La Cancillería argentina instruyó ayer al embajador en Nicaragua, Mateo Capitanich, a regresar a Buenos Aires para “realizar consultas sobre las preocupantes acciones políticas-legales realizadas por el gobierno nicaragüense en los últimos días”, informó la oficina de prensa del Palacio San Martín. En la jerga diplomática, “llamar a consulta” a un embajador implica “cierto desagrado o enojo” en las relaciones entre países. La decisión se tomó en forma conjunta con México, quien también instruyó a su embajador en Nicaragua, Gustavo Alonso Cabrera Rodríguez, a regresar al Distrito Federal a los fines de analizar la situación.
Según expresaron los gobiernos de Alberto Fernández y Andrés Manuel López Obrador, las últimas acciones del gobierno que preside Daniel Ortega “han puesto en riesgo la integridad y libertad de diversas figuras de la oposición (incluidos precandidatos presidenciales), activistas y empresarios nicaragüenses”.
Argentina y México manifestaron que “se mantendrán atentos a la evolución de los acontecimientos relacionados con la hermana República de Nicaragua y seguirán promoviendo inequívocamente el pleno respeto y promoción de los derechos humanos, las libertades civiles, políticas y de expresión de toda persona”.
Los dos países expresaron, además, su “disposición plena para colaborar constructivamente en la promoción del diálogo para que sean las y los propios nicaragüenses quienes superen esta situación por la vía pacífica”.
Invocando distintos argumentos, el Gobierno de Ortega detuvo en las últimas semanas a 17 dirigentes opositores, entre ellos cinco aspirantes a la Presidencia Miguel Mora, periodista y candidato presidencial, fue detenido el domingo a la noche en su casa por “incitar a la injerencia extranjera en los asuntos internos y pedir intervenciones militares”, dijo la policía de Nicaragua en un comunicado.
Antes habían sido detenidos cinco disidentes sandinistas, incluidos a los exguerrilleros Dora María Téllez y Hugo Torres. También están bajo arresto a los aspirantes presidenciales Cristina Chamorro (quien se perfilaba como la principal competidora de Ortega en las presidenciales), Arturo Cruz, Félix Maradiaga y Juan Sebastián Chamorro García. Nicaragua irá el 7 de noviembre a elecciones presidenciales.
“Con el llamado a consulta al embajador, Argentina expresa su desagrado con las últimas decisiones del gobierno de Nicaragua”, comentó a este diario un funcionario de la Cancillería. Entienden que el gobierno argentino buscó mediar con distintas acciones, para distender las relaciones entre el gobierno de Ortega y la oposición.
Al respecto, hace dos semanas el canciller Felipe Solá se comunicó con su par nicaragüense, Denis Moncada. En la charla le pidió revisar la detención de opositores. Quince días después, en la Cancillería argentina entienden que la situación ha empeorado. De ahí la decisión tomada junto a México de “llamar a consulta” a los embajadores. “No es retiro”, aclaró el funcionario consultado por este medio.
En la OEA
Argentina y México vienen promoviendo acciones conjuntas de política internacional. El martes pasado, ambos países unificaron posturas al expresar en otro comunicado conjunto la “preocupación” compartida “por los acontecimientos ocurridos” en Nicaragua, pero se abstuvieron de apoyar a una condena contra el Gobierno nicaragüense.
Los dos países criticaron “la pretensión de imponer pautas desde afuera o de prejuzgar indebidamente el desarrollo de procesos electorales” por lo que, expresaron, “no nos fue posible acompañar” el proyecto de la OEA. “Es perentorio que la OEA retome el espíritu constructivo de su Carta”. La resolución de la OEA exigiendo la liberación inmediata de los opositores al gobierno de Ortega fue impulsada por Brasil, Chile, Costa Rica, Ecuador, Estados Unidos, Paraguay y Perú, y contó con 26 votos afirmativos sobre 34. Hubo cinco abstenciones, entre ellas, el voto de Argentina.
