El proceso de transición en el Sindicato Unido de Trabajadores de la Educación (SUTE) tras las recientes elecciones gremiales sigue levantando temperatura. El último foco de conflicto entre la conducción actual y la entrante tiene que ver con la intención de las autoridades electas de realizar una auditoría externa sobre la situación financiera del gremio, pero desde el Secretariado General exigen que el examen esté a cargo de un auditor neutral.
Este desencuentro generó una nueva disputa entre los integrantes del Frente de Unidad por la Recuperación del SUTE (SUTE), espacio de izquierda que dirigió el sindicato durante los últimos 4 años, y el Frente Azul Naranja, la agrupación kirchnerista que se impuso en los comicios del último 15 de diciembre.
La dirigencia entrante, encabezada por la secretaria general Carina Sedano, el secretario adjunto Rafael Membrives y el secretario gremial Gustavo Correa, tiene la intención de realizar una revisión de cuentas antes de tomar las riendas del sindicato docente. Llevó esta propuesta al último plenario provincial donde se aprobó la contratación de una consultora para realizar una auditoría externa sobre los estados financieros e inventario de bienes.
Este lunes, la conducción electa quiso avanzar con el inicio de la revisión, pero hubo objeción de parte de las actuales autoridades que exigieron que la consultora encargada de la auditoría no tenga ningún vínculo con las agrupaciones sindicales y que sea imparcial.
“Quieren poner ellos el auditor. Hablé con el Secretario de Finanzas para preguntarle a qué hora podíamos ir con la empresa que audita y ponernos de acuerdo y me dijo que no vamos a poner nosotros el auditor”, expresó Gustavo Correa, en diálogo con Los Andes.
El secretario gremial electo y actual titular de la CTA de los Trabajadores advirtió que este martes se presentarán en la sede del SUTE junto a una escribana para que tome constancia de la negativa.
“Si el balance financiero no tiene fisuras, no tienen por qué resistirse a una auditoria”, sostiene el referente de la lista Azul Naranja y añadió que “nosotros queremos poner al auditor porque queremos saber en qué estado está el sindicato antes de recibirlo”.
Desde la actual conducción aseguran que no tienen inconvenientes con que se haya una revisión de las cuentas, pero establecen como condición que la misma sea realizada por una consultora neutral. Desde el gremio deslizan que la insistencia con el planteo de las autoridades entrantes y la negativa a la aprobación de los balances en el último plenario tienen que ver con una extorsión de las autoridades electas para que se cumpla con el fallo judicial que determina que el SUTE debe pagarle $2,6 millones por su desafiliación irregular a la CTA de los Trabajadores, entidad que lidera el mismo Correa.
El secretario de Finanzas del SUTE, Mario López, explicó a este diario que “nosotros estamos dispuestos a que hagan la auditoría sin ningún tipo de problema, pero tiene que ser parte de un acuerdo y tiene que ser nombrado un auditor externo que no tenga ningún tipo de vínculo ni con la conducción actual ni con la entrante. Es parte de los acuerdos que requiere un proceso de transición sano”.
Indicó que los balances correspondientes a los periodos 2019-20 y 2020-21 han sido presentados en tiempo y forma y se encuentran publicados. Y destacó que hasta el momento no ha habido ningún cuestionamiento concreto respecto del destino de los fondos del gremio
“No nos oponemos a que haya ningún tipo de auditoría. Es más, saludamos que haya una auditoría, pero no que esté planteada en términos extorsivos o de una utilización política, por eso queremos un auditor que sea parcial”, expresó López.
Por su parte, desestimó que el gremio está en una situación financiera desordenada. “Hasta el momento se habla de denuncias pero no hay nada concreto, hablan de irregularidades pero no dicen cuáles son”, afirmó.
En este sentido, Correa hizo hincapié en algunos de los gastos observados sobre los que quieren poner la lupa. “Están pagando una escuela de verano para 60 chicos y van 5. Deben ser más docentes que niño”, sostuvo. Asimismo, criticó que el gremio haya gastado $10 millones para contratar al Correo Argentino para que se encargue la logística del último proceso electoral sindical. “Eso lo hacíamos siempre con una empresa de transporte y había pasado un presupuesto de $3,9 millones”, señaló.
Respecto de este último punto, el encargado de la finanzas del SUTE confirmó que se gastó esa cifra en contratar al Correo Argentino pero que se trató de una decisión de la Junta Electoral del gremio, la cual integran todas las agrupaciones, no solo el oficialismo. “Está la factura, hubo un contrato y se hizo un acuerdo. El acto electoral tuvo transparencia y nadie puso reparos en el resultado”, remarcó.
Traspaso en duda
Además de la pelea por esta auditoría, la falta de aprobación de los últimos balances y el embargo millonaria que involucra a la CTA, otro de los conflictos de esta convulsionada transición en el SUTE está relacionado a la fecha en la que asumirán las autoridades electas.
La actual conducción convocó a un plenario provincial extraordinario para la proclamación de los nuevos dirigentes gremiales para el 5 de enero de 2022. El estatuto establece que la asunción debe concretarse hasta 8 días después de esa proclamación, por lo que se realizaría el 12 de enero.
No obstante, la dirigencia entrante impugnó ese plenario porque sostienen que la asunción no debería realizarse mientras no hay trabajadores en las escuelas, debido al receso de verano. En este sentido, proponen que el plenario que concrete el traspaso de mando se realice el 11 de febrero.
La decisión al respecto deberá tomarla la Junta Electoral sindical en los próximos días.
