El gobierno tiene dos objetivos complejos para antes de diciembre: contener la crisis social, para lo que está destinando un gasto social sin precedentes, y recuperar la calle después de que la oposición le hiciera cuatro marchas multitudinarias en contra.
Otro autor de la llamada concertación plural con Néstor Kirchner, hoy Alberto Fernández está muy lejos de poder sumar opositores. Proyectos como la Reforma Judicial y el avance sobre el sector privado generan diferencias insalvables.
Pero Fernández quiere tejer una red por donde puede: los gobernadores e intendentes necesitados de fondos, el sindicalismo y las organizaciones sociales que trabajan en los barrios donde están los principales bolsones de pobreza en los conurbanos de todo el país.
Recuperar la calle hoy es complejo. “Nosotros podemos meter 500.000 personas a la 9 de julio con un tuit del Presidente, pero no lo vamos a hacer porque sería un acto de enorme irresponsabilidad en la pandemia”, le dijo a este diario un estrecho colaborador de Fernández.
Esto fue dialogado el martes pasado en un almuerzo en la quinta de Olivos. Allí estaban las tres patas del Frente de Todos. Fernández y su alfil, Santiago Cafiero; Sergio Massa; y los cristinistas puros: Máximo Kirchner, Eduardo “Wado” de Pedro y Axel Kicillof.
Y por primera vez se sumó a cuatro “minigobernadores” de 3,5 millones de personas en el conurbano bonaerense, terreno siempre caliente. Fernando Espinoza (La Matanza), Juan Zabaleta (Hurlingham), Jorge Ferraresi (Avellaneda) y Martín Insaurralde (Lomas de Zamora).
Una salida larga
Hay tres postas en el devenir del Gobierno. La primera, cómo salir de la pandemia. Los ministros Claudio Moroni y Matías Kulfas coinciden: no habrá un “Día D” sino “una salida larga”, con marchas y contramarchas al ritmo del Covid-19 hasta que llegue la vacuna.
Según Trabajo, en mayo de este año hubo 402.588 empleos registrados menos que en el mismo mes de 2019. Aún no se conocen los datos de junio, julio y agosto. Pero según Moroni, la tendencia se frenó. “En pandemia perdimos 2,5 puntos del empleo registrado”, asegura.
Septiembre no será un mes sencillo para el Gobierno. Se conocerán cifras oficiales del desempleo, la desigualdad y el nivel de pobreza e indigencia en el segundo trimestre. Todos los indicadores empeoraron notablemente.
Hay datos oficiales que lo anticipan. El desempleo saltó al 14,7% en el segundo trimestre del año en la Ciudad de Buenos Aires, el territorio más rico del país, según el Gobierno porteño. Estimaciones del Observatorio de la UCA señalan que entre durante la pandemia, 950.000 argentinos perdieron sus empleos, registrados o no.
La gestión Fernández comenzó a preparar el terreno para resistir esos números y ya está mirando a diciembre, un mes que suele ser caliente en años de profunda crisis económica y social como el actual, siempre con la idea de evitar como sea un estallido social.
Parte de esta estrategia es el reciento llamado a la multisectorial del Consejo Federal Argentina Contra el Hambre, que lideran el ministro de Desarrollo Social, Daniel Arroyo, y la titular del Consejo Nacional de Coordinación de Políticas Sociales, Victoria Tolosa Paz.
Presión opositora
Desde la oposición, que se empezó a reorganizar lentamente, aumenta la presión. El radical mendocino Ernesto Sanz se sumó al ala dura de Juntos por el Cambio que lidera la presidenta del PRO, Patricia Bullrich, una activa militante de las marchas contra el Gobierno.
“¿Cuánto tiempo demora en explotar? ¿Cuánto tiempo el Banco Central va a seguir agrandando y agrandando sin que pase algo? ¿Cuánto tiempo van a aguantar las pymes y los emprendedores? ¿Y el sector turismo?”, se preguntó Sanz en Zoom con Bullrich.
Ambos coincidieron en que Juntos por el Cambio debe estar “preparado para el corto plazo, para ofrecer en el mediano plazo una luz al final del túnel”. Están convencidos que con Mauricio Macri “en otro rol” que no sea el de líder, serán opción de gobierno en 2023.
Crisis fiscal
El Banco Central viene emitiendo dinero en niveles record para financiar la crisis. Con el mercado de deuda cerrado y la recaudación tributaria en caía, el Gobierno no tiene alternativa.
Acumulado a junio esa asistencia representó alrededor de 3,3% del Producto Bruto Interno de los últimos doce meses (que a su vez viene en picada), y superaría 4% del PBI a fines de este año, según el último Informe de Política Monetaria.
Con la aprobación de la ampliación presupuestaria y apoyo casi unánime de la oposición, el Congreso autorizó a Fernández a gastar 2 billones de pesos por encima de lo que estaba inicialmente previsto.
La mayor parte de ese gasto ira a subsidios y programas sociales. Al menos 1 billón, al finalizar 2020, serán financiado vía emisión monetaria. El resto, el ministerio de Economía tomará del mercado de capitales local vía deuda.
Miguel Pesce, presidente del Central, sostiene que se puede financiar el gasto sin riesgos graves para la inflación por el momento debido a la esterilización vía administración de pasivos remunerados (Leliq y los pases).
El desafío es doble. Hay que empezar a corregir el desmadre fiscal para poder refinanciar la deuda con el FMI. Pero no se puede cortar en seco la asistencia social que hoy se da a 11 millones de personas. Los gobernadores e intendentes piden tener cuidado.
