El caso Bento sigue generando hechos polémicos. En la semana que pasó, trece organizaciones de la sociedad civil, algunas vinculadas a la transparencia y el fortalecimiento de la democracia, otras gremiales empresarias, la mayoría locales, otras nacionales, enviaron una carta al Consejo de la Magistratura de la Nación, en la que piden que “de manera urgente adopte las medidas necesarias para que se determinen las responsabilidades del juez federal de Mendoza con competencia electoral Dr. Walter Bento y que sea suspendido preventivamente en el cargo”.
La nota es dura, aunque cuidadosa en las formas. De hecho, inmediatamente después de esa frase de apertura, indica que esa suspensión se mantenga “mientras se lo somete a un jurado de enjuiciamiento que permita su adecuada defensa”.
El segundo párrafo manifiesta el motivo: “queremos un proceso electoral en el que prime la transparencia, la imparcialidad y la confianza de la ciudadanía en los resultados alcanzados, aspectos vitales para una democracia de calidad, así como lo han solicitado dos ex gobernadores de distintas fuerzas partidarias”.
Los dos ex gobernadores que se han manifestado sobre la situación del magistrado: uno es Arturo Lafalla, quien dijo que “la gravedad de los cargos y en especial que serían delitos cometidos en el ejercicio de su función, hacen que no se pueda tolerar desde el más elemental sentido común que pueda seguir ejerciendo como juez”; el otro fue Julio Cobos, quien manifestó que “se ha manchado la Justicia Federal con las denuncias al juez Bento y por eso pedí que el Consejo de la Magistratura actúe rápidamente. Sin embargo no lo ha hecho”.
La nota fue remitida al Consejo de la Magistratura vía electrónica y el viernes ya tuvo respuesta oficial. “Le informo que su presentación fue recibida y posteriormente remitida a la Comisión de Disciplina y Acusación en el marco del expediente N| 79/2021 de este Consejo”.
La Comisión de Disciplina y Acusación es la que lleva adelante la pesquisa sobre Bento en el Consejo.
Walter Bento es juez federal de Mendoza con competencia electoral. Está imputado como presunto líder de una asociación ilícita dedicada a liberar detenidos a cambio de coimas, enriquecimiento ilícito y lavado de activos. Es investigado por el juez federal Eduardo Puigdéndolas y el fiscal federal Dante Vega.
Las organizaciones
Los firmantes son organizaciones, varias muy conocidas en la provincia. Suscriben agrupaciones empresarias como el Consejo Empresario Mendocino (CEM), Asociación de Ejecutivos de Mendoza (AEM), Asociación de Dirigentes Cristianos de Empresas (ACDE); Otras especializadas en diferentes áreas de interés, como Asociación Civil Valos que pone el foco en la responsabilidad social empresaria; o la Federación de Entidades no Gubernamentales de Niñez y Adolescencia de Mendoza (Fedem) que está compuesta por 57 entidades dedicadas a la defensa de los derechos consagrados en la Convención de los derechos del niño.
También hay organizaciones dedicadas a la defensa de derechos humanos, justicia y república a nivel nacional. Por ejemplo firma Poder Ciudadano, dedicada a la defensa de los derechos cívicos; la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ) que hace foco en la defensa de los derechos de sectores desfavorecidos y el fortalecimiento de la democracia; lo mismo Salta Transparente, que también pone énfasis en el derecho de la información pública en esa provincia.
En el mismo sentido que las anteriores, firma la Fundación Nuestra Mendoza, dedicada a la transparencia y participación ciudadana. Esta organización está compuesta por representantes de otras organizaciones, dos ellas que firman el documento remitido al Consejo de la Magistratura (Valos y Fedem) y aglutina también a gente de la Federación Económica de Mendoza, Asociación Empresaria Hotelero Gastronómica y afines de Mendoza (Aehga), más profesionales emprendedores independientes, entre otras.
También firma el Centro Latinoamericano de Derechos Humanos (Cladh), que trabaja en la promoción de los derechos humanos desde sus oficinas de Mendoza, Buenos Aires, Chile, México, Guatemala y Paraguay.
El Polo Tic también suscribe la nota; se trata de una organización conformada por universidades, empresas y Estado y se definen como una organización mixta para promover el desarrollo de nuevas tecnologías de la comunicación y la información.
Firman también otras organizaciones con menos exposición, por ahora, como Contadores Forenses constituida por profesionales de las ciencias económicas que se desempeñan en el Poder Judicial y Consti Tuya, definida como red como red de inteligencia colectiva, apartidaria, plural, diversa y federal.
Los Andes intentó obtener testimonio de sus referentes, pero la respuesta fue “la nota habla por nosotros”. Apenas hubo una aclaración: “para nosotros el tema no es Bento, sino las elecciones. Mal podríamos opinar sobre la causa, porque no la conocemos. Pero la acusación judicial tiene un efecto social y todas las decisiones que tome el Juez referidas al proceso electoral generarán desconfianza respecto de los resultados”, dicen desde la Fundación Nuestra Mendoza.
Lo que se advierte es un efecto cascada: si los resultados electorales son cuestionados, se suma otra mancha a la legitimidad de la política. La misma nota señala en tercer párrafo: “la autoridad judicial que tiene que decidir en temas electorales debe contar con un insospechable prestigio y reconocimiento social que avale su desempeño; siendo necesario evitar situaciones en las que pueda existir o generar siquiera sombra de duda sobre posibles conflictos de intereses entre un juez que tiene que decidir temas electorales mientras está siendo sometido a un proceso criminal”.
La sombra sobre posibles conflictos de intereses ya apareció, cuando Bento debió responder los primeros planteos realizados por las fuerzas políticas. Mientras que el oficialista frente Cambia Mendoza impugnó las colectoras que llevaban el Frente de Todos, Compromiso Federal y Vamos Mendocinos; mientras que éste último frente impugnaba la precandidatura del gobernador Rodolfo Suárez como senador suplente de Cambia Mendoza.
La primera resolución de Bento fue salomónica: le dijo a Vamos Mendocinos que no tenía legitimidad para cuestionar a los candidatos de otro frente en las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias, elección que funciona como una interna; mientras que a Cambia Mendoza le rechazó el planteo y avaló las colectoras que por la simultaneidad el comicio se rige por la legislación nacional que no las prohíbe. Y de paso, en esa misma resolución, ordenó una compulsa penal por la nominación de Suárez.
Esa resolución quedó en el ojo de la tormenta. En los mentideros de la política la leyeron como una forma de arrimarse al Frente de Todos, el espacio articulado en torno al peronismo y el kirchnerismo que tiene mayoría en el Consejo de la Magistratura de la Nación. Es decir, para algunos fue un mimo al kirchnerismo para zafar de una posible destitución.
