Luego de que la Justicia mendocina rechazara la cautelar presentada por la Central de Trabajadores Argentinos (CTA) de Mendoza para volver a las clases virtuales, desde la organización sindical cuestionaron la decisión de la jueza y advirtieron que seguirán insistiendo con la suspensión de las clases presenciales en la provincia.
La jueza del Tribunal de Gestión Asociada número 2, Patricia Fox, rechazó la medida cautelar presentada a finales de abril junto a una acción de amparo por el titular de la CTA, Gustavo Correa. Allí solicitaba que se suspendan las clases presenciales, basándose en el “semáforo sanitario” propuesto por el Consejo Federal de Educación (CFE) para analizar el riesgo epidemiológico de cada región y en el cual Mendoza aparece en rojo.
En el fallo la magistrada la Provincia tiene a su cargo la prestación del servicio educativo por lo prescripto en el inciso a del artículo 121 de la ley de educación nacional 26.206 y consideró que “no se ha acreditado que la situación de mayores contagios esté en vinculada en modo cierto con la actividad escolar, ni en consecuencia, alegado el alto riesgo en que se encontrarían los integrantes de la comunidad educativa”.
“La jueza reconoce los niveles de contagio y lo que nosotros aportamos como datos, pero después dice que no es suficiente. Hay una contradicción ahí, parece que nadie se anima a ponerle el cascabel al gato”, manifestó Correa en diálogo con Los Andes tras conocerse la decisión judicial.
En este sentido, el dirigente sindical advirtió que “nosotros vamos a insistir con la suspensión de las clases presenciales” e hizo hincapié en que “se ha resuelto una cautelar, no se ha resuelto la cuestión de fondo”.
La Justicia ahora tiene que resolver la cuestión de fondo de esta causa, mientras tanto las clases seguirán siendo presenciales en la provincia. Asimismo, también restan definirse planteos del Sindicato Unido de Trabajadores de la Educación (SUTE) y de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos (APDH) sobre la misma temática.
“Vamos a esperar. La verdad es que esperamos encontrar algún juez o alguna jueza que acompañe esto y que de verdad mire lo que nos está pasando. Ayer se murieron cuatro docentes”, expresó el secretario general de la CTA.
En este sentido expuso que “nosotros planteamos que los datos del semáforo sanitario, que no los hacemos los dirigentes gremiales ni los docentes sino los profesionales de la salud, deben respetarse. Decimos que la educación es uno de los factores que influye en la circulación de la gente. De hecho, ninguno de nosotros vive adentro de la escuela ni tampoco los alumnos o los padres. Los científicos y quienes se encargan de esto dicen que la circulación que aporta el sistema educativo es importante”.
Asimismo adelantó que realizarán una presentación ante el CFE para denunciar el incumplimiento de la Dirección General de Escuelas (DGE) de la última resolución del organismo, en la que 22 provincias votaron por la obligatoriedad de volver a la virtualidad en áreas de “alarma epidemiológica”, pero que fue rechazada por Mendoza y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Paralelamente, Correa indicó que ampliará la denuncia penal que realizaron desde la central obrera contra el titular de la DGE, José Thomas, por violar el artículo 205 del Código Penal al adoptar medidas que favorecen la propagación de la pandemia de COVID-19. Argumentan que el funcionario provincial violó normativas nacionales y provinciales, al negarse a cumplir la normativa establecida por el Consejo Federal de Educación.
