El Gobierno provincial oficializó hoy a través de una resolución la adjudicación de las máquinas tragamonedas al oferente “Traylon SA” y rechazó las propuestas de “Desarrollos Maipú SA” y “Plaza Central UTE” por considerarlas “inconvenientes de conformidad al orden de mérito resultante de la grilla de evaluación informada por la comisión de preadjudicación”.
La cara visible de Traylon es Ricardo Benedicto, quien era socio del empresario K Cristóbal López en la empresa Casino Club. En plena pandemia, Benedicto compró las acciones de López en esa empresa.
La licitación se inició el año pasado, para proveer el servicio que actualmente cumple la empresa Mendoza Central Entretenimientos, de Alfredo Vila Santander, hermano de Daniel Vila.
La adjudicación se publicó en el Boletín Oficial con el número de resolución 235 y lleva la firma de Ida López, presidenta del Instituto de Juegos y Casinos de la provincia. Resalta que la propuesta de Traylon SA resultó “la oferta más conveniente, reuniendo los requisitos administrativos, técnicos y económicos exigibles”. El contrato respectivo se firmará en los próximos 5 días hábiles.
“La oferta que se adjudica comprende la prestación al IPJyC del servicio integral de provisión de 720 máquinas electrónicas, electromecánicas y/o electromagnéticas -denominadas también en el mercado lúdico como Tragamonedas o Slots Machines-, en el actual Local donde funciona el ‘Casino de Mendoza - Casino Central’, en avenida San Martín 2.045, de Godoy Cruz”, dice la resolución.
También detalla la pieza que canon retributivo mensual será del 52% y el plazo de vigencia de 10 años.
En el artículo 3, la resolución aclara que “los interesados podrán interponer recurso de aclaratoria, a fin de que sean corregidos errores materiales, subsanadas omisiones o aclarados conceptos oscuros, siempre que ello no importe una modificación esencial; y/o recurso de revocatoria ante el mismo Directorio del Instituto Provincial de Juegos y Casinos a fin de que modifique, sustituya o revoque por contrario imperio la presente resolución, ambos recursos en un plazo de 15 días hábiles administrativos a contar desde la notificación del acto”.
En este caso, el interesado deberá constituir una “garantía de impugnación” de 200.000 pesos.
La resolución también designa una comisión de recepción que tendrá “la responsabilidad de verificar si la prestación del servicio cumple o no las condiciones establecidas en los pliegos que rigen la contratación, y deberá labrar el acta correspondiente de inicio de prestación, el cual deberá ser suscripto además por el adjudicatario”.
