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hace 47 minutos
Aunque la Ley 9.070 que regula el acceso a la información pública se sancionó en mayo de 2018, todavía hay seis municipios que no han adherido a la norma que busca un Estado más transparente y abierto a la ciudadanía.
El primero en sumarse a la ley hace más de dos años fue Rivadavia. Después, le siguieron Capital, General Alvear, Godoy Cruz, Guaymallén, Luján de Cuyo, Maipú y Santa Rosa. En una segunda etapa, que va desde diciembre del año pasado hasta hoy, adhirieron San Martín, San Rafael, Malargüe y Tupungato.
Según la información publicada en la página oficial de la Oficina de Investigaciones Administrativas y Ética Pública de Mendoza, hay un tercio de las comunas que aún no han publicado un decreto, resolución u ordenanza para adherir a la norma. Son: Junín, La Paz, Las Heras, Lavalle, San Carlos y Tunuyán.
“Tenemos 12 municipios adheridos que es un muy buen número. Hace un mes enviamos una nota insistiendo con la adhesión a las comunas y la gran mayoría contestó que estaban trabajando sobre el tema. Y Malargüe a las dos semanas adhirió a la ley”, explicó el subdirector de la oficina de Acceso a la Información Pública, Diego Seoane.
Transparencia en deuda
Ante las consultas por las demoras en sumarse a la ley 9.070, desde San Carlos indicaron que el Concejo Deliberante va a tratar la adhesión la semana que viene y que gran parte del retraso se debió a que el cuerpo legislativo no pudo sesionar con normalidad porque tres concejales dieron positivo de Covid. Por su parte, desde Lavalle explicaron que están "trabajando en una normativa propia de acceso a la información pública”, sin dar más detalles.
En tanto, desde la municipalidad de Junín el intendente Héctor Ruiz dijo que están trabajando en la aprobación de la ordenanza. “Todos nuestros funcionarios ya elevaron la declaración jurada. Además, la Oficina de Ética Pública verificó nuestra página y me informó que cumplimos con todos los requisitos. Ahora solo resta la aprobación de la ordenanza que será en los próximos días”, explicó el jefe comunal.
Con respecto a Las Heras, Tunuyán y La Paz, no respondieron las consultas de Los Andes. Desde la Oficina de Ética Pública ratificaron que “los seis departamentos no han notificado que han adherido a la ley 9.070”.
Más allá de las demoras administrativas, estas comunas han tenido algunos avances en el acceso a la información pública. Por ejemplo, en la página oficial de Las Heras hay un apartado específico de responsabilidad fiscal en la que está el detalle de los gastos e inversiones de la municipalidad desde 2009 hasta el segundo trimestre de 2020, desagregado en casi 20 anexos.
En Tunuyán, también en la página de la municipalidad, en el margen superior derecho está la pestaña para acceder a toda la información referida a la responsabilidad fiscal que exige el Tribunal de Cuentas.
Los más transparentes
Estos últimos sitios distan de los que tienen los municipios que ya adhirieron a la legislación vigente, como Capital, donde hay un portal de datos abiertos en el que figuran todos los informes y pedidos de acceso a la información pública por mes. Además, dentro de la estructura municipal hay una Dirección de Gobierno Abierto y Participación Ciudadana.
Godoy Cruz también tiene un espacio especial para el tema de información pública en su sitio web, en el que figura la ordenanza municipal de adhesión a la ley 9.070, el decreto reglamentario y los formularios para solicitar acceso a la información en la comuna.
El artículo 40 de la ley 9.070 dice explícitamente que “invita” a los municipios a adherir a la norma. Fue un detalle que se les escapó a los legisladores y que le da un marco legal a las demoras de las comunas, que solo tienen como control la mirada de los ciudadanos y no reciben ninguna sanción si no abren sus datos al público.
Durante todo el año pasado, desde la Oficina de Ética Pública dieron capacitaciones sobre los objetivos de la normativa e informaron las líneas principales para que se avanzara en la implementación de la misma en los departamentos, para llegar a la sanción de las ordenanzas de adhesión.
“La ley debería haber sido obligatoria porque no hay violación a la autonomía municipal. Lo más importante es que adhieran al procedimiento de solicitud de información. Así se logra una bilateralidad en la que el vecino requiere información, opina y el municipio gestiona”, explicó Seoane.
Qué dice la ley
La 9.070 tiene como objetivo regular los mecanismos de acceso a la información pública. Establecer un marco general de desarrollo y los procedimientos para que un ciudadano pueda solicitar la información que desee saber de la administración del Estado.
Además, busca que las gestiones den una publicidad activa a los actos de gobierno para garantizar la transparencia. El fin último es tener un Estado Abierto.
A nivel práctico, si la ley se aplica en su totalidad los ciudadanos podrían conocer a través de internet contratos, licitaciones, presupuestos y ejecuciones de partidas presupuestarias, entre otros detalles.
Actualmente, existe un sistema de tickets de información pública. “Cualquier ciudadano de cualquier punto de la provincia puede pedir información de cualquier municipio. Es una forma ágil a través de internet. Tenemos una tasa de respuesta del 98% en tiempo y forma”, detalló Seoane.
Cómo pedir información
Para hacer un pedido de información pública a cualquier organismo del Estado provincial, hay que ingresar en este sitio web y seguir los pasos que se indican.
