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hace 2 horas
La vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner acusó formalmente en juicio a los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola de haber incurrido en el delito de prevaricato por las “mentiras” que han “montado” contra ella para intentar justificar la acusación por supuesta asociación ilícita y casos de presunta corrupción en la adjudicación de obras públicas nacionales en la provincia de Santa Cruz entre 2007 y 2015.
Según la ex mandataria y actual vicepresidenta del país, ella y su esposo (ya fallecido), el también expresidente Néstor Kirchner (2003-2007), nunca podrían haber construido una asociación ilícita para delinquir a nivel nacional porque siempre que estuvieron en la función pública fue por medio del voto popular.
“La acusación de Luciani y Mola viola el artículo primero de la Constitución Nacional Argentina porque afirman que los tres gobiernos, el de Néstor Kirchner y los dos míos, fueron una asociación ilícita. Hablan de gobiernos elegidos en la forma que prevé la Constitución Nacional”, expresó la dos veces presidenta del país y actual vicepresidenta.
La ex mandataria aseguró también que las 51 obras adjudicadas a las empresas de Lázaro Báez –y sobre las cuales se erigió el juicio- se hicieron siguiendo los mismos procedimientos que en las adjudicaciones a otras compañías a lo largo y a lo ancho del país, y lamentó que esto no haya sido tenido en cuenta a lo largo del enjuiciamiento contra ella.
También comentó que cuando el juez federal Julián Ercolini, “el elogiado juez del Ministerio Público Fiscal”, remitió 49 de los 51 contratos a la Justicia de Santa Cruz, los hechos fueron sobreseídos, y “sin embargo estamos de vuelta acá”. “Esto viola la cláusula federal porque las provincias no han delegado el Poder Judicial en la Nación y tienen autonomía para el ejercicio de sus instituciones”, afirmó la vicepresidenta.
“O sea, esta asociación ilícita no tiene ni pies ni cabeza, pero fundamentalmente es profundamente inconstitucional, profundamente antirepublicana y profundamente antifederal”, dijo la vicepresidenta al apuntar contra Luciani y Mola por “violar la congruencia y el orden jurídico del sistema”.
Cristina Kirchner agregó: “Este juicio no tiene andamiaje constitucional, es un disparate lo que estamos discutiendo aquí. Los actos administrativos se presumen legítimos. Nadie declaró inválida ninguna licitación. Han traído todo esto de los pelos a un juicio porque a quien había que traer de los pelos al juicio era a mí. Y para traerme de los pelos a mí, trajeron de los pelos a la Constitución, al Código Penal, al Código Civil, a la Ley de Procedimiento Administrativo, a la Jurisprudencia, a la lógica, a todo. Quiero que se entienda esto. Esto no ayuda, esto complica a un país, lo torna poco serio y al borde del ridículo”.
También aseguró que, hasta el 1 de septiembre, día en el que el sujeto Fernando Sabag Montiel intentó asesinarla, ella creía que las causas eran para estigmatizarla, denigrarla, calumniarla, difamarla y proscribirla. “Pero desde el 1 de septiembre me di cuenta que puede haber otra cosa atrás de todo esto, porque de repente es como que desde el ámbito judicial se da licencia social para que cualquiera pueda pensar y hacer cualquier cosa”, afirmó.
“La única casa que se conoce es la de Juncal y Uruguay, ahí mismito donde me quisieron pegar el tiro. Ese día el fiscal terminaba su histriónico alegato. Sabemos ahora por las noticias cual es la banda de autores materiales, porque nadie puede pensar que esa banda planificó e ideó lo que me hicieron. Pero del intercambio de esos dos jóvenes (Sabag Montiel y su novia Brenda Uliarte), cuando terminó el fiscal Luciani, dijeron ‘ah, se les acabó la joda, ahora van a tener...’. Y esto es crear un clima también”, dijo la vicepresidenta.
Las responsabilidades
La dos veces presidenta del país dijo que ella no podría haber tenido el control directo de las obras que se adjudicaron a Austral Construcciones ni a ninguna otra empresa porque nunca fue la responsable administrativa del Poder Ejecutivo Nacional, dado que por mandato constitucional eso es una atribución que le corresponde al jefe de Gabinete.
La vicepresidenta citó la Constitución en cuanto a las atribuciones del Poder Ejecutivo. El artículo 99 reza que el presidente “es el jefe supremo de la Nación, jefe de gobierno y responsable político de la administración general del país”. Por eso, la vicepresidenta dijo que se transfiere al jefe de Gabinete la “administración del país”.
“El artículo 100 de la Constitución dice que el jefe de Gabinete tiene la facultad de ejercer la administración general del país”, comentó la vicepresidenta e indicó que “la única persona sobre la que el presidente tiene supervisión el presidente es sobre el jefe de Gabinete. Esto es porque el jefe de Gabinete es el responsable de la recaudación de los impuestos de la Nación y de la ejecución del Presupuesto nacional”.
