarla en lo que es el último acto administrativo para que los activos de Potasio Río Colorado queden en manos mendocinas.
