Los números brutos de causas judiciales del fuero penal de Mendoza empezaron a recuperarse durante 2021 tras un 2020 de caída generalizada debido a la pandemia. En las cifras que maneja la Justicia provincial aumenta la cantidad de condenas en todas las modalidades, tanto en delitos que prevén más de tres años como en los de menos de 3 años.
Así, mientras en 2018, el porcentaje de condenas del fuero penal llegaba a 48% del total de procesos finalizados; en 2021 subió a 55% del total. El dato puede desagregarse en los dos tipos de delitos, los leves con condenas bajas y los más graves, donde la cantidad de condenas sube fuertemente: cuando el caso grave llega al Tribunal Penal Colegiado (TCP) no ha habido cambios en el porcentaje de condenas, tanto en 2018 como en 2021 la “efectividad” alcanzó 71% de los casos. Para tener un panorama completo, en 2019 los datos bajan en efectividad ya que las condenas representaron 61% del total de los casos debatidos en el TPC; mientras que las absoluciones llegaron a 17%.
Los delitos menores, en tanto, bajan la perfomance global. En 2021, en el procedimiento correccional hubo 49% de condenas y 23% de absoluciones/sobreseimientos, mientras que en flagrancia las culpabilidades llegaron a 56% y las absoluciones llegaron a 6%. En 2018, las condenas correccionales fueron de 35%, mientras que las absoluciones 34%; en flagrancia pena en 62% de los procesos y 9% de absoluciones. En 2019, 35% de los casos correccionales llegaron a condena y 32% fueron absoluciones o sobreseimientos.
De acuerdo con las explicaciones tanto desde la Suprema Corte de Justicia (SCJ), como desde el Ministerio Público Fiscal, los resultados son consecuencia de las reformas judiciales encaradas desde 2016, cuando el ex gobernador Alfredo Cornejo comenzó a impulsar leyes que nacieron en un sector de la Justicia provincial; un acuerdo político que encaramó a los entonces camaristas José Valerio, a la SCJ, y Alejandro Gullé, a la jefatura de los fiscales.
Entre las reformas, lo que más se destaca es la especialización de fiscalías por delitos (antes se organizaban por municipio y todas las causas, desde las más leves hasta las gravísimas caían en una misma fiscalía), la oralidad de los procesos, la creación de los Tribunales Penales Colegiados (TCP) y el rescate del fuero correccional, que hasta 2017 estuvo prácticamente en el olvido.
Hoy Valerio, además de juez de la Corte, es coordinador del fuero penal. Él explica que “cuando se pensaron las reformas de la Justicia de Mendoza, se pensó en cambiar el modelo, a una nueva forma de gestión. No fue sólo transformar lo escrito en oral y seguir gestionando igual. En la estrategia judicial, hay una forma de investigar y resolver lo más pronto posible. No solo la oralidad, la presencia del juez, aún en la virtualidad. Las partes le plantean al juez la situación y el juez resuelve en función de lo que ofrecen las partes”.
El supremo también rescata la paulatina eliminación del expediente papel, “hemos bajado al 80% los expedientes” en el giro al legajo digital, a través de un sistema informático propio.
El procurador Gullé, jefe del Ministerio Público Fiscal, dice que “con el viejo sistema, prescribían una cantidad inimaginada de causas. Había 30% de condenas y detenidos procesados durante años. A cinco años de trabajo distinto, es raro que prescriban causas”.
Gullé también señala que el “aumento de las condenas tiene que ver con el trabajo de los fiscales. La más mínima duda siempre juega a favor del imputado, por lo que la investigación debe dar certeza absoluta y eso es tarea del Ministerio Público”. A pesar de destacar el trabajo de sus subordinados, el Procurador asegura no hacer “una defensa cerrada de todos los fiscales, sería una torpeza. Siempre hay algunos más comprometidos que otros, pero estoy muy conforme”.
