El ministro de Gobierno Víctor Ibáñez lanzó duras críticas a los legisladores del Frente de Todos-PJ que cuestionan el decreto 2502 de Rodolfo Suárez, publicado el 29 de diciembre pasado, que ordena refinanciar los vencimientos de deuda en dólares de 2023. “El camporismo-peronismo miente. Lo que están haciendo es impedir que el Estado pueda hacer una operación beneficiosa. El Gobernador no ha transgredido la Constitución”.
Las palabras de Ibáñez retumban en los pasillos de Casa de Gobierno. “Quiero ser didáctico para la ciudadanía. Lo que estamos haciendo, lo hacen los estados, lo hacen las empresas, lo hacemos cada uno de nosotros cuando refinanciamos la deuda de la tarjeta a una tasa razonable, porque es un beneficio. Nosotros queremos tomar pesos a una tasa muy favorable para cancelar una deuda en dólares; estamos beneficiando al Estado y a toda la ciudadanía y tenemos la posibilidad porque somos buenos deudores”, arrancó el ministro.
Luego, Ibáñez empieza a levantar temperatura. “Lo que estos señores están haciendo es impedir que el Estado pueda hacer una operación que favorece no solo al manejo de la deuda sino también a la ciudadanía en general. Hay una mentira del peronismo camporismo, dicen que hay dictámenes que dicen que es inconveniente. Es mentira. Todos los dictámenes, el del Ministerio de Hacienda, el de Asesoría de Gobierno y el de Fiscalía de Estado dicen que es altamente conveniente para el Estado”.
Ibáñez se refiere a las declaraciones realizadas por el senador Lucas Ilardo y los diputados Germán Gómez y José Luis Ramón, cuando anunciaron la presentación judicial contra el decreto 2502. Particularmente, Ilardo había señalado que “la Constitución de Mendoza establece que, si el gobierno se quiere endeudar, tiene que pasar obligatoriamente por la Legislatura y tener los dos tercios. El gobernador ha decidido violar ese artículo de la Constitución”.
Víctor Ibáñez respondía esta mañana. “Es verdad que el artículo 41 de la Constitución dice que para tomar deuda hacen falta dos tercios. Pero los artículos pertinentes (64 y 68) de la Ley de Administración Financiera obtuvieron los dos tercios en cada cámara. Es decir, está habilitada naturalmente para hacer la operación de refinanciación y cumple acabadamente con los requisitos constitucionales”.
A renglón seguido, el ministro de Gobierno vuelve a levantar temperatura: “no hay alteración constitucional, lo que hay es una mentira de que los dictámenes dicen que no es conveniente, intentan ocultar que esto conviene a Mendoza y a todos los mendocinos. Será la justicia la que diga si es constitucional o no”.
Este párrafo está dedicado a otra frase de Ilardo. El miércoles, en conferencia de prensa, el senador aseguraba que “Fiscalía de Estado, la Asesoría de Gobierno, el Contador General de la Provincia y el propio informe jurídico del Ministerio de Hacienda de (Víctor) Fayad, le han advertido que lo que estaba haciendo no es legal”.
Ibáñez dijo que “el dictamen de Fernando Simón dice que es conveniente. Lo que sucede es que él interpreta es una palabra del artículo 68 que nosotros interpretamos de otra manera, pero nunca dice que no es conveniente. Por el análisis de la palabra reestructuración, el único dictamen que dice que inconstitucional es el de Simón; Asesoría de Gobierno y el área legal del Ministerio de Hacienda nunca dijeron que es inconstitucional, ni inconveniente”, aseguró el ministro.
“Nuestro análisis ha sido de conveniencia para la provincia en el marco de una ley que nos lo permite y habiendo hecho el análisis constitucional pertinente. Ahora decidirá la Justicia”.