Agradecimientos y hechos citados
Al iniciar su exposición en el tramo final del alegato de la defensa, la vicepresidenta felicitó a sus abogados Carlos Beraldi y Ary Llernovoy por el ejercicio profesional de la defensa que desplegaron, “de una manera tan clara en cuanto a escuchar el alegato del fiscal, pasar a los hechos y a la valoración de la prueba, aplicando el derecho”.
“Se desmontaron las increíbles mentiras que desarrollaron los fiscales Sergio Mola y Diego Luciani. Y quedaron también a la luz del día las arbitrariedades que se han cometido en este juicio”, comentó la vicepresidenta.
La acusada por una supuesta defraudación contra el Estado nacional por 5.321 millones de pesos pidió formalmente que al finalizar las audiencias se extraigan los testimonios de “todas y cada una de las mentiras de los fiscales, contrastadas con la prueba documental, pericial y testimonial que tuvo este juicio”.
La ex mandataria pidió entonces que “se confronte lo que decía el fiscal y con los hechos de acuerdo a las pruebas obrantes en el expediente, y finalmente confrontado esto con el derecho”.
En ese sentido, la vicepresidenta citó que Laura Hindie, ex jefa de Legales de Dirección Nacional de Vialidad Distrito Santa Cruz, había declarado que ella firmó papeles diciendo que a Austral Construcciones –empresa de Lázaro Báez- no se le debía nada porque se sintió presionada.
“Había un papel de Vialidad que decía que a la empresa no se le debía nada. Estaba firmado por la doctora Hindie. Cuando se le exhibió en audiencia el documento dijo que en realidad ella no había corroborado nada”, comentó la vicepreisdenta.
Y continuó con que Hindie explicó que cuando llegó en un patrullero Javier Iguacel, quien era titular de Vialidad Nacional en el Gobierno de Mauricio Macri e impulsor de la denuncia que dio inicio a la causa, “se habían asustado tanto que firmó lo que le pusieron adelante sin corroborar nada”.
“Esa prueba, en términos técnicos documentales, estaría destruida luego por lo que dijo la testigo. Sin embargo, el fiscal –como si la audiencia oral no hubiera ocurrido- volvió a incluirlo en su alegato final de acusación”, señaló la vicepresidenta y comentó otros casos de supuestas inconsistencias en las acusaciones.
Acusación por “prevaricato”
Cristina Kirchner también afirmó que los fiscales Luciani y Mola pusieron como “prueba” supuestas reuniones de ella con el empresario Lázaro Báez, cuando ella estaba en esos momentos señalados por la acusación en actos que eran públicos. “Todas mentiras”, afirmó la acusada.
La vicepresidenta también dijo que Luciani destacó y usó como prueba en forma “histriónica” los contactos entre el ex secretario de Obras Públicas José López y Báez, pero “no dijo nada” sobre las más de 400 llamadas entre el exfuncionario y el empresario Nicolás Caputo, un hombre cercano a Macri.
“La verdad, estamos, creo yo, ante un claro caso de prevaricato porque no solamente los jueces tienen la obligación de buscar la verdad sino también todos los auxiliares de la Justicia y, por supuesto, el Ministerio Público Fiscal. Por eso voy a pedir que se extraigan testimonios de todos y cada uno de los hechos donde confrontados los dichos del fiscal con la prueba obrante en autos, sea pericial, testimonial o documentado, queda demostrado que los fiscales Luciani y Mola mintieron en el alegato final de acusación”, comentó.
El prevaricato consiste en una infidelidad que atenta contra la administración pública pero, más precisamente, contra la administración de justicia ya que el delito es cometido por medio de la actuación infiel de los integrantes de órganos jurisdiccionales o los ministerios públicos o de quienes intervienen como auxiliares.
El ilícito del que Cristina Kirchner acusa a los fiscales Mola y Luciani radica en el presunto “abuso” de la posición que el Estado les otorga con evidente desapego de sus deberes de funcionario.
Al cerrar su defensa, dijo: “La Argentina no sale con este Poder Judicial. Y terminen con eso de la impunidad. ¿Qué impunidad? ¿Yo impunidad? Tengo cinco acusaciones por asociación ilícita. Si quieren mirar por impunidad, miren para otro lado. Yo me siento muy en estado de indefensión y muy intranquila. Los jueces que me juzgan a mí, ustedes, y el fiscal, son amigos y jugaban al fútbol en la quinta de Macri. Otros jugaban al paddle con Macri y lo iban a visitar a Olivos o a la Casa Rosada”.
En esa línea argumental, Cristina señaló que Sabag Montiel tiene como abogados a asesores en el Congreso de senadores del PRO. “Su asesor defiende a quien me quiso matar. La asesora de otra diputada defiende también a quien me quiso matar. Y sí, yo me siento en un estado de indefensión. Imaginen por un instante doctor (Jorge) Gorini (juez del tribunal) si le pasara lo mismo que a mí, que alguien que intentó matarlo tuviera como defensores a legisladores peronistas. Imagínenlo”.
