El Senado de la Nación aplicará el Sistema de Control de Presentismo por Datos Biométricos para los empleados de la planta permanente, a fin de determinar si efectivamente todos cumplen tareas en el cuerpo.
De acuerdo a la directiva de la vicepresidenta Victoria Villarruel, quedarán fuera del sistema los trabajadores temporarios que dependan de los senadores.
El sistema estará bajo la órbita de la Dirección General de Recursos Humanos, según especifica la resolución que lleva la firma de María Laura Izzo, secretaria Administrativa.
No obstante, todo el personal deberá registrar su ingreso en el sistema de control de acceso mediante datos biométricos.
Por la pandemia, la Secretaría Administrativa había suspendido el requisito reglamentario transitoriamente, que se estableció en 2018. Los agentes temporarios dependientes de los senadores deberán dejar sentado a su personal.
A finales de abril, Villarruel firmó una resolución para la creación de la Comisión de Análisis de la Dotación (CAD), con el objetivo central de analizar y revisar la cantidad de perosnal y optimizar los recursos públicos destinados a las diversas áreas.
Según especificaron en ese momento desde el despacho de la vice, había cuestiones “poco claras” en la estructura de la Cámara alta.
La comisión es integrada por Izzo, la prosecretaría de Coordinación Operativa, la Dirección de Recursos Humanos y la Dirección General de Asuntos Jurídicos.
En ese escrito, apuntaron contra el ingreso de personal y su categorización: “Requiere la acreditación de idoneidad y antecedentes que respeten la observancia de los recaudos establecidos por la Constitución; como así también el cumplimiento de los requisitos legales para su incorporación y ascenso, todo ello en una relación de razonabilidad con las misiones, funciones y objetivos de gestión de calidad de la organización”.
Una vez culminado el proceso liderado por Izzo, la CAD emitiría recomendaciones “a los efectos de optimizar la utilización de recursos humanos existentes”.
La acción del regreso del presentismo iría en esa dirección. La propia Villarruel lo definió como la “caza de ñoquis”.
El estudio comprenderá los últimos dos años de gestión e incluirá un análisis de la designación, capacidad y ubicación laboral de las plantas permanentes, temporaria y contratados; las re categorizaciones, los agentes con destino en trámite y con requisitos jubilatorios.
La decisión de Villarruel se encuadra dentro de un proceso que inició desde su desembarco en el Senado, en diciembre pasado.
Fuentes cercanas al despacho de la abogada señalaron en reiteradas oportunidades a Noticias Argentinas las pésimas condiciones laborales en las que se desempeñaban algunos trabajadores de la Cámara alta como así también otras vinculadas a la infraestructura.
