La justicia jujeña ordenó liberar hoy a los dos hombres que llevan 50 días presos acusados de haber posteado en redes sociales mensajes sobre una supuesta infidelidad de Tulia Snopek, la mujer del exgobernador Gerardo Morales. Así lo informaron fuentes de la defensa de Nahuel Morandini, uno de los detenidos.
No obstante, sigue vigente la orden de captura que pesa sobre la tercera imputada: Lucía González, una arquitecta de 42 años que habría reproducido el rumor en un grupo privado de WhatsApp. La orden de detención contra ella la dictó el 26 de enero pasado el juez Pablo Pullen Llermanos, el mismo que mantuvo presos a Nahuel Morandini y Roque Villegas, y que hoy ordenó sus liberaciones.
En un giro inesperado en la causa, la orden de hacer cesar “de inmediato” las prisiones preventivas fue dispuesta en una audiencia esta mañana, pasadas las 10, a pedido del fiscal del caso, Walter Rondón. Esa audiencia no estaba prevista la semana pasada. Fue convocada ayer, domingo, porque la solicitó el fiscal. “Me llegó la notificación a las 23 de ayer”, relató Marcos Aldazabal, abogado de Morandini a La Nación.
Cambio de opinión del fiscal
De acuerdo a lo que manifestó el fiscal, ya no hay “riesgo procesal” que justifique mantenerlos presos porque él ya presentó su requerimiento de elevación a juicio y las pruebas ordenadas ya están reunidas, dijeron fuentes que participaron de la audiencia. En rigor, nada de esto es nuevo.
El requerimiento de elevación del fiscal es de hace nueve días y el contenido de los teléfonos, prueba central para sostener las acusaciones, está en el expediente desde hace semanas. La causa, que seguirá adelante, se inició por una denuncia de Tulia Snopek el 4 de enero pasado.
Un día más tarde, fueron detenidos Morandini y Villegas. Los tres están acusados de delitos que, sumados como pidió el fiscal, los podrían dejar en prisión hasta ocho años, por lesiones psicológicas (a Snopek) y afectación a la identidad de una menor (la hija de Snopek y Morales, de dos años).
En la audiencia de esta mañana, el fiscal pidió las liberaciones, pero solicitó que, como “regla de conducta”, se les impidiera a los acusados hablar de la causa. Aun así, los defensores se opusieron: dijeron que era un derecho constitucional poder referirse al caso. También las querellas reclamaron que se les prohibiera a los imputados hacer manifestaciones sobre el expediente y sus víctimas.
El representante del Consejo Provincial de la Mujer, que depende de la provincia de Jujuy (cuyo gobernador, Carlos Sadir, responde a Gerardo Morales), cuestionó además la difusión que el avance de la causa tuvo durante los últimos días en los medios de comunicación locales y nacionales.
“Daño irreparable”
El abogado de Tulia Snopek, José Roberto Ivanovich, hizo además una presentación formal en la causa en la que denunció por “desobediencia judicial” a la mujer de Morandini, Lucía Castro Olivera, a quien acusa de haber “brindado información precisa de la causa” a La Nación, pese a que las partes habían sido informadas -dice el abogado de la esposa de Morales- del “estricto secreto de las actuaciones”.
Cabe recordar que el 5 de enero pasado, cuando el fiscal justificó en una audiencia la necesidad de mantener detenidos a Morandini y Villegas, manifestó que había que tener en cuenta “la pena que podría llegar a aplicárseles” a los imputados, que es alta. Alegó que “algunos abogados”, basados en fallos de la Corte Suprema, dicen que la expectativa de pena no es motivo suficiente para la prisión preventiva, pero que eso es “anacrónico”.
También sostuvo que, de quedar en libertad los acusados, podrían seguir posteando en redes e incluso “intimidar” a posibles testigos. Además, en el marco de la necesidad de las detenciones, manifestó que había que tener en cuenta los graves daños a Snopek y a su hija, y dijo: “La virginidad existencial de una menor de dos años no se puede reparar, será una querella, pero el daño es irreparable”.
En el proceso penal, la regla es la libertad. De este modo, la prisión preventiva sólo debe disponerse -según la Corte Suprema y los estándares internacionales en materia de derechos humanos- cuando existe riesgo procesal; esto es: peligro de fuga o de que, de permanecer en libertad, el acusado pueda entorpecer la investigación.
“Es un chisme que escuché en la verdulería”
El viernes pasado, juristas y especialistas en derecho constitucional de diferentes líneas de pensamiento consultados por el mencionado medio coincidieron en manifestar su preocupación por este caso. Cuestionaron que dos personas estuvieran acusadas de graves delitos penales por lo que postearon en redes sociales y criticaron especialmente que llevaran más de un mes y medio presos.
Morandini fue arrestado porque publicó un tuit en el que sostuvo que parece que “uno de los tekis le enseña a tocar la quena a la mujer del exgobernador” y Roque Villegas, porque reposteó en su cuenta de Facebook mensajes sobre la supuesta infidelidad de Snopek. Después, en Jujuy se viralizaron rumores que daban por cierta esa relación prohibida o que ponían en duda, muchos en tono jocoso, la paternidad de Morales (tiene una hija de dos años con Snopek).
Según la fiscalía, los dos acusados son responsables de esa viralización, la planearon y fueron conscientes del mal que generarían, lo mismo que Lucía González, la arquitecta a la que buscan para arrestarla. Ella habría reproducido el “chisme” de la infidelidad en un grupo privado de WhatsApp. Según detalló González a La Nación, ella no hizo publicaciones en redes sociales sobre este tema.
“Solo uso Instagram y no publiqué nada”, relató. “Me acusan por algo que se habló en un grupo de WhatsApp de once personas. Yo hablo de un chisme, lo digo claramente, es un chisme que escuché en la verdulería. No hice absolutamente nada más”, afirmó la mujer. Según relató el sábado el fiscal a La Nación, ella sería responsable de una maniobra premeditada con otras personas para viralizar los rumores y dañar a la familia Snopek-Morales.
Rondón respondió que por el momento no podía dar más precisiones sobre cómo fundamenta su acusación contra González. Esta tarde, a las 18, habrá una audiencia con el juez para discutir si se levanta la orden de detención de esta imputada. En este caso, fue pedida por el abogado defensor de González, que según los acusadores, está “prófuga”.
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