El pliego de Gabriel Balsells Miró, enviado por el gobernador Rodolfo Suárez para que continúe como auditor general de la Oficina de Investigaciones Administrativas y Ética Pública por 5 años más, será debatido en audiencia pública el próximo miércoles, según informaron hoy desde el Senado.
La Comisión de Legislación y Asuntos Constitucionales (LAC) que preside el radical Marcelo Rubio llevará adelante el procedimiento no vinculante, en el que se podrán escuchar voces a favor y en contra de su designación. Cabe destacar que solo se concederá la palabra a aquellos que formularon adhesiones o impugnaciones a su presentación, cuyo plazo para hacerlo venció este jueves. Luego el pliego pasará al recinto para su tratamiento.
El funcionario provincial asumió el cargo en 2018, tras la aprobación de la ley de Acceso a la Información Pública y la consecuente creación de la oficina. Este año vence su mandato.
Balsells Miró fue diputado del radicalismo entre 2015 y 2018 y antes asesor y subsecretario de Trabajo. Sobre el final de su ciclo legislativo, Alfredo Cornejo (por entonces gobernador) lo postuló para la conducción de la oficina que controla a los funcionarios públicos, analiza las declaraciones juradas de bienes y debe asegurar que se cumpla el derecho a la información pública.
En la Cámara Alta, Cambia Mendoza tiene mayoría, por lo cual la aprobación de su continuidad no se vería obstruida, a pesar de que la oposición lo rechace.
Sin ir más lejos, en el caso del pliego de la jueza Daniela Torres, a quien se la denunciaba como militante radical, hubo hasta despacho negativo de la Comisión de LAC y sin embargo, logró su aprobación posteriormente con los votos oficialistas.
Los casos resonantes de Balsells Miró
Durante su gestión, el funcionario entró en conflicto con el propio Suárez por un dictamen que ordenó que un concejal oficialista dejara uno de los dos sueldos que percibe. Se trata de Luis Manuel López, médico de centros de salud y edil de Tunuyán.
La Oficina de Ética Pública lo emplazó para dejar uno de los puestos, pero López se resistía y el gobernador lo apoyó. “Mi opinión es lo que dice la ley, realmente es una aberración el dictamen que hubo”, expresó el gobernador. A pesar de esta dura opinión, el dictamen fue ratificado por la Oficina de Ética y al final López dejó el cargo de médico. En las elecciones del domingo 30 de abril, fue proclamado como candidato a intendente del departamento.
Otro conflicto se suscitó con la Municipalidad de Maipú, cuyo intendente, el peronista Matías Stevanato, acusó a la Oficina de Ética de “frenar la gestión” con numerosos pedidos de acceso a la información pública.
Maipú recibió la sorprendente suma de 36 planteos en un solo mes: enero. “No son pedidos realizados desde la Auditoría de Ética Pública, los hace la ciudadanía”, aclaró el organismo.
