A pocos días de aprobarla, la Legislatura de Chubut votó este martes por unanimidad la derogación de la ley de zonificación minera, que había derivado en protestas e incidentes en la provincia, incluyendo el ataque al diario El Chubut.
Desde las 8, los diputados debatieron de forma virtual, ya que “no se encuentran dadas las condiciones edilicias, ni de seguridad necesarias para continuar con el normal desarrollo de la labor legislativa y administrativa”.
De manera unánime, los legisladores de la unicameral resolvieron cambiar su postura después del estallido social y las manifestaciones en las calles. Entonces, le dieron voto positivo al proyecto enviado por el gobernador Mariano Arcioni, quien el lunes también había impulsado la realización de un plebiscito.
“Respeto profundamente a quienes se han manifestado pacíficamente estos días y quiero pedirles de abrir una ventana de tiempo durante la cual nos demos una oportunidad, la oportunidad de pensar cómo damos trabajo a quienes no lo tienen, cómo generamos inversiones para industrializar nuestra producción, y con qué recursos mejoramos nuestra educación, nuestra seguridad y nuestra salud”, planteó el mandatario chubutense.
Según sus defensores, la ley de zonificación de la actividad minera en Chubut avalaba la “diversificación productiva” en los departamentos de Gastre y Telsen, del interior provincial, con la habilitación de la explotación de los recursos sin cianuro.
La nueva zonificación iba a permitir el desarrollo del denominado Proyecto Navidad, un yacimiento de plata considerado de los más importantes del mundo, lo que implicaría una inversión superior a los USD 1.000 millones, la creación de miles de puestos de trabajo y de una red de proveedores locales.
La normativa, incluso, había recibido el respaldo del gobierno nacional a través de la cartera de Desarrollo Productivo que tiene bajo su órbita a la Secretaría de Minería y del Consejo Federal de Minería (Cofemin), esta última integrada por las provincias productoras, por considerar que se trataba de un “importante paso hacia adelante” que contribuiría al “desarrollo de la industria” en la provincia y el país.
Sin embargo, la sanción de la normativa generó un rechazo social que se plasmó en distintas manifestaciones y episodios de violencia, incluso contra los edificios gubernamentales y un medio de comunicación.
Con este clima tenso extendido por varios días, el gobernador y los diputados dieron marcha atrás.
