Luego de dos intensas jornadas de medidas de fuerza, los trabajadores judiciales consiguieron una reapertura de paritarias, que se realizará el viernes a las 10 en la Subsecretaría de Trabajo. La decisión se tomó luego de una reunión de los referentes sindicales con el procurador de la Corte, Alejandro Gullé; y el presidente de la Suprema Corte de Justicia, Dalmiro Garay. En el gremio aseguraron que hubo un “compromiso” para devolver el dinero que se les descontó a los empleados por los paros realizados, con montos “que rondan los $10.000″, aunque desde el Gobierno sostienen que es un punto que “se analizará”.
De esta manera, luego de cerrar con Ampros un aumento que ronda el 45%, el Gobierno provincial analiza seguir con diálogos “informales” con otros sindicatos, por lo que se podrían precipitar reuniones futuras antes de las revisiones de noviembre, fecha en la que se tiene previsto analizar el comportamiento de la inflación y la variación con los salarios de los estatales.
El conflicto con judiciales viene desde hace varias semanas, en el cual el sindicato que hoy conduce César Llanos dispuso en varias oportunidades paros, movilizaciones y caravanazos en rechazo al aumento extra que habían recibido los trabajadores del Poder Judicial por decreto. No obstante, el Poder Ejecutivo decidió días atrás reabrir las discusiones con Ampros, el sindicato de los profesionales de la Salud (Régimen 27), pero no ocurrió lo mismo con el resto de las agrupaciones.
De esta manera, la Asociación Gremial de Empleados y Funcionarios del Poder Judicial retomó las medidas de fuerza por 48 horas para ayer y hoy. Tal como habían anunciado la semana pasada, el sector ya tenía definida la medida en el caso de no recibir una convocatoria formal a paritaria salarial por parte del Gobierno.
En este sentido, hoy los manifestantes llegaron a Tribunales, e incluso se agolparon en el cuarto piso del edificio, donde tienen sus oficinas los siete ministros de la Corte. Allí, luego de algunos minutos de tensión, fueron recibidos por Garay y Gullé, y luego de esa reunión se acordó, tras contactos también con el Poder Ejecutivo, la reapertura de la discusión paritaria para el viernes a las 10 en las oficinas de la subsecretaría de Trabajo.
Llanos, en diálogo con Los Andes, destacó que además de comprometerse a sentarse en paritarias, “nos dijeron que les iban a devolver a los trabajadores el monto de los días descontados por las medidas de fuerza”, y que sería en planilla suplementaria. Si bien este monto varía según cada uno de los empleados y la escala salarial, el promedio de descuentos “ronda entre los $7.000 y $14.000 por cada trabajador”.
Días atrás el dirigente opinó que descontar salarios por medidas de fuerza “era una medida de presión para que no se manifestaran los trabajadores, pero también injusta e inentendible, porque se vienen negando a hablar del salario quienes tienen sueldos de $600.000, y les descuentan a quienes no superan la línea de pobreza”. El gremialista también denunció que “más del 50 por ciento de los trabajadores no cubren la canasta total de consumo; es hora de decir basta”.
Aparte de este conflicto, el Poder Judicial además tiene otro frente abierto con los abogados por el proceso de despapelización.
Recordemos que actualmente los trabajadores judiciales tienen una suba anual del 29% en tres cuotas (7% en marzo, 12% en julio y 10% en octubre), un bono de $54.000 y un proceso de rediscusión salarial en noviembre.
Según pudo saber Los Andes, la presión del gremio de Judiciales, y también pedidos de la Corte al Poder Ejecutivo para no tener que enfrentar estos problemas, derivaron en que el Gobierno Provincial pusiera la fecha del viernes para sentarse en las paritarias.
No obstante, el Ministerio de Gobierno está analizando abrir y comenzar en las próximas semanas nuevamente con una “ronda informal de diálogo” con el resto de los sindicatos, incluido el SUTE, que recibió todos los aumentos por decreto; y también aquellos que aceptaron la segunda propuesta salarial, como fue el caso de ATE.
Esto podría derivar en que se aceleren todas las revisiones salariales previstas en noviembre, sobre todo teniendo en cuenta que estamos en un contexto electoral. Los gremios, en este sentido, aseguran por lo bajo que es el momento para apresurarse en los reclamos.
