La Asociación Mendocina de Profesionales de la Salud (Ampros) no esperará a que el Gobierno de a conocer qué excepciones pedirá para que sean exceptuados de la ley de tope salarial, declarada constitucional la semana pasada luego de años de espera.
No sólo irá a la Corte Suprema de la Nación sino que espera por tres medidas presentadas ante el máximo tribunal local con la intención de frenar la legislación que impide que cualquier funcionario público, salvo los exceptuados, cobren más que el Gobernador.
El fallo que salió de la Sala Primera de la Suprema Corte de Justicia de Mendoza y lleva la firma de Julio Gómez, Pedro Llorente y José Valerio desató la ira del gremio de la salud. Aunque el Gobierno reconoció que no aplicaría le ley a rajatabla y evaluaban excepciones en las áreas críticas, que debe avalar la Legislatura.
Mientras el Gobierno provincial estudia la estrategia para realizar el envío de la lista de trabajadores por los cuales pedirá la excepción, el gremio de la salud ya trabaja en una nueva judicialización del conflicto. Adelantaron que no se quedarán con el fallo de fondo resuelto por la Corte y lo que provocó la caída de medidas cautelares que habían sido aceptadas en su momento por la Justicia.
De esta manera, desde el sindicato que conduce Claudia Iturbe advirtieron que seguirán hasta “las últimas consecuencias” con respecto a la medida judicial. Criticaron al Gobierno por manejar “a dedo” la decisión sobre qué profesional debería estar exceptuado de la norma, discutida y aprobada en 2014 durante la gestión de Francisco Pérez.
Sin embargo, también han solicitado al máximo tribunal local que deje todo en “stand by” con las cautelares vigentes hasta tanto la Corte nacional se expida respecto al tema.
Batería de medidas
Carlos Alico, abogado de Ampros, mencionó a Los Andes que hay 4 grandes medidas que se han tomado por parte del gremio en base a la ley de tope de sueldos. La primera es un recurso extraordinario federal para que la Corte Nacional revise el fallo de la Suprema Corte.
Sin embargo, como estos temas suelen llevar su tiempo, se presentó otra solicitud la semana pasada desde Ampros. La misma está dirigida puntualmente a la misma Sala 1 que resolvió el fallo, compuesta por José Valerio, Julio Gómez y Pedro Llorente, que “mantenga la medida cautelar hasta que la Corte de la Nación revise este fallo”.
Para Ampros, en caso que el topeo de salarios esté vigente y luego la Corte Nacional establezca un fallo diferente a la Corte provincial, podría de igual manera “generar problemas a la Salud estatal, porque muchos profesionales altamente capacitados podrían dejar su trabajo en el Estado y pasarse al ámbito privado”.
En tanto, hay otros dos frentes abiertos a los ya planteados, por parte de Ampros. Uno de ellos es una Acción Declarativa de Certeza que fue aceptada por la Corte local y que “se resolverá en plenario” (con los 7 ministros), en la que marcan que, desde el 2021, los acuerdos paritarios de Ampros con el Gobierno “tienen una cláusula específica con la que dejan sin efecto acuerdos o normas anteriores que tengan criterios contrarios a los firmados”.
Alico explicó que dicha cláusula marca que, en la paritaria, “Ampros firmó y dejó expreso acuerdos por fuera del tope salarial. De esta manera, esta norma posterior deja sin efecto la del tope de sueldos del 2014″, fundamentó.
El valor, según el letrado gremial, es que estos acuerdos paritarios desde el 2021 en adelante, “han sido ratificados por la Legislatura y tienen fuerza de ley”.
La otra medida judicial es otra Acción Declarativa de Certeza, que también fue aceptada por la Corte el 8 de mayo y que resolverá en plenario, y que compromete, según Alico, a 23 terapistas. Según el abogado, los profesionales “firmaron acuerdos con el Gobierno y tienen bloqueo de título, pero la condición estaba dada sin el topeo de sus sueldos”.
“Si todo sigue sin efecto y se aplica la ley de tope de sueldos, el Gobierno verá una fuga de especialistas de Salud”, alertó Alico.
Para Ampros, la situación “es delicada”, y manifiestan que hoy no es posible que profesionalizados “ultraespecializados” puedan cobrar un salario de bolsillo de $677.000, tal como percibe actualmente el Gobernador.
“¿Qué pasa con los profesionales, que hoy se les pide más trabajo porque cada vez son menos? El aumento de las horas extra, o el aumento del pago por guardias, hará que cada vez más médicos estén ‘topeados’”, auguró Alico.
Cautela del Gobierno
Desde el Gobierno, por su parte, mantienen la calma. La ministra de Salud, Ana Nadal, comunicó la semana pasada que analizarán la cantidad de profesionales que estarían topeados con la ley, y cuáles son los que finalmente pasarán el filtro.
Para eso, el Poder Ejecutivo debe enviar la nómina de trabajadores que hoy cobran más que Suárez. Según sostuvo a Los Andes el Gobierno, son sólo 24, pero Ampros asegura que son por lo menos un centenar.
Al margen quedará la discusión legislativa. En el Gobierno, en este sentido, hay tranquilidad debido a que tienen la mitad más uno de los votos con el frente Cambia Mendoza, pero además, agregan que el listado será de profesionales especializados, por lo que entienden que no habrá algún tipo de problema por parte del resto de la oposición.
Sin embargo, el trabajo del listado hoy lo está haciendo el ministerio de Salud, y desde el oficialismo en la Legislatura no hay mayores novedades. “Creemos que en breve tendremos el listado, pero hasta ahora no ha llegado nada, manifestaron a Los Andes.
Mientras tanto, Ampros de igual manera está en contra de la ley de tope en su naturaleza. “No podemos permitir que el Gobierno hable de ‘blindar’. Necesitamos previsibilidad, no que el Gobierno resuelva todo con una ‘dedocracia’”, advirtieron.
Finalmente, la titular del gremio afirmó que, “si se ve afectado el salario de los trabajadores en el mes de mayo, se va a presentar una medida de fuerza en la Subsecretaría de Trabajo anunciando que los profesionales trabajarán la cantidad de horas correspondientes a la remuneración recibida. Esto ya lo hemos hablado con los trabajadores”, acotaron.
