Una protesta de policías y penitenciarios retirados generó este mediodía momentos de tensión e incidentes en Casa de Gobierno, ya que intentaron ingresar a la fuerza al edificio. El reclamo se debe a que hace meses no cobran las actualizaciones salariales y denuncian que el gobierno provincial no ha intercedido ante Anses para destrabar la situación. Por su parte, el gobernador Rodolfo Suárez aseguró que el retraso no depende del Ejecutivo si no del organismo nacional.
La manifestación convocada por la Asociación Mutual para el Personal Policial (Amuppol) comenzó cerca de las 11, cuando más de 500 manifestantes se hicieron presentes en la explanada de Casa de Gobierno. Luego se dirigieron hasta la entrada de calle Peltier y quisieron ingresar al edificio. Fue en ese momento que la policía los desalojó echándoles gas pimienta y procedieron a cerrar las puertas.
En las redes sociales circularon videos del accionar de los efectivos en el hall.
El presidente de Amuppol, Omar Alcalde, aseguró que la deuda que mantiene el gobierno es de 7 meses de retraso. Esto ha generado que sus ingresos se vean afectados en un 50% por la inflación. El reclamo lo dirigen al Ejecutivo provincial, porque sostienen que la Oficina Técnica Previsional es la que debe intervenir ante la Anses para que se actualicen los salarios y no lo han hecho.
“Lo que pedimos es que nos paguen las deudas de 7 meses que tienen con nosotros. Nos lo deben por ley. Los activos lo han cobrado y nosotros no hemos visto un peso. Sacando cuenta, nos han reducido un 50% el poder adquisitivo”, manifestó Alcalde.
Y agregó que “hay viudas de hace 3 años que le fijaron un anticipo de 15 mil pesos y no le han dado ni un aumento. No les han confirmado la pensión. Es gente que tendría que estar cobrando 100 mil y está pasando hambre”.
Luego de los momentos de tensión, el dirigente pudo ingresar a Casa de Gobierno para entregar un petitorio pero denunció que fue abordado por un fiscal y durante una hora no le permitieron salir del lugar.
“Me hicieron entrar y me tuvieron encerrado durante una hora. Me privaron de la libertad. Hay diez personas que, sin ninguna acusación, los tienen encerrados ahí”, dijo.
Y añadió: “Me hicieron pasar y me iba a atender el jefe de la Oficina Técnica Previsional , con el que he hablado mil veces y no ha hecho nada. Yo había pedido audiencia para hablar con el ministro de Gobierno (Víctor Ibáñez) pero no mostró la cara”.
“Es su obligación hacerlo porque la Oficina Técnica Previsional, que es la que hace los trámites, depende del ministro Ibáñez. Yo le entregué el petitorio en mano a una persona que no sé quien es, pero el ministro no estaba. Después me hicieron entrar a una oficina, dónde estaba un fiscal y me amenazaron”, relató Alcade
Y dijo que la manifestación es por tiempo indefinido: “Nos vamos a quedar a vivir acá hasta que veamos que en nuestros bonos nos paguen las deudas”.
Amuppol es una de las organizaciones que nuclean a personal policial en actividad o retirados. En este caso, es una mutual que otorga “ayudas económicas, subsidios por nacimiento, casamiento, fallecimiento, adhesiones con entidades comerciales, becas y asesoramiento jurídico”.
La respuesta de Suárez: “Es Anses la que está demorada”
Tras lo ocurrido, el propio gobernador Rodolfo Suárez habló con la prensa y ratificó que se trata de un reclamo que debe hacerse ante la Anses.
“Son retirados de la Policía donde el sueldo se tiene que actualizar desacuerdo a lo que determina Anses, no es el Gobierno provincial. Han hecho la protesta en la Casa de Gobierno, pero lo tienen que hacer ante Anses porque es quien demora todo esto en el marco de inflación que estamos viviendo en el país, demora seis, siete, ocho meses en actualizar los salarios”, declaró el mandatario.
“La protesta la han canalizado en la Casa de Gobierno, pero es Anses la que está demorada en actualizar los montos”, aclaró Suárez.
Y dijo que desde el gobierno están “colaborando y elevando notas. Es una lucha permanente. Nosotros informamos permanentemente. Lo que pasa es que Anses no saca las resoluciones para actualizar los montos como debe ser. Creo que la última fue a principio de año y es muchísima plata que se pierde con todos estos meses de inflación”.
De esta manera, el gobierno provincial culpó a la Anses, ya que el organismo nacional no está cumpliendo en tiempo y forma con el pago de los aumentos establecidos por los decretos provinciales 377, 937 y 1.177, de 2022.
Además indicaron días atrás que se realizó una petición formal, por parte de los ministros de Gobierno, Trabajo y Justicia, Víctor Ibáñez, y de Seguridad, Raúl Levrino, ante el titular de Anses, Carlos Gallo, con el fin de que interceda para acelerar los pagos de los meses que quedaron pendientes (mayo, junio y julio de este año).
A través del decreto 4.176/77, se estableció que “la Provincia retendrá y transferirá al Estado nacional (Anses) los aportes personales y efectuará las contribuciones patronales obligatorias del personal comprendido en el régimen de retiros del personal policial y personal del Servicio Penitenciario provincial”.
La ley contempla que el haber de retiro se vaya incrementando en la misma proporción en que varíe el sueldo y los suplementos con aportes jubilatorios “para el personal en actividad, en el o los grados en los cuales obtuvo el retiro, o equivalentes en el caso de modificaciones”. Sin embargo, los aumentos que se realizaron en los últimos meses aún no han sido trasladados en su totalidad a los beneficiarios.
