La causa de la Tupac Amaru tuvo una novedad importante en donde la política copó la atención. Este miércoles, según confirmaron desde el Poder Judicial a Los Andes, la jueza Eleonora Arenas, titular del Primer Juzgado Penal Colegiado, dictó el sobreseimiento de todos los funcionarios públicos imputados por el delito de fraude en perjuicio de la administración pública por las viviendas en el departamento de Lavalle.
El fiscal Flavio D’ Amore consideró que durante estos dos años de procedimiento no se ha demostrado la participación necesaria de estos dirigentes políticos en los delitos que se investigan y había pedido el sobreseimiento. La solicitud alcanza al intendente Roberto Righi y al ex funcionario municipal de Lavalle, José Blanco, y a los ex directores del Instituto Provincial de la Vivienda (IPV), Manuel Moreno, Jorge Pérez, Carmelo Simó y Omar Parisi, estos últimos dos ex titulares del organismo. Pero también a los exfuncionarios del ministerio de Desarrollo de la Nación durante el kirchnerismo: David Acuña, Jorge Álvarez y Carolina Arribi.
En abril pasado, el fiscal adjunto en lo Penal, Gonzalo Nazar ,y el jefe de la Unidad de Fiscal de Delitos Económicos e Informáticos, Sebastián Capizzi, ya habían solicitado el sobreseimiento y señalaban que no era posible encontrar una vinculación precisa y detallada entre las acciones y omisiones imputadas y las pruebas.
Los integrantes de la organización Tupac Amaru continúan imputados e investigados en la causa y su situación procesal no sufre ninguna modificación independientemente de la resolución de la magistrada
De hecho, en mayo pasado se produjo la primera condena a una integrante de la Tupac, Lourdes Oviedo, por estafar a una familia a la que se le prometieron casas a cambio de dinero y participación política. A su vez, aparecieron también varios arrepentidos que están aportando pruebas y que podrían complicar la situación de Nélida Rojas.
