La Asociación de Funcionarios Judiciales viene realizando medidas de fuerza desde hace días, en disconformidad con la oferta salarial del Gobierno provincial. Llevan adelante un paro de actividades desde el lunes y durará hasta el viernes.
El reclamo gremial es por la propuesta que consideran discriminatoria porque “sólo se nos realizó la propuesta general del 9% para todos los gremios”, sin ítems sectoriales según una nota que le enviaron al subsecretario de Trabajo, Carlos Segura. Esta situación llegó a la Sexta Cámara Laboral que debe resolver una demanda interpuesta por el gremio que conduce Marcelo Fekonja.
Las negociaciones salariales cerraron varios acuerdos entre el Poder Ejecutivo y los gremios estatales, excepto con la Asociación de Funcionarios Judiciales. Desde principios de diciembre, y luego de hacerle saber a la Subsecretaría de Trabajo que rechazaban la oferta de acuerdo a una nota que se hizo circular, empezaron las medidas de fuerza.
Se llevó adelante un paro entre el 6 y el 7 de diciembre, asambleas y desde este lunes y hasta el viernes, continuarán sin realizar actividades. “Ni la Corte, ni el Ministerio Público Fiscal ni el Ministerio de la Defensa nos han llamado, han hecho oídos sordos al reclamo que hemos planteado. No tenemos respuestas”, expresó Fekonja a Los Andes.
En el universo de funcionarios y funcionarias judiciales, el gremio computa unas 1.200 personas que se nuclean entre la Clase 1 y la Clase 7. Según sus datos, el acatamiento no es parejo en todas las circunscripciones. “Estamos entre un 60 o un 80% según las circunscripciones. Estamos en el 80% de acatamiento en el sur, en San Martín en un 70% y acá en la Ciudad es más bajo, alrededor del 65%”, explicó el sindicalista.
Remarcó que la primera semana, allá por el 6 de diciembre, el acatamiento fue de un 80%. “A veces el funcionario tiene un poco de miedo, hay presiones que el trabajo tiene que salir y demás cosas que no deberían suceder. El funcionario no debería estar atado porque el derecho a huelga lo tienen todos. Sabremos cómo contrarrestar y los estamos convenciendo. La realidad salarial es deplorable”, subrayó.
Según explicó Marcelo Fekonja, casi el 90% de los funcionarios y funcionarias que se encuentran ubicados entre la Clase y la 7, son profesionales. Además de Secretearios, Prosecretarios, hay otros profesionales porque el título es excluyente para determinados cargos. Hay contadores, abogados, psicólogos, asistentes sociales, médicos porque realizan dictámenes técnicos. “No hacemos trabajo administrativo”, destacó.
“Estamos tratando de recuperar el salario porque en el 2020 no tuvimos aumento. La promesa de recomposición fue incumplida porque durante 2021 y 2022 no pudimos recomponer nada y en 2021 perdimos un 11% respecto a la inflación. Si sumás 2020, 2021, y 2022 se cayó en un 48,5%, es grave”, expresó el funcionario.
Y en lo que respecta a la oferta salarial, habló de dos condicionantes. “Uno es que cada vez que te ofrecen un aumento, no es sobre el salario anterior, es sobre diciembre del 2021. A modo de ejemplo, nos ofrecieron un 9% sobre el básico del año anterior. Haciendo números un poco finos, el aumento mío sería de 6000 pesos, con 34 años de antigüedad, Secretario de Cámara”.
El otro gran enojo que hay en el gremio es por los ítems sectoriales, es decir los que son propios de cada gremio. “Llamativamente a cada gremio le dieron aumentos en los sectoriales y a nosotros no. Nos están discriminando. Hablan de un bono de 20.000 pesos y muy pocos lo van a recibir, casi nadie, porque es sobre el bruto y la mayoría tiene brutos por arriba de los $240.000, que en mano es mucho menos”, aclaró.
Desde el Gobierno provincial indicaron a Los Andes que no evalúan un aumento por decreto. “Nosotros siempre estamos abiertos a los acuerdos. De todas maneras el rechazo ya es formal por parte de ellos en el acta paritaria. Si ellos deciden prestar acuerdo estaremos abiertos a escucharlos en el ámbito de la paritaria”, agregaron.
La demanda contra el Gobierno
Marcelo Fekonja confirmó que hay una demanda interpuesta por la Asociación de Funcionarios Judiciales “por práctica desleal y discriminatoria contra el Gobierno de la Provincia de Mendoza a fin de que sea condenado con una multa por haber incurrido en una conducta antisindical”.
Los motivos de la acción judicial es por “haber omitido ofrecimiento alguno en el ítem sectorial 1180, situación que llevó adelante en la última oferta salarial a todos los de más gremios de la provincia”. La demanda está radicada en la Sexta Cámara Laboral que tiene 30 días corridos para resolver.
“Se puede ejercer la actividad gremial, somos tranquilos pero nos han dejado muy de lado. La gente se cansó y es probable que se canse más”, sostuvo. Con respecto a la demanda espera que la medida de no innovar avance y “no descuenten los días de paro hasta que se resuelva la medida precautoria”.
Las asimetrías entre magistrados y funcionarios
En la explicación de las medidas de fuerza y el cansancio de los afiliados y afiliados sobre los que se refiere Fekonja, está la diferencia salarial entre magistrados y funcionarios. Cabe recordar que magistrados y magistradas reciben aumentos por estar enganchados lo que dispone la Justicia federal. Es decir, cuando la Corte de la Nación otorga un aumento, acá pueden obtener el incremento luego de una Acordada firmada por el máximo tribunal.
“Estamos 4 a 1, es decir que un juez o jueza cobra cuatro veces más que un funcionario. Somos el Poder Judicial con los funcionarios peores pagos. Hacemos trabajos técnicos, no administrativo. Resulta ilógica una asimetría de semejante envergadura entre magistrados y quienes trabajan a la par de ellos”, cuestionó el titular de la Asociación de Funcionarios Judiciales.
El paro seguirá hasta el viernes y el lunes habrá nuevamente asamblea para definir los pasos a seguir. “Si la gente dice que van a seguir con la huelga, seguiremos con huelga. Lo más atinado sería una audiencia de conciliación obligatoria”, reflexionó Fekonja.
