Un camarista instó a analizar de manera conjunta los distintos expedientes en los que se investiga a la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner.
Fue el juez federal Mariano Llorens en el marco del expediente que llevan adelante el también juez federal Sebastián Casanello y el fiscal Guillermo Marijuán vinculado a la causa por supuesto lavado de dinero que se le siguió al empresario Lázaro Báez.
En ese expediente, y por orden de la Cámara Federal porteña, Casanello indagó a la vicepresidente y le dictó luego la falta de mérito tras considerar que no había elementos para procesarla ni sobreseerla.
Esa decisión fue apelada por la defensa de la vicepresidenta, que reclamó su sobreseimiento, pero antes de que la Cámara Federal porteña se expidiera el abogado Carlos Beraldi desistió estratégicamente de esa apelación.
Según informó Télam, ese desistimiento dejó a los jueces del tribunal de apelaciones sin posibilidad de intervenir sobre el planteo, aunque a través de los medios ya había trascendido que había posturas enfrentadas entre los jueces Llorens y Eduardo Farah, por lo que debieron convocar a un tercer juez (Pablo Bertuzzi).
“Que en esta instancia, la única parte apelante (Dres. Carlos Beraldi y Ary R. Llernovoy, a cargo de la defensa de Cristina Fernández de Kirchner) desistió del recurso interpuesto contra la decisión que no hizo lugar al pedido de sobreseimiento de la nombrada. Entonces, por imperio legal (art. 454, CPPN), cabe tomar nota de esa disposición del litigante y tener por desistido el remedio”, escribió Farah ante el desistimiento.
Su colega Llorens, de todas formas, decidió escribir algunas líneas más, destinadas a Casanello, y señaló que “corresponde -de manera urgente- que el juez reasuma la instrucción -en este aletargado proceso- para resolver la situación procesal de Cristina Fernández de Kirchner en lo inmediato”.
“Deberá analizar la prueba contenida en la presente, la sugerida por el Ministerio Público Fiscal -de resultar pertinente- como así también toda aquella agregada en los expedientes vinculados de manera conglobada recordando que se tratan de distintos tramos de conducta asociado a un único designio criminal”, le indicó.
Finalmente, sostuvo que el objetivo de los señalamientos es el de “materializar el derecho de defensa que tiene la imputada para que su situación sea resuelta en el más breve plazo previsto por la ley y de esa manera resguardar la garantía del debido proceso objetivo que regula el art. 207 del ordenamiento ritual en vigencia”.
