Un juez federal demandó a Alberto Fernández por “daño ilimitado y descalificación falaz”. Se trata de Leopoldo Bruglia, uno de los integrantes de la Sala I de la Cámara Federal porteña.
La demanda se originó a raíz de un hilo de Twitter en el que el Presidente cuestionó el accionar de Bruglia y Pablo Bertuzzi después que la Cámara Federal resolviera dejar en libertad a los integrantes de la organización de derecha Revolución Federal, en el marco de la investigación por el intento de magnicidio de Cristina Kirchner.
“Una vez más, la Sala 1 de la Cámara Federal de Comodoro Py, integrada por dos magistrados que ocupan sus asientos de forma contraria a la Constitución, interviene en una causa de relevancia institucional”, expresó el mandatario el 2 de noviembre del 2022.
“Pareciera que lejos de querer esclarecer el hecho y llegar a sus máximos responsables, están empecinados en tapar lo obvio: que una banda criminal con ramificaciones y financiamiento oscuro atentó contra la vida de la vicepresidenta de la Nación”, agregó.
A raíz de esto, el magistrado demandó a Fernández por 40 millones de pesos y una retractación pública. Después de una fallida audiencia de mediación a la que el Presidente no asistió, avanzó con el juicio por daños y perjuicios.
Según informó Clarín, la demanda de Bruglia contra el presidente se concretó bajo la premisa de que “los dichos del Presidente ocasionan un daño moral importante que afecta los derechos personales y es lo que da origen a la demanda y a la correspondiente indemnización”.
“Habló de que soy ilegítimo, lo cual es mentira y genera un daño moral importante. No puede ser impune lo que dice. La vía judicial es el camino”, expresó el demandante.
En la demanda, el juez sostuvo que Alberto Fernández “causo daño al honor, reputación y dignidad -con afectación moral– daño en la imagen pública, familiar, social e institucional exponencialmente propagados sin límite alguno”.
Además, el camarista indicó que las declaraciones del mandatario tienen “fuertes implicancias en el ejercicio de mi actividad de juez. Provocando además, daño a mi buen nombre y honor”.
También se requirió ante la Justicia que se confirme si Alberto Fernández, que dicta aún clases de Derecho en la Universidad de Buenos Aires, puede cumplir con ese rol de educador. En este contexto, Bruglia solicitó la realización de un peritaje que especifique los “criterios de realidad” del Presidente.
