En la comisión de Trabajo, este miércoles fue el turno de escuchar la opinión de las entidades empresariales, tras lo cual se firmaron dos dictámenes: el de mayoría, del Frente de Todos (FDT), y el de minoría, de Juntos por el Cambio (JPC), que propone modificar el texto de la Cámara Baja.
Los representantes de las entidades empresariales expresaron un tibio apoyo la iniciativa pero propusieron una letra más clara, planteos que por decisión del oficialismo no serán tenidos en cuenta.
Como el oficialismo tiene mayoría en el Senado (41 de los 72 senadores), sin que importen la opinión ni los reclamos de nadie, el teletrabajo podría ser ley en una sesión a realizarse la semana que viene.
Si el texto sufriera modificaciones, debería volver a ser girado a Diputados, que podrá aprobar o rechazar los cambios eventualmente introducidos por la otra cámara.
Qué dijeron los empresarios
Los empresarios se quejaron de que el texto sancionado por Diputados, por ejemplo, no les permita contactar a sus empleados para pedirles tareas por fuera de su jornada laboral y señalan que esta prohibición es impracticable y podría desincentivar la modalidad, justo cuando, según encuestas, más del 70 por ciento de los trabajadores no quiere prescindir del trabajo a distancia una vez superada la pandemia.
También piden que el pago de la computadora y de los servicios como internet o electricidad —obligación que tendrán recién tres meses después de terminado el aislamiento contra el nuevo coronavirus, porque así lo establece el último artículo del proyecto, pedido por los empresarios— sean montos no remunerativos (en negro).
Pero la ley cosecha críticas no solamente de los empresarios sino también de los abogados laboralistas, que dicen que se queda corta respecto de las garantías y beneficios para los trabajadores y sostienen que, además, es redundante y aporta confusión a aspectos ya regulados en la ley de Contrato de Trabajo.
El proyecto es apoyado por la CGT y la CTA y obtuvo la media sanción de Diputados por el abrumador margen de 215 votos afirmativos a 1 negativo, aunque con una importante cantidad de abstenciones (29, más 6 que no votaron y otros 6 ausentes). “Dejan prendida la máquina y no trabajan”
Daniel Funes de Rioja, directivo de la Unión Industrial Argentina (UIA), y Brenda Puig, directiva del Instituto para el Desarrollo Empresarial Argentino (IDEA), cuestionaron varios aspectos del proyecto, al momento de expresar sus opiniones en Diputados.
Por ejemplo, la prohibición de contactarse con el trabajador por fuera de su horario de trabajo, ya sea por WhatsApp, teléfono o cualquier otra vía.
“Es impracticable y difícil de verificar. Es incompatible con diferentes husos horarios”, dijo Funes de Rioja, un reconocido abogado defensor de los intereses de las empresas, y señaló que “ese es uno de los temas que hay que dejar” para las negociaciones de los convenios colectivos, no en la ley.
“Atenta contra la posibilidad de que los trabajadores organicen sus horarios: si yo quiero poder ir al colegio de mis hijos al mediodía y a la noche, cuando ellos se durmieron, poder conectarme para avanzar en aquello que me quedó pendiente, no se entiende por qué una ley debería impedirme eso”, planteó, a su turno, Puig.
Funes de Rioja y Puig también cuestionaron la reversibilidad establecida en la ley, según la cual así como un trabajador acepta el cambio de modalidad, de presencial a remota, puede revertir esa decisión.
Los directivos piden que sea de común acuerdo con las empresas y con preavisos, y no solamente una potestad de los empleados.
Funes de Rioja también planteó que la ley está basada en horarios y no en objetivos, lo que a su juicio sería más adecuado, y al respecto señaló: “No hay mayor [pacto de] confianza que el teletrabajo, porque es remoto. Pero [el trabajador] puede dejar prendida la máquina y no trabajar”.
De esta manera, justificó la necesidad de que la reversión a la modalidad de teletrabajo sea un acuerdo entre las partes.
Funes de Rioja también criticó “la limitación de contratación de trabajadores extranjeros”, porque “puede violar el principio de territorialidad y la libertad de contratación”. Computadora e internet
El texto aprobado en Diputados, que ahora debate el Senado, manda que la empresa debe proporcionar el equipamiento —hardware y software–, las herramientas de trabajo y el soporte al teletrabajador, así como asumir los costos de instalación, mantenimiento y reparación de los equipos, y compensarlos por la utilización de herramientas propias y por los mayores gastos en conectividad y/o consumo de servicios —electricidad y gas, por ejemplo— que deba afrontar.
Al respecto, la directiva de IDEA sostuvo: “Tiene sentido, nadie está discutiendo esto, pero creemos muy relevante que este artículo específico aclare que dicha provisión y la eventual cobertura de gastos sean no remunerativos porque, de lo contrario, estamos frente a una eventual contingencia de que los empleadores, con temor, pueden tratar de evitar, y desincentivar, el uso del teletrabajo”. A libro cerrado
“Nuestro bloque, en principio, va a propiciar elaborar un dictamen acompañando sin modificaciones la media sanción que vino de la Cámara de Diputados”, anunció el peronista pampeano Daniel Lovera, presidente de la comisión.
Tras el anuncio, el radical mendocino Julio Cobos lamentó que el oficialismo avance en convalidar el texto de Diputados, tal cual fue aprobado. “Si buscamos consensuar, alguien tiene que ceder”, dijo.
Señaló que el Congreso tiene “la oportunidad de regular el teletrabajo de la mejor manera” y cuestionó que “en su último artículo” el proyecto establezca “un plazo de puesta en vigencia de 90 días después de la pandemia”.
Por eso, según sostuvo, no hay razones para no tomarse “el tiempo para reflexionar” y atender “algunas de las sugerencias”.
