En un guiño a la oposición más dura, identificada en Juntos por el Cambio, el gobierno decidió reflotar un proyecto de ley presentado sin éxito en el 2018 e incorporarlo como parte de la reforma judicial que impulsa.
Se trata de una iniciativa presentada ante el Senado por los senadores Humberto Schiavoni, Federico Pinedo, Ernesto Martínez, Luis Naidenoff y Silvia Elías de Pérez del entonces Cambiemos. Y con la participación de Rodolfo Urtubey, del bloque Salta Justicialista.
En el tercer título de la ley que impulsa la gestión de Alberto Fernández, se propone un “fortalecimiento de la Justicia Federal en el interior del país”. Es decir, se atiende una preocupación de la ahora oposición y de los gobernadores.
Esta iniciativa, que formaba parte del plan “Justicia 2020” impulsado por el macrismo, ya tuvo trámite parlamentario en el Congreso, pero caducó por normas reglamentaria que impidieron su avance.
Aquella iniciativa tuvo en consideración los 114 proyectos de ley presentados desde el año 2008 sobre creación de juzgados federales, poniendo el objetivo en el fortalecimiento de la justicia federal con asiento en las provincias y la especialización por materia evitando con ello el establecimiento de competencias múltiples.
Fernández dijo este miércoles en la Casa Rosada: “Esta idea va en consonancia con nuestro propósito de continuar implementando gradualmente en todo el país el Código Procesal Penal Federal”.
La iniciativa propone la creación de 94 Juzgados Federales de Primera Instancia en lo Penal con asiento en las provincias y sus respectivos cargos de juez.
En la propuesta está la creación de dos Juzgados Federales de Primera Instancia en lo Penal con asiento en la ciudad de Mendoza, individualizados como números 5 y 6, respectivamente, con idéntica jurisdicción territorial que los actuales Juzgados Federales de Primera Instancia con asiento en la misma ciudad, y cuya alzada será ejercida por la Cámara Federal de Apelaciones de Mendoza.
Además, se crea un Juzgado Federal de Primera Instancia en lo Penal con asiento en la ciudad de San Rafael, provincia de Mendoza, con idéntica jurisdicción territorial que el actual Juzgado Federal de Primera Instancia con asiento en la misma ciudad, y cuya alzada será ejercida por la Cámara Federal de Apelaciones de Mendoza.
También crea un cargo de defensor público oficial con competencia penal, con jurisdicción en el territorio mendocino y con asiento en la capital provincial.
Asimismo, crea dos cargos de fiscal con competencia penal, con jurisdicción en el territorio de la provincia de Mendoza y asiento en la capital provincial.
La Secretaría Penal del Juzgado Federal de Primera Instancia con asiento en la ciudad de San Rafael se transfiere al Juzgado Federal de Primera Instancia en lo Penal con asiento en la misma ciudad.
Las Secretarías A y B del Juzgado Federal de Primera Instancia N° 1 y la Secretaría D del Juzgado Federal de Primera Instancia N° 3 con asiento en la ciudad de Mendoza se transfieren al Juzgado Federal de Primera Instancia en lo Penal N° 5 con asiento en la misma ciudad.
Las Secretarías C y F del Juzgado Federal de Primera Instancia N° 1 y la Secretaría E del Juzgado Federal de Primera Instancia N° 3 con asiento en la ciudad de Mendoza se transfieren al Juzgado Federal de Primera Instancia en lo Penal N° 6 con asiento en la misma ciudad.
Y las Secretarías N° 2, N° 4 y Tributaria B del Juzgado Federal de Primera Instancia N° 2 con asiento en la ciudad de Mendoza se transfieren al Juzgado Federal de Primera Instancia N° 1 con asiento en la misma ciudad.