Datos llamativos
En las estadísticas del fuero penal aparecen algunos datos interesantes que cambiaron el año pasado respecto de 2018: las absoluciones/sobreseimientos y la suspensión de juicio a prueba/solución de conflicto (SJP/SC). En 2018, el primer grupo representó el 15% del total de procesos llegados a Tribunal Penal Colegiado (TCP), mientras que el segundo lote fue 14%. En 2019, la SJP/SC representó 22% y los sobreseimientos/absoluciones 17%. El año pasado, la cantidad de absoluciones y sobreseimientos llegó a 10%, mientras que la SJP/SC representó 19% del total de casos debatidos en TPC.
Hay que recordar que, tanto en 2018 como en 2021, las condenas se mantuvieron en 71% de los casos tratados por los TPC, mientras que en 2019 el porcentaje bajó a 61%. En 2021 la SJP/SC ganó espacio a las absoluciones, respecto de 2018, pero tres puntos menos que en 2019.
En los procedimientos correccionales (delitos de menos de 3 años) y de flagrancia (cuando los culpables son “sorprendidos con las manos en la masa”), suben SJP/SC, respecto de los casos más graves. En 2018, 31% de los casos correccionales terminaron en SJP/SC y las absoluciones llegaron a 34%; en 2019 33% del total correccional terminó en SJP/SC y las absoluciones 32%; el año pasado las SJP fueron 28% y las absoluciones 23%. En este caso, en 2021 el aumento de condenas comió a las otras dos categorías.
En flagrancia se da otra situación distinta. En 2018, la SJP fue de 29%, mientras que las absoluciones llegaron a 9% y las condenas a 62%; en 2019, la SJP/SC fue 29%, las absoluciones 8% y las condenas 68%. En 2021, SJP subió a 38%, mientras que las absoluciones representaron 6% de los procesos y las condenas 56%. Esto implica que la SJP le restó a las condenas y a las absoluciones.
El ministro de la Suprema Corte y coordinador del fuero penal, José Valerio, explica este fenómeno. “Con el sistema antiguo, no podía resolver estos casos, los defensores esperaban el debate y eso no sucedía. Ahora, hay más suspensión de juicio a prueba, porque las audiencias se hacen. En 2018, hay resabio del sistema anterior. Estuvimos hasta junio de ese año en la transformación del sistema. Además, hay aumento de hechos delictivos en períodos de crisis, pero ese aumento está relacionado con personas sin antecedentes. Esos casos terminan en suspensión de juicio a prueba”.
Con esta explicación, podría señalarse que 2019 fue el primer año de funcionamiento pleno de las reformas judiciales lanzadas en 2016. Tal vez por eso, los datos son menos eficientes.
El año menos pensado, por el efecto Covid-19
En 2020, los datos de la Justicia penal mendocina se descontrolan. La pandemia pegó en el desempeño, así como también en la cantidad de delitos, por efecto de la cuarentena. “El número es menor porque la gente no podía transitar por la calle, pero la actividad en el fuero nunca se detuvo, a pesar de que al principio no estábamos en condiciones de funcionar con la virtualidad”, explica Valerio. En esa situación de menos juicios, hubo 509 condenas que representaron 78% de los procesos, contra las 1.056 condenas de 2018 y las 734 de 2021.
Procesos en Tribunales Penales Colegiados (más de 3 años de condena)
Procesos 2018: 1.056 condenas (71%), 229 absoluciones o sobreseimientos (15%) y 201 suspensiones de juicio a prueba o soluciones de conflicto (14%).
Procesos 2019: 987 condenas (61%), 273 absoluciones o sobreseimientos (17%) y 348 suspenciones de juicio a prueba o soluciones de conflicto (22%).
Procesos 2020: 509 condenas (78%), 75 absoluciones o sobreseimientos (12%) y 65 suspenciones de juicio a prueba (10%).
Procesos 2021: 734 condenas (71%), 105 absoluciones o sobreseimientos (10%) y 65 suspensiones de juicio a prueba (19%).
