El fiscal Diego Luciani expuso este lunes que no pedirá réplicas y que su alegato “se sostiene por sí mismo”, lo que permitirá acelerar la definición de la causa Vialidad. Así rechazó los planteos de nulidad hechos en el debate por los 13 acusados, entre ellos, la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, acusada de liderar una asociación ilícita y administración fraudulenta con la obra pública en Santa Cruz. El momento del veredicto sería antes de fin de año.
Así, el juicio entrará en la etapa de últimas palabras de todos los procesados, para lo cual el Tribunal Oral Federal (TOF) 2 fijará un cronograma.
Luego será el momento del veredicto que se espera para antes de fin de año.
“El alegato fiscal se sostiene por sí mismo”, sostuvo Luciani al comenzar a exponer por la mañana ante el Tribunal Oral Federal 2 y afirmó además que su acusación “se mantiene absolutamente incólume”.
El fiscal argumentó que las defensas “quieren instalar un clima de ilegalidad”, al comenzar a responder planteos de nulidad en el tramo final del juicio que se sigue, entre otros, a la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner.
”No advertimos argumentos que ameritan una réplica”, dijo además al anunciar que no hará uso de este derecho en relación a los alegatos defensistas porque “todo encuentra respuesta en la acusación de más de 70 horas que formuló la fiscalía”.
“El Tribunal se encuentra en condiciones de resolver lo que corresponda de acuerdo a la ley”, sostuvo Luciani y remarcó que, en sus alegatos finales, las defensas no introdujeron “argumentos jurídicos novedosos o que en el alegato fiscal no se hayan discutido”.
”Todas las cuestiones jurídicas expuestas por los defensores encuentran respuesta en el alegato fiscal”, opinó y advirtió que tampoco responderá “la valoración de tinte político que hicieron algunos defensores”.
El Tribunal prepara un cronograma para las últimas palabras de los 13 acusados, entre ellos la Vicepresidenta; el empresario Lázaro Báez; el exministro de Planificación Federal Julio De Vido y el exsecretario de Obras Públicas José López.
El juicio por el supuesto direccionamiento de la obra pública en Santa Cruz a favor de empresas de Báez como Austral Construcciones comenzó en mayo de 2019 en los tribunales federales de Retiro, estuvo seis meses interrumpido por la pandemia de Covid-19 y se reanudó de manera virtual en agosto de 2020, sin recuperar nunca la presencialidad plena.
En relación al veredicto, se prevé que también se dé a conocer en una audiencia virtual, salvo que alguna de las partes solicite estar presente en los tribunales de Retiro para ese momento.
Para la Vicepresidenta, los fiscales pidieron 12 años de cárcel por considerarla jefa de “asociación ilícita” y administración fraudulenta.
La fiscalía también pidió 12 años de prisión para Báez como autor de asociación ilícita agravada por su calidad de organizador y partícipe primario de administración fraudulenta agravada.
Además, solicitaron diez años de cárcel para De Vido y para el extitular de la Dirección Nacional de Vialidad Nelson Periott; y seis años para el exresponsable del distrito 23 de ese organismo, Mauricio Collareda, al igual que para el extitular de la Administración General de Vialidad en esa provincia, Juan Carlos Villafañe.
Para otro exresponsable del distrito 23 de Vialidad, Raúl Daruich, y el expresidente de la AGVP Raúl Pavesi requirió cinco años, y cuatro años para el ex subsecretario de Obras Públicas Abel Fatala, junto a otro expresidente de la AGVP, Raúl Santibáñez.
En cuanto al exsecretario de Coordinación de Obra Pública Carlos Kirchner, los dos fiscales postularon la absolución por asociación ilícita y una condena a dos años en suspenso por abuso de poder. Las defensas de todos los imputados reclamaron que sean absueltos por inexistencia de delito.
